Erik Avilés Martínez A pesar de que en abril se celebra el Día del Niño, acción para visibilizar, conmemorar y reconocer los derechos y libertades que merecen las niñas y niños en México, así como para redoblar las acciones sistémicas para garantizar la vivencia plena de mejores condiciones de vida, así como la existencia de procesos, recursos y actores que posibiliten que cada menor de edad se desarrolle libre y plenamente hasta lograr ser la mejor versión de sí mismo posible, la demolición institucional continúa realizándose, golpeando invariablemente los derechos de niñas, niños y jóvenes en la nación. El gobierno federal ha dinamitado en sendas semanas consecutivas dos pilares de las garantías de las generaciones en formación: el Sipinna y el Siged. Esta semana, el martes 18 de abril se publicó un decreto donde se busca adelgazar aún más una serie de instituciones desconcentradas para convertirlas en unidades administrativas o francamente eliminarlas. Particularmente, en pleno mes de la niñez, el gobierno federal intenta desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), retirándole autonomía, poniéndolo bajo las órdenes del al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Decreto Presidencial busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Ello implica por lo menos, un retroceso de tres décadas en la conquista, reconocimiento, visualización y respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de México, lo cual seguramente impactará más gravemente a entidades federativas en situación de rezago, pobreza, marginación, migración, abandono escolar y desigualdad, como es el caso de Michoacán de Ocampo. Colocar las atribuciones del Sipinna en manos de una dependencia de carácter asistencial y bajo control total de los titulares del poder ejecutivo como suelen ser los DIF, impide que se ejerzan facultades de coordinación de los respectivos gabinetes en los órdenes de gobierno correspondientes, con lo cual se diluirán simple y llanamente los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajosamente conquistados. Las organizaciones de la sociedad civil organizada que en su momento impulsaron la creación e implementación del Sipinna permitió darles identidad como sujetos de pleno derecho, siendo el gran logro de la legislación actual, que amenaza con ser abrogada. En su momento, en acciones de activismo, el entonces candidato y ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suscribió directamente el compromiso de sostener y fortalecer el Sipinna, el cual, por cierto, normativamente preside. Resulta irónico que, en todo su mandato, no ha hecho presencia y ni siquiera ha instruido sesione en ocasión alguna el organismo citado, mucho menos designado a un representante para presidir las sesiones o convocar a ellas. Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), mediante un comunicado se pronunció en torno a la propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso Federal, la cual implica una clara acción de regresividad en saldar la deuda histórica que tiene el Estado con infancias y adolescencias en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, atendida inicialmente con la promulgación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con la creación del propio Sistema de protección. Menciona la Redim que la Iniciativa representa uno de los más graves retrocesos en materia de garantía de derechos de las infancias, además de ser un claro incumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 4° establece “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.” En ese tenor, el conglomerado de organizaciones y personas que participan en ella mencionan que resulta preocupante la reciente iniciativa, porque propone que la Secretaría Ejecutiva del Sipinna sea absorbida por una institución de carácter asistencial como el DIF misma que no cuenta con las capacidades estructurales, operativas y técnicas para coordinar la gran política de Estado en materia de niñez. El DIF no tiene facultades para coordinar a otras secretarías, mientras que el Sipinna se centra en proteger los derechos de la niñez mediante la creación de políticas públicas y la armonización de las leyes a nivel nacional y se ubica en un órgano de gobernabilidad como la Secretaría de Gobernación (Segob). Aunado a lo anterior, carece de autonomía, siendo parte de la estructura orgánica de la administración pública, tanto en el orden federal, como el estatal y el municipal. Debe reconocerse abiertamente el valor público que ha generado y agregado el Sipinna en su existencia, lo cual implica que ha conformado y articulado mecanismos entre las instituciones públicas, fortaleciendo el vínculo entre éstos, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, a partir de agendas de trabajo en torno a derechos, grupos poblacionales o niñez en situación de vulnerabilidad. La REDIM menciona que, desde su creación, el Sipinna ha sido reconocido a nivel internacional por organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por otras naciones, que han visto en él un modelo a seguir en el sistema garantista de derechos para las niñas, niños y adolescentes. Quedarían en el pasado, de imponerse la inercia de la autoridad federal, logros como la conformación de comisiones específicas para la emisión y articulación de políticas públicas integrales para brindar atención a la primera infancia