Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Cártel de Sinaloa fortalece su presencia en las tierras productoras del sur del continente. Cada vez se vuelve más notoria su alianza con grupos criminales colombianos, de hecho desde hace cinco años controla corredores estratégicos en el país sudamericano y muchas veces prescinde de intermediarios para exportar cocaína de Colombia a México. Eso sí: los emisarios de la mafia mexicana llegan desarmados, sin llamar la atención; ya dentro del territorio sudamericano contratan seguridad y negocian directo con los productores de cocaína para luego enviar los cargamentos a través de la llamada Ruta del Pacífico. Una investigación realizada por Milenio en ambos países revela que la conexión Colombia-Chiapas constituye la cada vez más fortalecida súper vía por donde fluye un enorme tráfico de drogas. La información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pone la verdadera dimensión al respecto: en los últimos cinco años, el 94 por ciento de los decomisos de cocaína en los estados del Pacífico Sur ocurrieron en territorio chiapaneco. La Defensoría del Pueblo de Colombia, el órgano estatal que defiende los derechos humanos en aquella nación, emitió una nueva alerta de riesgo por la presencia del cártel mexicano, el cual ya tiene conexiones en sitios cercanos al río Magdalena y el mar Caribe. Allí tiene alianzas con organizaciones locales como el Clan del Golfo o Los Costeños, y extiende sus tentáculos en los estados del Atlántico, La Guajira, Bolívar y Magdalena. El senador colombiano del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila Martínez, expone en que aunque no se sabe con certeza cuántos comisionados del cártel mexicano puede haber en Colombia, los capos sinaloenses tienen dominio en la costa pacífica, específicamente en Tumaco y Buenaventura, además de en los estados de Caldas y Antioquia, muy cerca de los campos donde se produce la coca. Ávila Martínez, quien fue subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y ha escrito varios libros sobre guerra y crimen organizado, asegura que los narcos mexicanos –principalmente los de Sinaloa, pero también algunos enviados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)– hacen negocios con el Clan del Golfo, Los Urabeños, Los Rastrojos y la Oficina de Envigado. Ruta marítima, la más porosa Diversos medios colombianos han dado cuenta de la intensificación del comercio de drogas a lo largo de esta ruta. A principios de julio fueron incautadas, a bordo de una embarcación semisumergible, cuatro toneladas de cocaína, cuyo valor ascendía a 154 millones de dólares. Eran del Cártel de Sinaloa. En ese mismo mes, el día 11, fueron capturadas en la Alta Guajira 18 personas señaladas de traficar cocaína en sociedad con el mismo cártel. Pero la organización criminal ya había alcanzado a enviar, a través de lanchas rápidas, 90 toneladas de cocaína, valoradas en mil 800 millones de dólares. En el operativo en el que se aseguraron a los 18 colaboradores del cártel, operaron en coordinación la Armada colombiana, la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos. Incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos, computadores portátiles, radios y 160 millones de pesos colombianos (41 mil dólares en efectivo). La organización era liderada por Edicto Castañeda, El Cóndor, quien daba las instrucciones en la lengua nativa de los indígenas wayúu, el wayuunaiki, para pasar desapercibido. Mensualmente enviaban hasta ocho toneladas de droga hacia México y otros países de Centroamérica. Aprovechan la debilidad de las FARC Aliados desde los años 80, colombianos y mexicanos han cambiado sus estrategias y alianzas para seguir aceitando los engranes del narcotráfico. El senador colombiano del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila Martínez, explica que, antes del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los cárteles mexicanos compraban la droga a través de emisarios que viajaban y regresaban a México; sin embargo, tras dicho acuerdo pacificador se reconfiguró el negocio. “Las FARC no exportaban la droga, o exportaban muy poca, pero sí tenían el monopolio de los cultivos de coca. Ellos [los narcos mexicanos] no están armados, no es un ejército; es gente que llega y que contrata escoltas colombianos”, explica Ávila. El negocio de la cocaína ahora se desplaza en mayor escala hacia el norte de Latinoamérica. Con el fin de la guerra de las FARC, los mexicanos aprovecharon la debilidad de las organizaciones criminales que se disputaban el negocio y no tardaron en reconfigurarse. Con el abandono de las armas por parte del grupo guerrillero, los mexicanos enviaron sus propios