Bernardo León En 2018 el INEGI calculó que en México se cometieron 33 millones de delitos de los cuales Michoacán aportó 753 mil 041. Para 2020 la cifra nacional se redujo a 27.6 millones de delitos (unos 5 millones de delitos menos) y en Michoacán 721 mil 817 es decir, 31 mil delitos menos. La reducción a nivel nacional fue del 16 por ciento mientras que en Michoacán fue del 4 por ciento. Hasta ahora es difícil saber si la reducción nacional del 16 por ciento y la de Michoacán del 4 por ciento son resultado de la pandemia del coronavirus que limitó todo tipo de actividades (incluyendo las criminales) o si la reducción del crimen es una tendencia que va a permanecer en el tiempo. Para saber tendremos que esperar a septiembre de 2022 en que salgan los datos definitivos de 2021 y comprobar si es una tendencia de reducción o si fue efecto del cierre de actividades provocado por la pandemia. La cuestión de fondo radica en evaluar si el resultado de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia penal han tenido algún efecto positivo tanto en el número de víctimas de delitos como en la percepción que tiene la ciudadanía de su seguridad. En marzo de 2022 el 66 por ciento de los mexicanos dijo que se sentía inseguro en la ciudad donde vivía, en Morelia paso del 73 por ciento en diciembre de 2021 al 77 por ciento en marzo de 2022, en Uruapan el 86 por ciento y en Lázaro Cárdenas el 49 por ciento casi sin variaciones en el último trimestre. Comparativamente, la ciudad donde la gente se sintió más segura en México fue San Pedro Garza García donde solamente el 11.7 por ciento de la población se sintió insegura, mientras que la peor fue Ciudad Obregón, Sonora donde el 94 por ciento de la población se sintió insegura. Los datos anteriores no parecen muy alentadores, da la impresión de que el problema de inseguridad en México y en Michoacán no van a mejorar en el corto plazo y que las políticas públicas de “abrazos y no balazos” no sólo no están teniendo un efecto positivo en la seguridad, sino que promueven el incremento del crimen y la impunidad de los criminales. Por otro lado, aunque los datos duros nos pueden dar una idea de cómo va la seguridad, hay información cualitativa que es más difícil medir pero que tampoco permite el optimismo. La percepción de consumo o venta de drogas cerca del domicilio ha ido incrementándose de manera sostenida desde 2012 y la información de pago de piso para poder tener un negocio, recibir autorización de la organización criminal local para postularse a un cargo de elección popular o la debilidad de las policías y fiscalías para controlar el crimen se ha convertido parte de la conversación cotidiana. La pregunta de fondo es ¿qué situación de seguridad van a heredar los gobiernos federal, estatal y municipales en 2024? y considerando que no parece que haya mejoras sustanciales en el tema, parece que en el sexenio 2024-2030 nuevamente el gran tema será la disminución y el control de la criminalidad y el acceso a la justicia para las víctimas. Se sigue perdiendo el tiempo repitiendo políticas públicas que no han funcionado y generando cada vez más sofisticados pretextos para justificar el crecimiento – o en el mejor de los casos estancamiento – de la criminalidad, pero parece que se les ha acabado la imaginación a las autoridades para innovar y medir con resultados los efectos del gasto en seguridad y acceso a la justicia que se hacen cada año. Por el momento, los datos del INEGI y la percepción sobre seguridad que tiene la población permiten pensar que la solución al problema sólo llegará hasta después de las elecciones de 2024, cuando las autoridades actuales cambien y eso permita ofrecer diferentes soluciones y políticas que puedan medir en resultados no en actividades y en percepciones positivas sobre la seguridad. Hay –aunque de manera marginal– algunos casos esperanzadores en el país, sin embargo, la mayoría quiere seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. NO va a pasar. Autoridades: ¿Van a seguir esperando hasta el 2024? @bernardomariale
La Voz de Michoacán
