AP / La Voz de Michoacán Santiago de Chile. Un día después de anunciar medidas para mitigar la crisis social más grave en 30 años de democracia, el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera no lograba contener el miércoles el descontento masivo y los reclamos en las calles de mejores condiciones de vida en uno de los países más prósperos de América Latina. Pese a la vigencia de un estado de sitio, con los militares y la policía antimotines en las calles, decenas de miles de personas seguían protestando en la principal plaza de la capital con una bandera chilena gigante en la que inscribieron “#Chiledespertó”. El miércoles se sucedieron nuevos enfrentamientos en una jornada de movilizaciones en todo el país y de una huelga general de dos días convocada por la principal central de trabajadores en respaldo a las protestas. Las autoridades informaron que la cifra de muertos por los disturbios de los últimos días subió a 18. Mientras tanto, surgieron denuncias por presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. En la víspera, Piñera anunció una serie de medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres en un esfuerzo por frenar la crisis. Sin embargo, al día siguiente se reanudaron las multitudinarias movilizaciones que derivaron en violencia y caos, principalmente en el centro de Santiago. A pocas cuadras del Palacio de La Moneda, la sede de la presidencia, la policía reprimió violentamente a centenares de personas que intentaban llegar al escenario de las manifestaciones luego de que encapuchados instalaran barricadas encendidas y los atacaran con piedras y palos. Un fuerte olor a gas, un picor en la garganta y ojos llorosos se volvieron comunes en el centro de la capital chilena en el sexto día de protestas que comenzaron como rechazo a una suba en la tarifa del metro y luego se extendieron a otras demandas por mejores condiciones de vida y un coto a la desigualdad. Aunque tres de las seis líneas del metro funcionaban el miércoles de forma parcial, el país estaba lejos de alcanzar la normalidad: muchos chilenos se quejaban por los saqueos --que parecieron amainar en los últimos días--, por los inconvenientes en el transporte y las dificultades para realizar las actividades diarias. Un estado de emergencia y toque de queda en la capital y otras provincias seguía en vigencia el miércoles. El taxista Juan Vásquez se quejó amargamente porque dejó de funcionar la estación del subterráneo ubicada a metros de su paradero. “Saquear es saquear, pero destruir es otra cosa, le impiden el trabajo a mucha gente”, dijo Vásquez al lado de otros conductores que como él estaban estacionados a la espera de clientes que no llegaban. Para frenar la oleada de violencia en el país de 18 millones de habitantes, Piñera se reunió la víspera con tres líderes de la oposición y horas después anunció una agenda social que, según su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tendrá un costo de 1.200 millones de dólares. Entre los anuncios hay un aumento inmediato en las pensiones mínimas de 590.000 personas de 151 a 181 dólares mensuales, un incremento en los salarios mínimos de 413 a 481 dólares, la anulación de un reajuste del 9% en las tarifas de la electricidad, alzas de un 5% en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares mensuales y la extensión a todo el país de rebajas en medicamentos, que se encuentran entre los más caros de la región. La oposición valoró las medidas pero demandó ajustes estructurales en un país en el que la mayoría gana entre 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) y en el sistema de transporte público, cuyas tarifas suben con la devaluación del peso y el incremento del precio internacional del petróleo. La académica Jennifer Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, dijo que el tono más conciliador de Piñera es un paso en la dirección correcta, pero consideró que “es poco probable que la propuesta por sí sola sea suficiente”. El presidente debe señalar que abrirá un diálogo amplio y reunirá a una variedad de actores sociales y partidos políticos para negociar un nuevo pacto social” Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante. Al hacer el más reciente balance de los disturbios, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo más temprano que el número de fallecidos aumentó de 15 a 18. Afirmó a su vez que “se nota nuevamente una disminución” de los hechos graves de violencia que bajaron de 255 el lunes a 169 en las últimas 24 horas. Agregó que hubo 102 civiles heridos y 95 lesionados entre los 20.000 militares y policías que patrullan las calles. Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, denunció múltiples casos de abuso de la fuerza por parte de la policía y los militares. Refirió que recibió a un joven que afirma que fue torturado por policías en una comisaría ubicada en una de las estaciones del subterráneo. Señaló que las denuncias refieren supuestos desnudamientos, golpes y maltratos físicos y verbales, aunque la denuncia fue desestimada por dos jueces que lo acompañaron la medianoche del martes a visitar la comisaría. El abogado Rodrigo Bustos, encargado jurídico del Instituto, dijo que han presentado 30 acciones judiciales de las cuales hay cinco por muertes en los que los acusados son militares o policías. Micco y Bustos fueron recibidos por Piñera para escuchar sus planteamientos y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el gobierno asegurará su acceso a comisarías y hospitales, y que las denuncias serán investigadas. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación por los acontecimientos en Chile. Señaló que han recibido imágenes de fuentes confiables que “demuestran que ha habido incidentes de exceso en el uso de la fuerza por parte de personal de carabineros (policías) como también de algunos soldados”.
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