Miriam Georgina Alcalá Casillas La corrupción tiene efectos corrosivos en las sociedades de todo el mundo, provoca violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo económico, afecta los mercados, desalienta la inversión, transgrede la democracia generando inestabilidad política y social, debilita la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y deteriora la calidad de vida; estas afirmaciones se encuentran en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción o Convención de Mérida, uno de los instrumentos jurídicos internacionales más novedosos celebrados en el país, signado por México en 2003 y ratificado en 2004, obligándose con ello a cumplir de buena fe las recomendaciones y adquiriendo el compromiso de fortalecer sus instituciones y la participación ciudadana para combatir la corrupción. Con esta base, México ha experimentado una transformación normativa para el combate a la corrupción con los diferentes órdenes de gobierno, actores políticos, académicos, especialistas y sociedad civil. En este contexto, con la reforma de 2015 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surge el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estableciendo objetivos con miras a largo plazo para prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción, mediante la coordinación de las instituciones de la administración pública federal; las cuales conforman al Comité Coordinador del SNA y se integran como un órgano colegiado que establece, promueve y evalúa la política nacional anticorrupción y diseña mecanismos con autoridades federales y estatales para prevenir, disuadir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. En armonía con la reforma de 2015 a la ley fundamental, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar recursos públicos. El Sistema es eje central y pilar de las acciones que emprenda el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, y en Michoacán, el Comité Coordinador del SEA se integra por: Auditoría Superior de Michoacán; Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Secretaría de Contraloría; Tribunal de Justicia Administrativa; Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Poder Judicial del Estado; Comité de Participación Ciudadana y tres Órganos Internos de Control Municipales elegidos por sus homólogos; así, este órgano colegiado busca generar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, a través de mecanismos de colaboración e intercambio de información entre los integrantes del Sistema; diseñando, promoviendo y evaluando las políticas públicas para el combate de la corrupción. A partir de la reforma, en 2017 surge la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y las Secretarías Ejecutivas Locales en cada entidad; como organismos de apoyo técnico se encargan de materializar las decisiones de los Comités Coordinadores de los Sistemas, facilitar la coordinación institucional para implementar estrategias que mitiguen la corrupción, generar vínculos con la ciudadanía e impulsar la participación social. Considerando que dichas instituciones son de reciente creación y sus recursos son limitados, sus esfuerzos han sido enormes, tratan de incidir positivamente brindando información y capacitación a personas servidoras públicas y ciudadanía en general, ofreciendo canales de denuncia ciudadana por faltas administrativas o hechos de corrupción y dando seguimiento a recomendaciones no vinculantes encaminadas a la mejora normativa, procedimientos o medidas en las dependencias gubernamentales. Además, las Secretarías Ejecutivas se encargan de la administración y consolidación de la Plataforma Digital Nacional y las Plataformas Digitales Estatales, estas son herramientas estratégicas para la gestión de información necesaria para la prevención, detección y sanción de prácticas de corrupción tanto a nivel nacional como local y están conformadas por seis sistemas: 1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 2. Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, 3. Sistema de servidores públicos sancionados, 4. Sistema de información y comunicación con el Sistema nacional y con el Sistema Nacional de Fiscalización, 5. Sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción, y, 6. Sistema de Información Pública de Contrataciones. En Michoacán se cuenta con cinco sistemas implementados, de los cuales, el 2 y 3 están interconectados con la Plataforma Digital Nacional. Otro instrumento crucial para el combate a la corrupción es la política nacional y la estatal anticorrupción. En Michoacán, la Política Estatal Anticorrupción se aprobó por el Comité Coordinador el 14 de junio de 2022, y su Programa de Implementación se aprobó el pasado 6 de julio de 2023, marcando la pauta para iniciar acciones coordinadas entre todas las autoridades estatales y municipales, para abatir el problema tan complejo de la corrupción. De lo anterior se desprende que el trabajo de los Sistemas Anticorrupción, de la SESNA y de las Secretarías Ejecutivas de las entidades, se encuentra en plena consolidación, buscan emprender medidas que tengan un impacto no solo a corto, sino a mediano y largo plazo, y que se realicen con una comunicación y colaboración permanente entre autoridades y sociedad civil. Por ello, es esencial que la ciudadanía esté consciente de la importancia de fortalecer estas instituciones, pues es un fenómeno que ha estado presente y ha permeado por siglos en la sociedad mexicana.
La Voz de Michoacán
