Notimex/La Voz de Michoacán Managua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) informó hoy que al menos 11 muertos y 79 heridos dejó la represión a las marchas pacíficas de la víspera en apoyo a las Madres de Abril en el país, y responsabilizó de ello directamente al presidente Daniel Ortega. https://twitter.com/dw_espanol/status/1002293729854656512 El CENIDH censuró en términos enérgicos los actos de represión y violencia ocurridos la víspera, sumándose a la condena que este jueves emitió la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la cual advirtió que no reanudará el diálogo con el gobierno tras los ataques contra civiles en las movilizaciones. https://twitter.com/AnonNicLegion/status/1002145043799597056 Las marchas de respaldo a las madres que exigen justicia por el asesinato de sus hijos estudiantes desde el pasado 18 de abril, se desarrollaba de manera pacífica, a distancia de la contramarcha convocada por el oficialismo, “que sin una acción dirigida no podían coincidir”, indicó el CENIDH. Aseguró que quedó claramente demostrado que los agresores llegaron desde otro lugar a agredir a los manifestantes pacíficos cuando la marcha ya casi concluía. https://twitter.com/dw_espanol/status/1002202303829565440 Afirmamos categóricamente, por haber participado en esa marcha (en Managua) y dado seguimiento a estas acciones criminales, que los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque al mando de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo”, aseveró en un comunicado. Precisó que los actos represivos dejaron seis muertos y 47 heridos en Managua; cuatro decesos y 32 lesionados en la localidad de Estelí; y un fallecido por una bala en el pecho en la ciudad de Masaya, y enfatizó que la situación en el país se ha agravado con patrullajes intensos, tiroteos esporádicos y francotiradores. Responsabilizamos de estos nuevos asesinatos al Jefe Supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega Saavedra”, puntualizó. Explicó que hace dos días Ortega pidió “en tono amenazante” al presidente de la Asamblea Nacional y líder del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, que llamara a todos los miembros de sus sindicatos, federaciones y confederaciones “a defender con toda la fuerza al presidente ‘constitucional’”. La CENIDH dijo que la tarde del miércoles cumplieron de “manera cobarde la amenaza de represión y muerte, en un claro empeño de medir fuerzas con el pueblo de Nicaragua representado por las “Madres de Abril”. Los obispos de la CEN también condenaron los ataques de grupos afines al gobierno de Ortega contra civiles en la movilización y advirtieron que “no se puede reanudar el diálogo nacional mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”. Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados ayer. Condenamos enérgicamente todos estos hechos (…) rechazamos absolutamente esta agresión organizada y sistemática en contra del pueblo”, fustigó. Las protestas comenzaron el pasado 18 de abril, luego de que el gobierno nicaragüense anunció reformas al sistema de Seguridad Social, que afectaban al plan de pensiones y jubilaciones, pero la inconformidad aumentó debido a la represión de las manifestaciones, que ahora exigen la renuncia de Ortega. El secretario de la CEN, monseñor Abelardo Mata, sugirió al presidente nicaragüense que abandone el poder “por el bien de él, porque no queremos la muerte de él, ni de su esposa (Rosario Murillo), ni de sus hijos. Mejor que se retire a tiempo”, de acuerdo con el periódico nicaragüense La Prensa. Para el obispo Mata, Ortega es un “criminal” y aseguró que las muertes en las protestas habían sido planificadas, por lo que todo lo enmarcó bajo el calificativo de “genocidio”, porque además “no es contra un ejército armado, están peleando contra una población que se defiende de la misma autoridad. Sin embargo, poco antes el presidente Ortega descartó renunciar, aseguró que “se queda” y que “Nicaragua no es propiedad privada” durante un evento oficialista al que asistió fuertemente custodiado por policías.
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