contactos para hacer acuerdos entre las organizaciones criminales colombianas en 2017 y 2018: “El epicentro de esos diálogos fue en Sonsón, Antioquia, incluso se rumoró que un hijo del Chapo Guzmán estaba allá. A partir de entonces los mexicanos mandaron emisarios permanentes y comenzaron, incluso, a exportar pasta base de coca por su propia cuenta”, recuerda el senador Ávila. Chiapas, narcofrontera Los operativos de la Sedena se han intensificado, sobre todo en estados como Chiapas o Oaxaca, territorios donde antes el tránsito de sustancias no era un asunto que despertara alarma. Los decomisos señalan que el panorama de las rutas del trasiego se han reconfigurado, concentrándose en los estados del Pacífico sur. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Sedena reporta que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2023 han sido incautados 12 mil 281 kilogramos de cocaína en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. Por increíble que parezca, el 94 por ciento de los decomisos realizados en estas cuatro entidades ocurrieron en territorio chiapaneco. Guerrero es caso aparte ya que los especialistas colombianos aseguran que en este estado la dinámica del trasiego obedece a otros factores, como el hecho de estar controlado por bandas locales. En los últimos cinco años la violencia se recrudeció en la tierra de la marimba. Ahí grupos caciquiles ya se disputan el control de las actividades ilícitas y los vastos territorios de brechas y caminos ubicados en la Selva Lacandona y en la zona costera, justo donde inicia el Pacífico mexicano. En tierras chiapanecas, la Sedena ha identificado la presencia de distintas células del Cártel de Sinaloa y del CJNG. Además, hay bandas locales e integrantes de pandillas, entre ellas la trasnacional Mara Salvatrucha, que ya no sólo trafica migrantes centroamericanos y mujeres con propósitos de prostitución, sino también distribuye, cuida y regentea cargamentos de narcóticos. Se empiezan a mencionar cada vez más rutas que inician y corren a través del sureste mexicano para el ingreso de drogas. El 26 de julio del 2022, fuerzas armadas federales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de la Ciudad de México, confiscaron mil 680 kilogramos de cocaína oculta en dos tractocamiones, cuyos paquetes tenían los logos de Tesla y Prada. El secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch, estimó que una tonelada y media del alcaloide se tasaba en más de 400 millones de pesos. Según García, la droga provenía de Sudamérica –sin citar específicamente a Colombia–, pero aseguró que había entrado por las costas oaxaqueñas, muy probablemente por Puerto Escondido. Policías coludidos El legislador Ariel Ávila Martínez, quien ha sido un férreo crítico de las alianzas criminales entre células de Colombia y México, asegura que estas mafias cuentan con evidente apoyo policiaco. No se sabe con certeza cuántos representantes mexicanos puede haber en Colombia, pero facciones del Cártel de Sinaloa y del CJNG están en la costa pacífica y cerca de donde se produce la coca. Ambas mafias están aliadas con narcotraficantes colombianos y grupos criminales ya mencionados –Clan del Golfo, Los Urabeños, Los Rastrojos, la Oficina de Envigado–, pero también con la institucionalidad misma. “La corrupción en la Policía y el Ejército es monumental. En el Pacífico colombiano no salvo ni a un policía”, acusa Ávila, quien insiste en otro aspecto novedoso: hoy en día los cárteles ya no son ni mexicanos ni colombianos, pues en Colombia la palabra “cártel” dejó de existir después de la guerra entre las mafias del Valle y el de Medellín, estructuras que eran verticales y cerradas. Para él son, simplemente, “transnacionales” que han cambiado el negocio. “Cada vez está entrando menos dinero a las organizaciones criminales y a los campesinos de Colombia. Los mexicanos tienen cultivos propios y la plata no se está quedando aquí”, revela. La cocaína de Colombia sigue siendo la más apetecida y demandada en el mundo, por ello los cárteles mexicanos más poderosos buscan expandirse a través de emisarios permanentes que contratan y controlan el negocio directamente en Sudamérica para potenciar sus ganancias. Ahora, tras 50 años del fracaso continuado en la guerra contra las drogas, Colombia busca cambiar la vieja estrategia y se ha enfocado en incautar la mayor cantidad posible de cocaína en los mares, puertos y ríos. Pero eso sí: la producción de droga no disminuye. Dejan en paz los cultivos, desmantelan laboratorios El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha enfocado la estrategia antidrogas en la destrucción de laboratorios de coca y en incautar la mayor cantidad de