Salvador García Espinosa Cuando uno escucha hablar de Michoacán, valdría la pena preguntarse: ¿A cuál Michoacán se refieren? Y es que, una de las principales características de la entidad es su diversidad geográfica y humana que, en un afán de valorar las diferentes regiones como condicionantes ineludibles del desarrollo, ha propiciado que el territorio estatal se haya subdividido en diez distintas regiones. Ante tal diversidad, el asunto del desarrollo regional se vuelve complejo, pues las potencialidades van desde aspectos logísticos, aduaneros y comerciales del Puerto Lázaro Cárdenas, al sector minero de Tierra Caliente, con minas de oro, plata, cobre y plomo; sin olvidar los 213 kilómetros de litoral al Pacífico, que constituyen un campo fértil para la pesca y el turismo; además, claro está, de la tradicional actividad turística, las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de Michoacán. En cada una de estas regiones se han tenido épocas de bonanza y prosperidad, pero también de crisis y periodos difíciles, que se pueden explicar en función de la existencia o no de apoyos gubernamentales, falta de inversión, inseguridad, cambios en el mercado mundial, aspectos ambientales y muchos otros aspectos. Lo cierto, al final del día, es que en cada región sus habitantes continúan día a día, invirtiendo su capital más valioso, su trabajo y esfuerzo por hacer de cada una de estas regiones la más próspera de Michoacán. Un aspecto insoslayable y que contrasta con el potencial de Michoacán, es que constituye una de las entidades con el mayor índice de migración y la segunda entidad en términos de captación de remesas, al recibir durante el 2021, cuatro mil 985 millones de dólares, monto mayor al presupuesto del gobierno estatal y que, en su mayoría se canalizan al sustento básico y mejora de vivienda, más que en actividades productivas. La premisa de que la educación constituye el principal vehículo de movilidad social, cada día parece ser menos cierta, pues un título universitario no garantiza un mejor nivel de vida y, en ocasiones, ni siquiera un empleo bien remunerado. Esto se debe a una desarticulación entre las políticas y esfuerzos en materia educativa y los realizados por el propio gobierno para el impulso de desarrollo económico y social. Las estadísticas señalan que la cobertura en educación superior presenta una media nacional del 42 por ciento, y la meta nacional es llegar al 50 por ciento en 2024. Para Michoacán el panorama es sumamente grave, de cada 100 jóvenes que deberían estar cursando la universidad, sólo 30 se encuentran en aulas de alguna institución de educación superior pública o privada. El subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro, estima que para alcanzar la meta “se requiere que la matrícula total de licenciatura llegue a cubrir a 5.5 millones de jóvenes”. Lo relevante del caso es que se considera que 3.7 millones de jóvenes entre 18 y 22 años serán atendidos por instituciones públicas y el 32 por ciento, es decir 1.8 millones, estudiarán en instituciones particulares. Para Michoacán la situación es aún más grave, no sólo porque sólo el 58 por ciento de la matrícula de educación superior se encuentra en instituciones públicas, el 42 por ciento restante se distribuye en planteles privados, sino porque no se debe olvidar que el porcentaje de pobreza en Michoacán es 4.1 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9 por ciento), y el 34.8 por ciento del total de la población se considera por el Coneval vulnerable por carencias sociales, es decir, poco más de 1.5 millones de personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Bajo este contexto, pensar que casi el 50 por ciento de los jóvenes en edad de cursar una carrera universitaria lo hacen en una escuela privada, ilustra el esfuerzo tan significativo que deben realizar miles de familias para proporcionar educación a sus hijos; ya que, adicional al pago de colegiaturas, en la mayoría de los casos se generan gastos para solventar hospedaje, transporte y manutención, pues las instituciones de educación superior (públicas y privadas) se concentran en solo algunos de los 113 municipios michoacanos como Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad y Zitácuaro. Hay que considerar que si bien la disponibilidad de jóvenes con habilidades y conocimiento especializados resulta un factor sine qua non para atraer inversión productiva privada. El impulso al desarrollo regional requiere de la conjugación entre políticas educativas y económicas. Dicho en otras palabras, no porque egresen muchos médicos se obtienen como consecuencia más hospitales y clínicas. No porque haya muchos ingenieros el sector industrial crecerá en México. Debemos comprender que este Michoacán tan diverso y que sin duda representa un campo laboral potencialmente amplio para jóvenes profesionistas, solo será posible su aprovechamiento, si existe inversión pública pues, hoy por hoy, es el principal incentivo para propiciar la inversión privada e impulsar el desarrollo regional, pero el actuar gubernamental no termina aquí, es preciso que garantice un estado de derecho que proporcione certeza en la persecución de objetivos trazados a corto plazo. Ahora bien, las principales acciones gubernamentales en materia de educación superior que se requieren, para el caso particular de Michoacán, se considera que deben realizarse a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no solo para lograr que un mayor número de jóvenes tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, sino que se debe garantizar una mayor pertinencia de los programas educativos con relación a la realidad regional, a fin de garantizar el futuro empleo de los jóvenes profesionistas e impulsar los sectores económicos estratégicos del desarrollo estatal. Se trata de generar una correcta y renovada articulación entre la Universidad y el gobierno, con su realidad regional y su pertinencia social. colecciudad@gmail.com
La Voz de Michoacán
