AP / La Voz de Michoacán Santiago de Chile. El presidente chileno Sebastián Piñera envió este jueves al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad, parte de un paquete de medidas con el que intenta frenar un estallido social que ha dejado al menos 18 muertos en una semana, pero de todas formas la jornada culminó con protestas masivas. “Sabemos que esta agenda social no resuelve todos los problemas, pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas”, declaró el mandatario al anunciar el envío al Parlamento de la iniciativa que congela un alza prevista del 9.2% en la electricidad hasta diciembre de 2020. Agregó que instruyó a sus ministros para que contacten a los diversos sectores sociales “y escuchar así, en forma fuerte y clara, la voz y el mensaje que nos han trasmitido los chilenos en los últimos días”. La agenda social de Piñera incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos, que en Chile son de los más altos en la región, y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que llegan a recibir hasta 14 mil dólares mensuales. La mayoría de los chilenos gana de 400 mil a 500 mil pesos (entre 562 y 762 dólares) que no cubren las necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y educación. Políticos oficialistas y de la oposición valoraron las medidas, aunque el sector de centro-izquierda pidió cambios profundos, como la reforma al sistema privado de salud y el que maneja los fondos de pensiones. Pese al anuncio el jueves fue una nueva jornada de manifestaciones multitudinarias en todo el país, varias de las cuales terminaron en disturbios protagonizados por encapuchados que lanzaron piedras y palos a la policía, la cual los reprimió con fuerza. Las cacerolas volvían a escucharse en barriadas de la capital chilena, mientras que en el vecino puerto de Valparaíso se registraron varios saqueos a comercios locales. Una docena de las 16 regiones de Chile padecen agitación y regía el toque de queda hasta la madrugada del viernes. Hace casi una semana surgió en la capital chilena un violento estallido social que siguió a las protestas de estudiantes en rechazo al aumento en la tarifa del subterráneo, y dejó a su paso daños en la mayoría de las estaciones del metro, así como el saqueo e incendio de supermercados y farmacias. Luego se extendió a casi todo el país. Tras esos desórdenes ha habido manifestaciones en las que, desafiando el estado de emergencia y el toque de queda declarado por el gobierno, participan miles de personas que reclaman aumentos de sueldo, reducciones en los precios de los servicios básicos y los medicamentos, y mejores pensiones, entre otras exigencias. Patricia Bravo, dueña de un pequeño taller de reparación de motocicletas, calificó las medidas del mandatario de “píldoras”. Dijo que a diario protesta porque “nos están robando con las AFP (administradoras privadas de pensiones)” y “nuestros viejos no alcanzan a vivir” con sus jubilaciones de 105.000 pesos (unos 144 dólares). En las concentraciones se leen pancartas con leyendas como “No más abusos”, “Queremos vivir dignamente”, “Chile despertó” y “No estamos en guerra, estamos unidos”, esta última en alusión a la afirmación de Piñera, quien al principio de la crisis afirmó que Chile estaba en guerra con bandas criminales. La policía antimotines reprime muchas de las concentraciones en todo el país con balas de goma y gases lacrimógenos. En las inmediaciones del vecino puerto de Valparaíso cerca de un centenar de camioneros se expresaron el jueves a favor de las manifestaciones, algunos con letreros que decían “No más alza de peajes”. El gobierno indicó en un comunicado que en la última jornada disminuyeron de 169 a 126 los “hechos graves” y no se informó de nuevos fallecidos. Piñera aseguró que “la situación de orden público y seguridad ciudadana está mejorando”. El canciller Teodoro Ribera anunció que, por petición de Piñera, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, enviará un grupo de trabajo a Chile. Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos” María López, una asistente de un hogar de ancianos de 37 años, señaló que protesta “para que cambien las cosas, para que bajen el precio de los remedios y de la comida”, y sostuvo que las medidas del gobierno “no alcanzan”. “¿De qué les sirve a los abuelos un aumento de 22 mil pesos (unos 30 dólares)?”, cuestionó. Una de las dificultades que presenta la actual crisis es que los inconformes no tienen portavoz. Marcelo Mella, analista político de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a la AP que “no sabemos quién está detrás de las protestas y ni siquiera el gobierno tiene mucha idea”, y se preguntó cómo hará Piñera para resolver el conflicto ante “un movimiento complejo, sin interlocución”. Mella distinguió varios tipos de movilizaciones: la primera en la periferia de la capital chilena “con un nivel de violencia que es una expresión de malestar de clase, en términos marxistas, de la antigua lógica de los excluidos por el sistema”; la de la clase media empobrecida que está “muy endeudada, con mucha rabia”, y la de la clase media alta “que es la expresión de una izquierda posmoderna; mucho esnobismo”.
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