cocaína. La lucha contra el narcotráfico ya no gira en torno a la erradicación de los cultivos, pues a pesar de los millones de hectáreas destruidas, el ministro admite que no se ha logrado contener el fenómeno. Cuando comenzó la pandemia, debido a problemas logísticos hubo una contención en el comercio de la cocaína pero, una vez se volvió a la normalidad, la droga salió en grandes cantidades. El último informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que en 2020 se produjeron casi 2 mil toneladas de clorhidrato de cocaína, más del doble que en 2014. El crecimiento inusitado de cultivos ilícitos (aumentó un 35 por ciento entre 2020 y 2021) durante el confinamiento hizo que se estancara la coca y que los campesinos estén pasando ahora por una crisis de caída en los precios. Luis Fernando Trejos, profesor especialista en violencia y paz, cree que la situación será temporal. “La evidencia lo que nos demuestra es que, si bien no se está sembrando, se sigue incautando”, agregó. Trejos, para quien el prohibicionismo no ha producido ningún impacto positivo en cuanto a disminución de consumo y comercialización, sostiene que ello “es la evidencia del fracaso de la lucha contra las drogas”. Para paliar esos altibajos, los dueños del negocio y los grupos criminales se han adentrado en otros mercados como, por ejemplo, el de fentanilo. En marzo fueron apresados siete presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en una operación conjunta con fines de extradición entre Colombia, Guatemala y Grecia. Los mexicanos fueron acusados de estar en una red de fabricación de fentanilo. También se les acusó de delitos de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para el lavado de dinero. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las exportaciones de cocaína han disminuido por la adicción en Estados Unidos al fentanilo, pero algunos expertos argumentan que son dos negocios que no tienen nada que ver entre sí. “Son drogas muy distintas y se consumen en contextos culturales muy diferenciados”, explica Ricardo Vargas, investigador en temas de drogas y antinarcóticos. De acuerdo con Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, la frontera con Colombia es uno de los principales sitios de producción de cocaína. Si bien Ecuador no es un territorio productor, “ha habido una especialización del país en esa dinámica que ha hecho que sea uno de los principales puertos de salida del mundo”, dice. Pontón explica que los ecuatorianos ya negocian con los mexicanos y colombianos. “Lo que buscan estas mafias es controlar los puertos. La cocaína sigue siendo una buena fuente de ingreso de los cárteles y el principal mercado criminal y violento”. Otras rutas de los mexicanos para sacar la droga van por Brasil y Bolivia, debido a que el interés de este mercado ya no mira sólo hacia Estados Unidos, sino también a Europa y Asia. En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a una cumbre en Colombia cuyo fin es plantear nuevas estrategias de lucha antidrogas. Los dos países están convencidos de que cambiar sólo será posible de manera colectiva. Violencia mexicana con calidad de exportación En junio y julio pasado dos narcoavionetas mexicanas fueron derribadas por la Fuerza Nacional Aérea Bolivariana debido a que violaron el espectro del espacio aéreo de Venezuela. Una de esas aeronaves cayó en aguas nacionales, la otra tenía matrícula de Cozumel, Quintana Roo, y fue derribada en el municipio de Nauroba, en el estado venezolano de Falcón. Pero derribos de ese tipo no existen para las autoridades mexicanas. A través de una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó tener conocimiento de que países como Venezuela, Colombia, Ecuador u otros le hayan “notificado” o “dado parte” del derribo de avionetas de matrícula mexicana en estas naciones sudamericanas. En México, entre enero y junio de este año, 9 mil 128 personas han sido asesinadas con arma de fuego, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mayoría de esos asesinatos provienen de ajustes de cuentas entre ambas organizaciones y en pugna con otros cárteles de menor envergadura, como el Cártel del Golfo, Familia Michoacana, Los Ardillos, etcétera. En ese mismo periodo, las fiscalías estatales han abierto 45 mil 044 denuncias por narcomenudeo. Es decir, 246 denuncias por tráfico de narcóticos al día en el país. No será demasiado extraño que esa violencia interna sea exportada a donde se encuentran los socios de los cárteles mexicanos si entre las autoridades de los países involucrados –latinoamericanos y Estados Unidos– no hay acciones conjuntas e intercambio de información clave.
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