Una iniciativa de ley para cortar fondos federales a ciudades que se nieguen a colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), será vetada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió hoy la Casa Blanca. La iniciativa, propuesta por el republicano por California, Duncan Hunter, fue en respuesta a la muerte de la joven Kathryn Steinle a manos del inmigrante indocumentado Juan Francisco López Sánchez en San Francisco, ciudad que adoptó una política cómo santuario para indocumentados. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que la iniciativa está lejos de tener el impacto de una amplia reforma migratoria que requiere el país, y socavaría los esfuerzo de las autoridades federales para deportar a indocumentados convictos de crímenes. “El gobierno sigue creyendo que resolver el quebrantado sistema migratorio sólo es posible mediante una amplia reforma migratoria (...) que ofrezca una ruta hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados”, dijo la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca en un comunicado. Precisó que si la iniciativa es adoptada por las dos cámaras “y le es presentada al presidente para su firma, sus asesores le recomendarán que la vete”. Tanto republicanos como algunos demócratas criticaron el hecho que pese a que López Sánchez había sido deportado en cinco ocasiones a México, fue liberado por las autoridades locales pese a la petición de las autoridades migratorias de ICE para que fuera turnado a su custodia. Las autoridades locales han insistido empero que para turnar a detenidos como López Sánchez a autoridades como el ICE se requiere que haya de por medio una orden judicial, que no parece ser la norma en la mayoría de estos casos. Además de San Francisca otras grandes ciudades como Houston, Nueva York o Chicago han adoptado las llamadas políticas de “santuario”, negándose a realizar labores que competen a agencias migratorias o a cooperar con agentes federales. De ser aprobada, la iniciativa “Ley para hacer valer la ley en ciudades santuario” o H.R. 3009 suprimiría los fondos federales a aquellas jurisdicciones que no colaboren con las autoridades migratorias en la detención y deportación de indocumentados.