Caracas, Venezuela.- El viernes por la noche, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que el lunes 3 de abril celebrará una reunión extraordinaria para considerar la situación. La sesión del Consejo Permanente se llevará a cabo en la sede del organismo en Washington y fue convocada a petición de 20 de sus miembros. Tarde en la noche del viernes, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció que no asistirá a la reunión del Consejo de Defensa de la Nación en el palacio presidencial de Caracas —instancia presidida por Maduro e integrada por los titulares de los poderes públicos, entre otros altos funcionarios— argumentando que "en Venezuela hubo un golpe de Estado" y en consecuencia resulta inaceptable que el presidente pretenda "componer la crisis que él creo". Borges, que comparó el acto como un circo, pidió a la comunidad internacional que continúe ejerciendo presión diplomática sobre Venezuela y que los ciudadanos salgan a las calles a protestar el sábado. A través de un vídeo difundido a través de Twitter, recalcó que para los venezolanos el "único diálogo posible" para resolver la crisis es el voto. En paralelo, en una breve transmisión de televisión estatal, Maduro instaló oficialmente al Consejo de Defensa de la Nación y comentó que el presidente de la Asamblea Nacional fue notificado, pero su gobierno no recibió una respuesta. El mandatario señaló que es hora de unirse para defender a Venezuela: "es el llamado que le hago a estas autoridades del Estado". No quedó claro si la fiscal general asistió, puesto que en ningún momento apareció durante la transmisión del acto. Horas antes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expresó preocupación y condenó el dictamen y afirmó que las recientes decisiones del Tribunal evidencian violaciones a la Constitución. Asimismo, llamó a reflexionar para que se tomen los "caminos democráticos" de respeto a la constitución y se rescate la pluralidad. Su declaración fue sorpresiva porque había sido percibida como una estrecha colaboradora del gobierno socialista. Las críticas internacionales han ido en aumento y el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió formalmente una sesión urgente para analizar la situación. Paralelamente, la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de la capital, donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta. La oposición ha dicho que su estrategia para enfrentar el fallo del tribunal será con movilizaciones en las calles y gestiones internacionales. "Hemos entrado en una etapa de resistencia", dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia, e insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista. Aunque la Sala Constitucional del máximo Tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un "desacato" del Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando. En Caracas, decenas de universitarios al grito de "¡Libertad!" se apostaron a las puertas del Tribunal para rechazar la sentencia contra el Congreso. Guardias con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. También algunos periodistas resultaron afectados. La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros "fuertemente golpeados". "Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban", agregó. La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora. España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que "si se rompe la división de poderes se rompe la democracia". En tanto, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur "ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela". En diciembre pasado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del bloque por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud y consideró que la democracia venezolana está "claramente vulnerada". El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos se inició en diciembre de 2015, luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendiera, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores. Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato. Esta misma semana, la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
La Voz de Michoacán
