Myriam Georgina Alcalá Casillas El sentido de Internet radica en la transmisión del mensaje y su proyección hacia el público, por tanto, como medio de comunicación posibilita acceder a información relevante, original, plural y oportuna, permitiendo construir criterios y opiniones orientadas (informarse); complementa y distribuye otros medios (radio, prensa y TV) locales, nacionales o internacionales, facilita la realimentación social y la participación libre en el proceso de intercambio y debate (comunicarse); como instrumento educativo favorece el aprendizaje y la adquisición del conocimiento (formarse), contribuyendo con el desarrollo social. En consecuencia, los estados deben garantizar un servicio universal con acceso a Internet para todos, a la infraestructura, a equipos, servicios y contenidos, con una calidad suficiente y un precio asequible, independientemente de las condiciones físicas, económicas, geográficas, políticas o sociales. Derivada de las nuevas manifestaciones sociales en el contexto digital y de la importancia de estar «conectado» a la red y a las innovaciones tecnológicas, fue necesaria una adecuación de los derechos humanos en la que se observa el beneficio comunitario, por ello, la ONU reconoce la naturaleza abierta de Internet y su importancia para la promoción del progreso, determina que todos los derechos que tienen las personas deben ser tutelados también en el ámbito digital, y exhorta a los estados a fomentar la alfabetización digital, a tomar las medidas necesarias para cerrar las múltiples formas de la brecha digital. La inequidad digital es causada por la ausencia y/o dificultad de acceder a la red o a la infraestructura y por la carente capacitación en tecnologías digitales; Internet sólo está disponible para una tercera parte de la población del planeta, creando como resultado un mundo dividido entre quienes están conectados y quienes no lo están, produciendo inequidad en el acceso y distribución de la información y causando entre otras desigualdades, la disparidad de ingresos entre individuos, grupos, regiones o países. En México la Internet se encuentra disponible solo para el 40% de la población, esta desigualdad digital es recurrente entre quienes están ubicados en regiones geográficamente distantes, con escasos recursos económicos y tecnológicos y con bajos niveles educativos principalmente. Desde el enfoque legal, Internet es concebido como un servicio de interés general que se presta bajo régimen mercantil, por lo que prevalecen precios altos, pocos proveedores y mala calidad en el servicio, no se ha cumplido con la conectividad y accesibilidad para todos. Aunque se han presentado iniciativas para disminuir la brecha digital, se ha omitido el desarrollo de infraestructura, de capacitación en las nuevas tecnologías y de híper-alfabetización. En medio de la contingencia de salud provocada por la COVID-19, esta brecha digital se acentúa, las diferencias entre los “conectados y los desconectados” se han hecho cada vez más evidentes, los factores tecnológicos, económicos, jurídicos y educativos en México, obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a Internet,afectando derechos políticos, económicos y culturales, como el acceso a la educación, al teletrabajo, a la participación ciudadana, a la libertad de expresión, al acceso al conocimiento y al desarrollo. En este debate es indispensable una modernización, jurídicamente, el estado mexicano debe reconocer que Internet es un servicio universal, que debe ser accesible y asequible para todos los ciudadanos con independencia del lugar de residencia, de las discapacidades o de otras características personales o sociales. Admitir que los servicios de telecomunicaciones son básicos y que cada individuo tiene el derecho de acceder a ellos. Asumir que es obligación del estado suministrar el servicio universal en todo el territorio,promover la competencia y la participación pública y plural en telecomunicaciones; en el área tecnológica, es indispensable ampliar la cobertura de Internet, creando infraestructura en sitios donde no la hay y ampliando o renovando el equipamiento donde el acceso es limitado, en un período razonable, con calidad y velocidad equiparable a la del resto de países de la OCDE. En el área económica, los organismos reguladores del sector deben supervisar la fijación de precios medios que permitan el acceso general a los usuarios, controlar los beneficios de los proveedores para evitar un incremento abusivo en los precios, así como implementar medidas correctoras a quienes abusen de su posición dominante en el mercado. En el área educativa, es preciso ejecutar programas de híper-alfabetización, plurales e incluyentes, dirigidos a todas las edades y a todos los grupos sociales. Estos y otros son los retos pendientes, parte del debate urgente como sociedad digital.
La Voz de Michoacán
