Jaime Darío Oseguera Méndez Tal y como se ha dicho en los últimos días, principalmente con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer la semana anterior, subsisten diferentes formas de violencia muy arraigada en la cotidianeidad de nuestro país. En la discusión necesaria y la estridencia entendible por el enojo de las mujeres contra un orden de cosas desigual e injusto, hay dos temas que no se han comentado a suficiencia y son centrales en el futuro de una sociedad más equitativa o con menos discriminación: la venta de niñas indígenas y el acceso desigual a la educación de las mujeres en las comunidades pobres de país. En primer término hay que reconocer que subsisten en México regiones completas donde es normal la venta de mujeres, niñas aún, por sus propias familias. Las zonas indígenas de México siguen aceptando, promoviendo, tolerando prácticas profundamente agresivas, violentas y discriminatorias. Se ha documentado que en la sierra de Guerrero y Oaxaca, los usos y costumbres, tienden a ser el motivo de la exposición de niñas al mercado matrimonial a cambio de dinero. En la realidad las venden para casarlas. Es un buen momento para analizar a fondo las consecuencias positivas y negativas de los llamados “usos y costumbres” que no siempre traen aparejado el respeto a los derechos humanos ni promueven una sociedad justa. Las generalizaciones tienden a ser equivocadas pero en estos casos hay una violación grave a los derechos humanos de las mujeres indígenas con el pretexto de las llamadas “tradiciones” que son profundamente machistas, autoritarias y francamente caciquiles. Se ha documentado en diferentes estudios, que tres de cada diez niñas en las comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas han sido vendidas para matrimonios forzados por usos y costumbres. Esos son los temas de fondo que deberían aparecer en la agenda de la reforma y transformación del México profundo. Guerrero en particular es escenario de la venta abierta, evidente, consentida, tolerada de niñas como parte de la tradición familiar. Al estilo medieval en pleno Siglo XXI. Ahora que ha llegado un nuevo gobierno en ese estado, el primero encabezado por una mujer, la aspiración es superar el profundo subdesarrollo político de esa entidad. Ahí los vamos a conocer. Originalmente el problema es el cacicazgo que se vive en diferentes zonas de ese estado, que permite prácticas de la naturaleza más lesiva para las mujeres. Allá también hace falta ese activismo intransigente contra las injusticias y desigualdad. Repugnante e inaceptable fue el caso documentado de una niña en Chiapas violada por su padre quien la embarazó a sus 13 años, además de la amenaza de muerte a machetazos junto con su madre igualmente violentada. Parece que el agresor está a punto de quedar en libertad. Institucionalmente no existen mecanismos para que las fiscalías atiendan adecuadamente a mujeres violentadas. Se ha avanzado de manera poco significativa. La procuración de justicia está hecha pedazos en este país. Hace falta darse una vuelta por cualquiera de sus dependencias para saber que no hay justicia expedita. Las mujeres indígenas no tienen acceso a ningún nivel de justicia que no sea una concesión de sus propios patriarcas. Es una cultura de la pobreza. Es la expresión más grande del subdesarrollo. Hoy no se trata de aspirar a procuración de justicia con perspectiva de género, sino justicia a secas, sin adjetivos. Subsiste en los lugares donde no hay oportunidades equitativas. Desde la familia, en el sistema laboral y marcadamente en el sistema educativo, las mujeres tienen menos acceso a capacidades que les permitan aspirar a mayor igualdad. Es muy probable que los estados donde persisten las peores prácticas de discriminación, violencia y marginación contra las mujeres sean los de mayor porcentaje de población analfabeta. De acuerdo con el INEGI en Chiapas el 13.7% de las personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir; le sigue Guerrero con 12.5%, Oaxaca con 12.8%, Veracruz con 8.5% seguidos de Michoacán y Puebla con 7% cada uno. Está acreditado que la mayoría de esta población analfabeta son mujeres. Doble tragedia: violentadas y marginadas de la educación. ¿No será este el momento ideal de una cruzada para eliminar el analfabetismo? Se dice que hay miles de trabajadores de la educación en Michoacán haciendo tareas administrativas de quién sabe que naturaleza, es decir, que no hacen mucho o nada para ser exactos. ¿No sería conveniente mandarlos alfabetizar a las comunidades donde la mayoría de los analfabetas son mujeres? Junto con ellos bien valdría poner a prueba las capacidades docentes, pedagógicas de los profesores recién egresados de las normales del estado, quienes han obtenido plazas de manera automática, para que se enrolen en estas actividades progresistas de ir a las comunidades a hacer un barrido, una por una, para erradicar el analfabetismo y darle contenido real al discurso transformador de la realidad. Es una pena que se gaste tanto en el sistema educativo para estar en los últimos lugares del país y que sigamos teniendo tantos analfabetas. Hay que ver si se quieren integrar los sindicatos, cuya acción política se reduce a buscar y conseguir jugosas prebendas. Les gusta leer a Freire pero no ponen en marcha sus postulados sobre la educación como práctica de la libertad. Facilitar su acceso a mayores niveles educativos, sería una verdadera acción afirmativa en favor de las mujeres. Resolver un problema de fondo. Erradicar el analfabetismo no elimina la violencia generalizada por la que atravesamos y que tiene su origen en múltiples factores, pero es una forma de enfrentar el problema. Allí hay dos grandes ámbitos para una sociedad más igualitaria. No los percibo en la agenda de nadie. No se escucha. Será porque gritan mucho y terminan haciendo poco. FB: Jaime Darío Oseguera Méndez
La Voz de Michoacán
