COLEGIO DE ABOGADAS DE MICHOACÁN | Delitos informáticos en México

A decir de los especialistas en ciberseguridad, México es el país más atacado de América Latina, pues tras la pandemia originada por COVID-19, derivó en un crecimiento en delitos cibernéticos que pasaron de 300.3 millones en 2019 a 120 mil millones de intentos en 2021, un crecimiento de casi 400 veces.

 Miryam Georgina Alcalá Casillas

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han mostrado una evolución acelerada y siguen creciendo a pasos agigantados, una muestra de ello es que tras la pandemia -que aún está superándose a nivel mundial- derivó en un salto tecnológico que estaba previsto para que sucediera en 10 años y que proliferó en el primer semestre de 2020, cuando el confinamiento impuso normas de convivencia digital en todos los sectores, desde el educativo, cultural, político, comercial y económico, un ejemplo fue el teletrabajo, que en otros tiempos no había sido posible ante la reticencia de empleadores y empleados. Sin embargo, de la mano con esta convivencia digital, surgieron otras formas de conductas delictivas, y que en su mayoría no están previstas en la legislación mexicana.

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Es importante reconocer que las conductas delictivas han estado presentes de diversas formas en la historia de la humanidad y que han evolucionado a la par de cada una de las transformaciones sociales. En este sentido, la cuarta revolución industrial que se consolida en el siglo XXI está modificando las pautas de conducta en torno de las nuevas tecnologías digitales, y no es de extrañar que los delitos se hayan adaptado al contexto, originando ciberdelitos o delitos informáticos; los cuales han aumentado a raíz de la evolución tecnológica acelerada que se está viviendo a nivel mundial.

El debate actual sobre los delitos informáticos radica especialmente en la aplicación de medidas específicas que deben ser consideradas por los legisladores e impartidores de justicia; y que en México, por ejemplo, es un tema pendiente y que sigue en desarrollo. Para ello, es crucial observar cómo se contemplan a nivel mundial y cuál ha sido su evolución en las últimas décadas; puesto que a partir de los años sesenta comenzaron las primeras manifestaciones antijurídicas en los entornos digitales, especialmente en materia civil y administrativa, y en los años siguientes en términos penales, pues en esta década, la propagación de computadoras en el sector comercial supuso que la mayoría de las manifestaciones de la delincuencia informática tuviesen relación con el sector económico, siendo las más comunes el fraude informático, la manipulación de datos o los espionajes empresariales. En los ochenta, el uso de las computadoras personales trajo el surgimiento de la piratería del software, con las primeras infracciones contra la propiedad intelectual que se generalizaron en los noventa, extendiéndose a productos audiovisuales como la música o el cine. En los siguientes años la generalización de las computadoras entre la población, derivó en el surgimiento de nuevos métodos de difusión de contenidos ilegales como la pornografía infantil o diversas formas de violación a la intimidad personal. En las últimas dos décadas las adaptaciones a los contextos digitales han sido radicales, desde el comercio electrónico, que es cada día más común y nos lleva a temas necesarios para el debate y la reflexión en los contextos legales, como es el caso del uso de la geolocalización y los datos biométricos, hasta la creación de entornos de realidad virtual y realidad aumentada.

A decir de los especialistas en ciberseguridad, México es el país más atacado de América Latina, pues tras la pandemia originada por COVID-19, derivó en un crecimiento en delitos cibernéticos que pasaron de 300.3 millones en 2019 a 120 mil millones de intentos en 2021, un crecimiento de casi 400 veces. Entre los delitos más comunes se pueden identificar el robo de datos personales, el fraude informático, el ciberacoso y el grooming (acoso a menores de edad), el phishing (engaño en línea), la suplantación de identidad, la extorsión sexual, y diariamente surgen otras formas de acercarse a la población para robar uno de los bienes más preciados de los últimos años, la información.

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Por ello, es preciso que los legisladores dirijan la mirada hacia el marco jurídico aplicable a los delitos informáticos, y realicen las reformas necesarias en los ordenamientos penales con la finalidad de que su reconocimiento aumente la denuncia y consecuente investigación del delito o bien, logre disminuir la comisión de los mismos. Adicionalmente, es imperante que la población conozca y se proteja de las nuevas formas de delincuencia, ya que una buena parte del trabajo está en casa, en hacer conciencia del cuidado y manejo adecuado de nuestra información (datos, imagen, voz, entre otros) y de convivir apropiadamente en los nuevos contextos digitales.