Notimex/La Voz de Michoacán Caracas, Venezuela. El gobierno de Venezuela afirmó que su gobierno y la oposición están cerca de lograr un acuerdo a favor de una salida a la crisis que vive el país petrolero, mientras surgieron nuevas revelaciones sobre el plan contra los disidentes al régimen de Caracas. El Plan Zamora transformó en enemigo del Estado a los opositores al gobierno, a los disidentes políticos, a los desleales a los intereses del régimen, todos eran señalados como amenaza interna, aseveró el mayor general Herbert García Plaza. El viceministro de alimentación y encargado de los puertos del país durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro declaró durante el segundo día de audiencias públicas en la Organización de Estados Americanos (OEA). También asistieron miembros retirados del ejército como el teniente coronel José Arocha, torturado en el Sebin, y el capitán Igor Nieto, quien señaló que Maduro decidió someter a civiles a la persecución sistemática de la justicia militar que el gobierno ya había usado contra oficiales activos y retirados. Los militares fueron interpelados por Luis Moreno Ocampo, asesor especial designado por el secretario Luis Almagro para crímenes de lesa humanidad de la OEA. En su declaración, García Plaza manifestó que al activarse el Plan Zamora se convirtió a Venezuela en un teatro de operaciones que permitió el uso de la fuerza que terminó con el manejo de munición letal. En mi opinión, en Venezuela, los hechos que ocurrieron entre abril y julio se produjo una operación militar de imposición de la paz para a la vez instalar la Asamblea Nacional Constituyente”, señaló. Todos los poderes electos deben ir a la Asamblea Constituyente y subordinarse a ella, quien no lo haga irá a un proceso jurídico por desacato. Hoy tenemos más de una decena de alcaldes pero es probable que haya pronto gobernadores e incluso el presidente preso o en el exilio”, afirmó. García Plaza se refirió también al control y limitación de los derechos con objetivos políticos, bien sea alimentación o medicinas y con coerción a la ciudadanía. El carnet de la patria es un instrumento creado en 2017 para supervisar el acceso a derechos humanos y constitucionales por la afiliación política, en este caso para que su hijo pueda ser vacunado o acceder a los alimentos”, indicó. El carnet de la patria ha sido manipulado, si lo saco significa que estoy de acuerdo con sus políticas, es un perverso instrumento de manipulación. Quien no tiene el carnet de la patria es enemigo”, dijo. Se refirió además al control del poder Judicial. “Para nadie es un secreto que la justicia en Venezuela obedece a la estructura de gobierno. Es el Ejecutivo el que ordena abrir y cerrar juicios”. Es imposible que salga una sentencia sin que sea revisada por Elvis Amoroso y Cilia Flores. Ella tiene contacto con el presidente del Tribunal, Maikel Moreno, que es su amigo personal”, agregó tras señalar que la primera dama es asesora de Maduro en los aspectos políticos y jurídicos del país. Por otra parte, Maduro afirmó "hemos logrado que, después de semanas enteras de conversaciones, estemos próximos a un acuerdo de convivencia política, de paz y soberanía entre la delegación de Venezuela y la oposición venezolana. Estamos cerquita". Representantes de ambas partes coincidieron este jueves en la necesidad de constituir una comisión de países amigos, que estaría conformada por Bolivia, Chile, México, Nicaragua y sumaría otras naciones. No obstante, Maduro no ha ofrecido detalles y ha acusado a la coalición opositora denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de "tratar de esconder" y "mentir" sobre el diálogo. La MUD aseguró previamente en un comunicado que en la "reunión exploratoria" de Santo Domingo expusieron las condiciones para iniciar un "proceso de negociación serio, formal y con sólido soporte internacional". Entre ellas, mencionó que eventuales acuerdos sean sometidos a referéndum. La oposición, que en 2016 vio cómo las negociaciones con Maduro fracasaron, ha señalado que su participación en un diálogo en República Dominicana busca insistir al gobierno en la necesidad de que atienda sus demandas de respetar el voto popular y la liberación de los políticos presos.
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