mediante la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), la aprobación de la Ruta de protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de migración, la coordinación e implementación del Plan Nacional de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que involucra a 26 dependencias de la administración pública federal, 22 organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la elaboración del Protocolo Nacional de Coordinación Institucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en 2020, así como la realización de la consulta a grupos de atención prioritaria como lo son niñas, niños, niñes y adolescentes trans en el mismo año, siendo hasta la fecha la única consulta realizada a esta población en la historia institucional del país. Justo cuando dificultosamente se está transitando de la pandemia a la normalidad, arrastrando resabios, rezagos e infinitas violaciones a los derechos de las niñas, niños y jóvenes en la nación resulta absurda la dilución institucional del Sipinna, el cual requiere precisamente más recursos, mayores facultades y empoderamiento para que las decisiones tomadas en su seno tengan un alcance efectivamente vinculante y carácter inmediatamente ejecutivo, lo cual vendría mucho mejor que la sumisión de las prioridades para la protección de las infancias y juventudes en México ante una agenda político-asistencial que caracteriza al sistema DIF, lo cual se torna aún más nebuloso al suceder justamente en año preelectoral, cuando todos los actos de autoridad no consultados ni consensuados con la ciudadanía tienen vetas de interés político y posibles trasfondos en el sinuoso camino hacia las urnas. Es momento de detener este escenario distópico que contrapone el compromiso presidencial de sostener al Sipinna y exigir al gobierno federal, a los representantes populares del poder legislativo y en general a las autoridades de los tres órdenes de gobierno revertir las medidas y retomar el camino de la progresividad en torno a los derechos de la niñez y juventud en la nación. En caso de persistir en el error, por supuesto que no se descartan acciones jurídicas para detener el atropello flagrante que constituye la demolición institucional del Sipinna. Lo anterior se suma a la destrucción que sufrió el Siged, ya que, apenas una semana antes, el lunes 10 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo donde se revoca la determinación como Información de Interés Nacional a la Información Estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), el cual se define en su portal electrónico oficial como “un conjunto orgánico y articulado de procesos, lineamientos, normas, instrumentos, acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y distribuir la información del Sistema Educativo Nacional, generada por sus sujetos y autoridades, con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación”. Justamente, el mismo 18 de abril, se cayó ya el sistema: ya sin blindaje, el Siged dejó de operar. Si bien, ya lo reactivaron, existe el riesgo redoblado de que no vuelva a funcionar, dejando perennemente de ser accesible al público o de ser actualizado periódicamente. Al respecto, las implicaciones para Michoacán pueden ser muy amplias. Recordemos el caso de que, en nuestra entidad, criminales que aparecían en la lista de los diez más buscados en el país, simultáneamente cobraban en la nómina magisterial. Justo la visibilidad de este magno abuso fue lo que lo detuvo. Así también, se demostraron muchos casos de aviadores que parasitaban la nómina educativa mientas hacían vida política, sindical o electoral. Volverá a desviarse el dinero destinado a pagar a los primeros garantes del derecho a aprender de la niñez y juventud: los trabajadores de la educación. Por ello, en Michoacán hay más razones para exigir blindaje al Siged, así como la realización paralela de un Siged estatal que cuente con la misma información que el federal, compulsando toda la información estatal y cruzando padrones para evitar actos de corrupción. Es también tiempo de exigir a las autoridades educativas y a los representantes populares se proteja al Siged, se ahonden las medidas en pro de la transparencia y rendición de cuentas, así como se combata a la corrupción. Aunado a lo anterior, que se construyan y actualicen los indicadores educativos, que se genere más información y que se realicen diagnósticos respecto al estado que guarda el sistema educativo estatal, particularmente la situación de cada uno de los estudiantes, en materia socioemocional, socioeconómicas y en cuestiones de aprendizaje, como lo hemos solicitado desde hace tres años. Por supuesto, además de alzar la voz la ciudadanía ante sus autoridades y representantes, falta que las organizaciones de la sociedad civil emprendan acciones jurídicas para hacer valer el derecho a la información imbricado con el derecho a aprender, así que no se descarta que lluevan amparos una vez más ante este segundo atropello. Las niñas, niños y jóvenes merecen mejores instituciones que garanticen sus derechos y articulen las acciones gubernamentales a su favor, a la par que máxima difusión y plena transparencia en el sistema educativo. Abril nunca deberá dejar de ser el mes de la niñez y para ello se requiere que las autoridades honren el compromiso que tienen con las generaciones en formación. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
