Mexicanos Primero Michoacán, A.C. Horacio Erik Avilés Martínez No cabe duda de que la mayor inversión del bono democrático de la actual administración federal se orientó a lograr una transformación educativa en el país, tema que ante las condiciones inaceptables en que se encontraba, se encontraba públicamente señalado como un foco rojo en la agenda pública nacional. Medio sexenio después, la actual administración estatal, que encabeza el Ing. Silvano Aureoles Conejo, se comprometió públicamente a tomar el tema educativo en serio, paralelamente con la seguridad pública y el saneamiento de las finanzas estatales.Hoy, en la víspera de su segundo informe de labores, el eslogan oficial menciona que en Michoacán se están haciendo las cosas bien. Al respecto, la regularidad del sistema educativo michoacano será el mejor indicador de que nuestra entidad se está gobernando debidamente. En la medida en que más de un millón de estudiantes coterráneos vivan su derecho a aprender en plenitud, estaremos en la ruta de alcanzar escenarios transformadores de la realidad que hoy nos embarga. Lograr tan alta misión sería imposible sin un aliado clave: los trabajadores de la educación. La delimitación está científicamente comprobada. En el Reino Unido, Michael Barber concluyó después de múltiples investigaciones, que la calidad de un sistema educativo no puede exceder a la calidad de sus maestros. Justamente en este contexto, es que se enfrenta la educación michoacana a una realidad compleja en materia laboral, ya que hay una gran cantidad de conflictos potenciales y en tránsito que pudieran sabotear una vez más el Ciclo Escolar 2017-2018. Antes de adentrarse a la casuística es imprescindible considerar que para que la educación estatal opere mejor, es un prerrequisito que sus trabajadores tengan las condiciones laborales óptimas, el perfil adecuado, la capacitación y el reconocimiento acordes a su entrega y capacidad profesionales. Un sano clima laboral, manuales y perfiles de puestos, organigramas y atribuciones debidamente delimitadas, una sana relación con las fracciones sindicales, así como actividades de integración y el liderazgo adecuado coadyuvarán ampliamente a lograr los altos objetivos de la educación michoacana. Más aún, la confianza en alcanzar las metas educativas está depositada casi completamente en los trabajadores de la educación michoacana. Desde hace años, la distribución del gasto público educativo está dedicado casi exclusivamente al pago de la nómina. Es decir, los accionistas sociales, los ciudadanos, pagan impuestos para que la educación michoacana se desarrolle y estos recursos se destinan a pagar a los trabajadores de la educación. En esa medida debe de ponderarse la responsabilidad educadora que deposita nuestro pueblo. Aunado a lo anterior, si 97 de cada 100 pesos del gasto educativo se destinan a pagar la nómina magisterial, razonable es que en ella resida la explicación del alto costo de nuestro sistema educativo que nos ubica en el cuarto lugar nacional por su monto en relación con el escaso logro educativo manifestado en los indicadores respectivos que invariablemente nos ubican muy por debajo de la media nacional y frecuentemente en los últimos lugares. Es decir, la relación costo/beneficio vigente es inconsistente con las necesidades educativas de una entidad que se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en indicadores como el analfabetismo, la deserción y la reprobación escolar, la falta de cobertura educativa, especialmente en educación media superior y superior, así como una escasa eficiencia terminal. La inefectividad de los recursos destinados al pago de nómina magisterial no es casual, sino causal. Tiene explicación en la enorme cantidad de actos de corrupción que históricamente se han perpetrado al interior de las dependencias que conforman el sector educativo estatal. Sin embargo, la corrupción no lo explica todo. No es tampoco coincidencia que los principales conflictos que se suscitan en estos días en la Secretaría de Educación en el Estado sean precisamente en torno al tema de recursos humanos. Recientemente se ha revelado un escándalo en torno a actos presuntamente transgresores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Michoacán, al darse la situación de que funcionarios públicos que ocupan cargos de representación popular, paralelamente cobran como trabajadores de la SEE, lo cual se aúna a los 43 casos locales señalados por el propio titular de la SEP en la nación. Sin embargo, es la punta del iceberg. Es necesario realizar una investigación a fondo, que contemple una auditoría de recursos humanos que conlleve compulsar las nóminas municipales, del Congreso del Estado y organismos descentralizados con las de todo el sistema educativo para sanear esa situación. Sin embargo, el problema no acaba ahí, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está emplazada a huelga por parte del SUEUM, por supuestamente haberse violado 27 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo. Las amenazas de conflicto se encuentran latentes y pueden, en caso de manejarse ligeramente por parte de alguno de los actores en disputa, conllevar la suspensión de labores de la máxima casa de estudios estatal. Retornando a la Secretaría de Educación en el Estado, en ella, la delegación de trabajadores administrativos ubicada en las oficinas centrales en la SEE, denominada D-III-6 realiza un paro indefinido de labores, debido a circunstancias de adeudos en cuanto a estímulos al servicio laboral, tales como el apoyo para compra de lentes, así como la situación de una cooperativa que vendía alimentos sin contar con autorización de licencia sanitaria.En suma, las peticiones realizadas ascienden a los diez millones de pesos. Aunado a lo anterior, la CNTE, dentro de su relativo bajo perfil, tampoco ha cejado en sus reclamos y peticiones, relacionadas en torno a recursos económicos. En subsistemas de educación media superior también hay elementos de conflicto. Por ejemplo, en el CECyTEM, recientemente la dirección general ha privilegiado a uno de los sindicatos, otorgándole exclusividad en el pago de prestaciones, generando la reacción del sindicato minoritario, lo cual amenaza el debido inicio del Ciclo Escolar 2017 – 2018, ya que no se augura una solución pronta, por haberse transgredido la dignidad de los trabajadores.Asimismo, hay situaciones en DGETI y COBAEM que probablemente compliquen el servicio educativo. Por si fuera poco, los militantes del movimiento normalista realizan acciones de protesta intermitentes, exigiendo sus consabidas plazas automáticas. Aún no forman parte de la nómina educativa y ya presionan a la autoridad. La presión hacia las autoridades está planteada y parece ser la principal amenaza para que el Ciclo Escolar 2017 -2018 sea el punto de inflexión que toda la sociedad michoacana merece. Está en la autoridad educativa atender las demandas legítimas de los trabajadores de la educación estatales, en la medida de las condiciones existentes. Por otra parte, también está bajo su responsabilidad no ceder a la presión para lograr diluir y reducir al absurdo los caprichos y exigencias de los gremios, especialmente la agenda confidencial de las cúpulas que exigen prebendas inaceptables, ya que son obtenidas a costa del dinero destinado a la educación de nuestros hijos. Paralelamente, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de arropar las medidas legítimas que tomen las autoridades en ejercicio de sus atribuciones, independientemente de las reacciones que puedan darse por incumplir caprichos de unos cuantos. En este marco contextual, dimensionemos la enorme inversión social que realizaremos los michoacanos a partir del próximo lunes y encunemos con todos los medios a nuestro alcance los sueños y aspiraciones de los hijos de Michoacán, garantizando y haciendo cumplir su constitucional derecho a aprender en las mejores circunstancias posibles. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
