La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reafirmó hoy el uso de drogas por parte de los estados en la aplicación de la pena de muerte, al rechazar los argumentos de que ello constituye un castigo “cruel e inusual” para los prisioneros. La decisión dividida significó un revés para los opositores que confiaban que un fallo favorable podría fortalecer la batalla legal para abolir la pena capital, vigente actualmente en 31 de las 50 entidades de Estados Unidos. En la opinión mayoritaria de los cinco magistrados que reafirmaron el uso de drogas en la ejecución de los condenados, el magistrado Samuel Alito dijo que los peticionarios fracasaron en establecer méritos en su argumento de que su empleo viola la octava enmienda de la Constitución. La octava enmienda prohibe al gobierno federal imponer fianza y penas excesivas o someter a prisioneros a “cruel e inusual castigo, incluyendo tortura”. El fallo fue en respuesta a la demanda de tres condenados a muerte en Oklahoma, quienes argumentaron que el uso de un sedante llamado midazolam no es efectivo para alcanzar el grado de inconsciencia requerido en una ejecución. La droga, utilizada usualmente para tratar ansiedad, es combinada de manera separada con otras dos drogas que paralizan las funciones motrices y sensoriales del condenado y le provocan un paro cardiaco. Alito dijo que “los peticionarios fallaron en establecer (la existencia de) cualquier riesgo o daño sustancial, al compararse con método alternativo de ejecución conocido”. El fallo mayoritario fue respaldado por los magistrados John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Anthony Kennedy. Los votos disidentes fueron de los magistrados Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.