Diego Herrejón Aguilera El fanatismo, del vocablo fanum, templo, e ismo, doctrina, viene siempre acompañado de la crueldad irracional desde la fundación de las religiones. Mantener el ordenamiento religioso y la conducta humana apegado a la ley divina, representa el eje central del fanatismo, del adulador del templo. De la conducta fanática, se han erguido instituciones cuya única misión es la de averiguar y castigar los delitos contra la fe, las herejías: brujería, hechicería, bi o poligamia o cualquier otra práctica material o de pensamiento que vaya a contracorriente de las leyes divinas o dogmas oficiales. Las herejías eran activamente perseguidas mediante los tribunales inquisitoriales. Tanto el inicio del proceso de acusación como el elemento probatorio, aquel dato que permite determinar la veracidad de lo que se afirma, comenzaba mediante el rumor. El rumor excitaba al órgano inquisitorial a comenzar con el proceso acusatorio; a su vez, el mismo rumor inclinaba la decisión del juez de condenar al acusado. El “me dijeron que lo vieron”, “se dice que hizo esto”, tenía tanta fuerza que, de acuerdo con el momento contextual o a la intensidad, podría acabar con la muerte del rumorado. Los testigos y su identidad eran anónimos. Los encargados de expandir el rumor hasta llegar al oído del juez eran “la familia” o “los familiares”. Gente dentro de la institución inquisitorial que fungían como fanáticos, aduladores del dogma. Para pertenecer se requería ser ciudadanos de bien, que su imagen frente a las acusaciones fuera intachable. Mientras tanto, el acusado debía probar que estos rumores iniciados por la familia eran falsos. Inicio con el rumor para hablar del reciente juicio al exsecretario de Seguridad Pública. No existió la figura de “la familia”; los testigos no contaban con una imagen intachable para dar su testimonio, y su validez como testigos dependía de una sola cosa: varios de ellos eran criminales confesos, varios de ellos detenidos por el acusado. De su testimonio se desprendían beneficios que garantizaban la reducción de sus condenas. Hablar del funcionario que los detuvo significaba salir antes de la privación legal de su libertad. Durante el juicio, que debía buscar el veredicto ante los cinco cargos que se le imputaban, surgieron testimonios que mezclaban la realidad con lo inverosímil: criminales que confesaron no haber conocido a García Luna, u otro al que se le salió una lágrima al recordar a sus animales exóticos dentro de una mansión incautada durante un operativo. El veredicto, tras tres días de deliberación, resultó en la culpabilidad de Genaro García Luna por los cinco cargos que se le imputaban. La palabra “criminal” fue suficiente como elemento probatorio: durante la intervención, la fiscalía no mostró ninguna prueba física, fotografías, estados de cuenta, videos, que pudieran implicar a García Luna con lo dicho por sus testigos. Fue únicamente el rumor convertido en prueba suficiente y probatoria para que el jurado estadounidense dictaminara la culpabilidad del acusado. Con esto, no critico la legalidad del juicio ni del veredicto, sino la facilidad con la que la justicia estadounidense pudo actuar sobre el exfuncionario mexicano. La victoria jurídica de Estados Unidos de América (EUA) contra el mexicano no es, ni debe, tomarse como una victoria del gobierno mexicano, sino como una advertencia política a todos los funcionarios quienes han estado o están en posiciones de poder. A inicios de año, los senadores republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz introdujeron en la cámara legislativa una iniciativa que pretende legalizar la actuación de las fuerzas armadas estadounidenses sobre el territorio mexicano, con la intención de frenar la amenaza del fentanilo y sus derivados. Cazar, en territorio nacional, a la estructura principalmente del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes son reconocidos por el gobierno de Estados Unidos como por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como los principales productores y distribuidores de esta droga. La clara amenaza sobre la soberanía nacional incitó la pronunciación de Ricardo Monreal sobre el asunto, a lo que Crenshaw respondió indicando la complicidad entre algunos funcionaros del partido oficialista y el narcotráfico. Los motivos del impulso de la ley se sostienen en eventos que muestran el descuido del Estado Mexicano en el combate al crimen organizado durante el gobierno de López Obrador: el culiacanazo, los conflictos entre carteles en la frontera norte, el granadazo en el consulado de EUA en Nuevo Laredo y las constantes amenazas en la seguridad de ciudadanos americanos en el territorio nacional. Las noticias, como el secuestro de cuatro civiles de nacionalidad estadounidense por el crimen organizado el pasado viernes, enaltecen lo que será, después de la migración, el nuevo estandarte político para las elecciones presidenciales en EUA: la lucha contra las drogas, espacialmente el fentanilo. Donde, sin duda, el gobierno de AMLO es culpable por el crecimiento de los carteles y de la deficiente estrategia de seguridad. Culpabilidad que ha sido advertida por funcionarios de la DEA, quienes insisten que México haga más por el combate al narcotráfico. El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, podría incentivar la lucha y la presión política entre México y su vecino del norte. La facilidad legal con la que se convierten los rumores criminales en elementos probatorios debería intimidar al gobierno de México y a sus actuales funcionarios, ante la maquinaria política de los estadounidenses, sobre todo, cuando las instituciones de EUA han señalado como deficientes las políticas de seguridad del gobierno de AMLO. La llegada de las campañas presidenciales en EUA fomentará una nueva inquisición política ante los malos resultados del gobierno mexicano en materia de seguridad. @DiegoHerrejonA
La Voz de Michoacán
