Redacción / La Voz de Michoacán Estados Unidos. Condenado a poco más de 26 años de cárcel por conspirar para secuestrar, violar y comer niños, el británico Geoffrey Portway pidió ser liberado por temor a contagiarse de COVID-19, de acuerdo con el medio estadounidense MassLive. El pasado 13 de noviembre, Portway, actualmente preso en una cárcel federal de Virginia, en Estados Unidos, presentó una moción escrita a mano en la que expone que debido a que padece obesidad, diabetes e hipertensión, y por su estado de su sistema inmunológico, es vulnerable a contraer el virus y en consecuencia a tener una reacción fatal. Argumentó que en su presidio hay más de 40 casos confirmados con la enfermedad, entre presos y trabajadores, aunque los registros federales del 30 de noviembre solo registran seis casos activos en esa prisión. Su petición fue enviada a la corte federal del condado de Worcester, en Massachusetts, donde tenía su residencia y espera salir y ser repatriado. Hallazgos macabros En 2012 Geoffrey Portway fue arrestado. Durante un cateo a su casa de, la policía descubrió en el sótano una celda cubierta de material insonoro, y dentro estaba un ataúd casero del tamaño de un niño, además de una jaula de acero. Además, fueron encontrados un congelador vertical, bisturís desechables, un juego de cuchillos de carnicería y herramientas de castración; asimismo, hallaron más de 4 mil 500 imágenes de abuso sexual infantil, según los registros de la Fiscalía Federal. Foto: Twitter. De acuerdo con las autoridades, Portway nunca lastimó a un menor de edad, pero sí discutía el tema con un hombre de Kansas, con el que intercambiaba fotos de potenciales víctimas. También participaba en conversaciones sobre “secuestrar, violar, asesinar y comer niños” e intercambiaba y compartía con otras personas pornografía infantil. En 2013 Geoffrey se declaró culpable por intento de cometer delito de violencia y distribución y posesión de pornografía infantil, pero en diversas ocasiones se ha retractado y ha intentado que se desestime su caso, alegando que no representa “ningún peligro para la comunidad”, ya que ha llevado un proceso de “rehabilitación” tras su sentencia y se esfuerza por reintegrarse a la sociedad.