Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas no solo rompió las convenciones diplomáticas, sino que también podría poner en peligro el apoyo internacional y nacional a la agenda de seguridad del gobierno. En la noche del 5 de abril, agentes de seguridad ecuatorianos fuertemente armados irrumpieron en el edificio de la embajada, donde Glas había solicitado asilo tras argumentar que su procesamiento por cargos de corrupción equivalía a una persecución política. Glas fue recluido en la prisión de máxima seguridad de La Roca, pero tres días después fue trasladado a urgencias de un hospital cercano. Las autoridades penitenciarias emitieron un comunicado en el que afirmaban que Glas se había enfermado tras rechazar la comida, aunque los informes policiales citados por los medios de comunicación locales e internacionales sugerían que podría haber sufrido una sobredosis de medicamentos. Glas ha sido condenado en dos ocasiones por cargos de corrupción, pero fue puesto en libertad anticipada en noviembre de 2022 en una polémica sentencia dictada por un juez que desde entonces está detenido en el marco de una investigación por soborno. Cuando se lanzó una nueva investigación por nuevos cargos de corrupción, Glas pidió asilo a México y se refugió en la embajada desde diciembre de 2023. Apenas unas horas antes del operativo, el gobierno mexicano anunció que había concedido asilo a Glas y solicitó su salida segura del país. Tras la operación, México rompió inmediatamente todos sus lazos diplomáticos con Ecuador, y el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado en las redes sociales en el que condenaba “una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”. Gobiernos y organismos internacionales de toda la región y fuera de ella también denunciaron la redada. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la operación en un comunicado publicado el 8 de abril, afirmando que tenía por objeto proteger la seguridad nacional. “No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, implicados en crímenes muy graves”, dijo. Las posibles consecuencias La decisión de llevar a cabo la incursión en la embajada mexicana tiene el sello distintivo de una apuesta política, en la que Noboa considera que los beneficios de mejorar su reputación de línea dura superan los riesgos de las posibles consecuencias. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente y socavar sus políticas de lucha contra la criminalidad y la corrupción en el país y alienar a sus principales socios en materia de seguridad en el extranjero. Noboa llegó al poder en noviembre de 2023 tras una inesperada victoria en unas elecciones especiales convocadas cuando el anterior presidente, Guillermo Lasso, abandonó el cargo a mitad de mandato. Desde entonces, ha cultivado una imagen de hombre fuerte, de líder dispuesto a emplear todos los medios necesarios para hacer frente a la criminalidad y la corrupción que han sumido a Ecuador en una crisis. Su retórica se ha visto respaldada por una dura campaña militar contra las pandillas y una amplia investigación anticorrupción contra altos cargos públicos. Este enfoque ha generado altos niveles de aprobación entre una población ecuatoriana alarmada por la violencia y la inestabilidad. Sin embargo, los índices de criminalidad han vuelto a aumentar y hay cada vez más indicios de que las pandillas están lejos de ser derrotadas. Noboa se enfrenta ahora a una prueba crítica a su apoyo popular en un referéndum en abril, el cual endurece las penas de prisión y consagra el uso de los militares para la seguridad nacional. Puede que espere que esta operación contra Glas refuerce su apoyo antes de la votación. Sin embargo, cualquier popularidad ganada entre los votantes se verá probablemente contrarrestada por una pérdida del apoyo político de las élites. Hasta ahora, Noboa ha podido aplicar sus políticas de seguridad gracias al apoyo de una coalición de partidos de la oposición, el más importante de los cuales está representado por Glas. Ahora se enfrenta al riesgo de que estos partidos le retiren su apoyo y se dediquen a sabotear su programa de seguridad. Implementar su agenda de seguridad requerirá de que Noboa construya una nueva coalición política, según Lorena Yael Piedra, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales. “Hay posibilidades de que genere una nueva mayoría en la Asamblea, pero va a tener que trabajar mucho para reinventarse”, dijo a InSight Crime. En el frente internacional, es probable que los principales socios y aliados de Ecuador en materia de seguridad no tomen ninguna medida más allá de sus declaraciones públicas iniciales de condena de la acción. Para algunos países, el costo de aislar a Ecuador por la redada puede ser demasiado alto como para que su indignación perdure. Este es especialmente el caso de Estados Unidos, que necesita mantener estrechos lazos con Ecuador para administrar un paquete de ayuda multimillonaria en materia de seguridad, que se anunció en medio del aumento del número de migrantes ecuatorianos que buscan refugio de la violencia y la inestabilidad en su país. Otros, sin embargo, pueden no estar tan dispuestos a dejar que el caso se apague tan fácilmente. Colombia, país de origen de la cocaína traficada a través de Ecuador, será un motivo de especial preocupación. El gobierno colombiano reaccionó a la operación presentando una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole que tomara medidas para proteger a Glas. La ruptura del intercambio de información y de los vínculos en materia de seguridad con Colombia podría dificultar gravemente la capacidad de Ecuador para controlar los flujos de cocaína y combatir las redes criminales que operan en ambos países. La ruptura más grave será casi con toda seguridad con México, lo que podría tener profundas repercusiones para la cooperación en materia de seguridad. Las organizaciones narcotraficantes mexicanas se encuentran entre los principales compradores de la cocaína que se trafica a través de Ecuador y son contratistas de los grupos criminales ecuatorianos que mueven la droga por el país, los mismos grupos que se encuentran entre los principales impulsores de la inseguridad interna. Sin embargo, según Piedra, los intereses mutuos en materia de seguridad pueden prevalecer sobre el antagonismo político. “El riesgo [de ruptura de la cooperación] está ahí, pero creo que los actores implicados van a ser lo suficientemente estratégicos como para no cerrar estas vías”, afirmó.
La Voz de Michoacán
