Por Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner y Alejandra Macías[1] El juicio de amparo es la máxima figura de protección a los derechos humanos en México. Lamentablemente, este instrumento no ha sido lo suficientemente útil para proteger a las poblaciones migrantes en tiempos del covid-19, debido a que el gobierno federal ha decidido ignorar los mandatos del Poder Judicial y ha encontrado en la simulación una forma de eludir sus obligaciones. Cuando empezó la pandemia, era claro que los migrantes detenidos en las infames estaciones migratorias estaban en serio riesgo debido a las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene que ahí se viven. Por eso, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) decidimos coordinar esfuerzos con varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país y demandamos legalmente al gobierno para que cumpla su obligación de cuidar la salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. No podemos llamarnos un país civilizado, ni mucho menos hablar de un “gobierno humanista”, cuando en plena pandemia teníamos a inocentes encerrados en estas condiciones inhumanas, y a miles de personas expulsadas de Estados Unidos sin atención médica. Entre abril y mayo, organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Tijuana, Veracruz y Nuevo León promovimos nueve amparos ante juzgados de distrito. Demandamos al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar a la población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional el acceso a la salud, a una estancia regular y a una vivienda digna. Los recursos jurídicos también buscaban que se suspendieran las detenciones y se liberara a las personas detenidas en las estaciones migratorias. A la fecha, seis de los nueve amparos han otorgado la suspensión a favor de las personas injustamente afectadas. Pero las autoridades no han cumplido cabalmente con las órdenes judiciales. Al contrario, las han evadido o han simulado su cumplimiento. Por ejemplo, la resolución del juez de la Ciudad de México ordena que se otorgue estancia regular a la población migrante y se les apoye a través de un programa social para que puedan sostenerse durante esta crisis sanitaria. También estableció la libertad inmediata de la población en situación de vulnerabilidad detenida en estaciones migratorias. Pero la realidad es que el Instituto Nacional de Migración realizó deportaciones masivas sin respetar el debido proceso, y sin darles a estas personas acceso al procedimiento de asilo. En un acto que refleja nula sensibilidad y criterio, el INM liberó a migrantes llevándolos del norte al sur, dejándolos a su suerte en las calles, donde han sido víctimas de delitos. No se sabe el destino de muchas de estas personas, si siguen en México y en qué condiciones, si regresaron a su país, o si han perdido la vida a manos del coronavirus o de las bandas de delincuentes que operan impunemente. Tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a un gobierno que cumpla con la ley. Tenemos derecho a instituciones que en vez de violar, garanticen los derechos de todas las personas de forma efectiva. Por obligación legal y por obligación ética, el presidente López Obrador debe ordenar a sus funcionarios el cumplimiento inmediato y cabal de las resoluciones del Poder Judicial. La responsabilidad ante la pandemia y el compromiso social con los pobres no se platica, se demuestra con hechos. El Consejo de Salubridad, como máxima autoridad durante la pandemia, tiene la obligación de dictar medidas efectivas –no como las dictadas hasta el momento– frente al riesgo que están corriendo mujeres, ancianos, niñas, niños y jóvenes migrantes y solicitantes de asilo. Si México ha decidido aceptar a la población deportada y/o expulsada de EUA, debe ser consecuente y brindarles las medidas de salud, atención y vivienda que requieren, no dejarlos a su suerte. El riesgo es para todas y todos, porque si el gobierno hoy incumple un amparo para proteger personas migrantes, mañana podría incumplir un amparo para protegerle a usted. [1] Ana Lorena Delgadillo es Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gretchen Kuhner es Directora General del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI). Alejandra Macías es Directora de Asylum Access México.
La Voz de Michoacán
