Democracia e inversión educativa

Es momento de que se propicie que haya más y mejores debates para que se contrasten lo más posible las plataformas electorales en materia educativa que enarbolen los diferentes candidatos a ocupar puestos de elección popular.

MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN

Horacio Erik Avilés Martínez

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Para garantizar los derechos educativos de las generaciones en formación debemos demostrar con hechos que aprender importa. Más allá del discurso, las promesas huecas y la inmensa falta de compromiso que suelen mostrar candidatos a puestos de elección popular y funcionarios en materia educativa, el proceso electoral abre la posibilidad de visibilizar en la agenda pública los problemas, asimetrías y rezago imperantes, los cuales deben de solucionarse a la brevedad posible.

Los indicadores educativos no mienten, por lo que la crisis que constantemente se exhibe a través suyo debe impeler a la acción a los responsables de la política educativa, así como a los candidatos, partidos políticos y equipos de campaña, en aras de construir soluciones a los retos que subsisten sexenio tras sexenio en el sistema educativo nacional y estatal en particular.

Empero, constituye una inmensa contradicción de nuestro sistema político, que aspira a ser democrático, la inmensa inversión pública que se realiza para otorgarle recursos a los partidos políticos con la finalidad de que fondeen sus campañas electorales, lo cual contrasta con las inmensas carencias que están presentes en el sistema educativo, al cual se le invierten pocos recursos, mal fiscalizados y muy poco transparentados.
La situación se agrava cuando ponderamos las decisiones que se toman en las urnas, las cuales no necesariamente eligen al mejor perfil, ni generan tampoco contrapesos en torno al poder, mucho menos propician alternancias. Es más, no se propicia mayor debate, ni se eleva suficientemente la exigencia en pro de mejores promesas de campaña y de volverlas realidad a la brevedad posible.

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Entonces, a pesar de que claramente invertir en educación propicia el desarrollo democrático, resulta inaceptable que se prefiera destinar recursos públicos para el pago de propaganda, en lugar de impulsar la formación de la cultura electoral de la ciudadanía.

Mientras persista el contrasentido que implica dotar de dinero a partidos políticos para persuadir el electorado en lugar de formar mejores ciudadanos desde las aulas, seguirán apareciendo fenómenos muy indeseables como resultado de inversiones que no desarrollan la cultura cívica de los votantes.

Nuestra democracia seguirá siendo incipiente, estará estancada y hasta retrogradará mientras no mejore el sistema educativo, para formar ciudadanos que constituirán a su vez un electorado crítico, discerniente y evaluativo que tenga herramientas que le permitan generar el cambio social que requiere nuestra natural evolución como seres humanos.

Por el contrario, no contribuye en lo absoluto al desarrollo democrático de nuestra nación la inversión en campañas políticas de baja categoría, así como las tropelías que se cometen desde el poder público, al generarse medidas asistencialistas, las cuales incluyen la entrega amplia de dádivas mal disfrazadas de apoyos sociales s en pleno proceso electoral. La apelación a las emociones, a los intereses y a la cooptación del electorado a través de las acciones de campaña que emprenden los partidos políticos y sus candidatos choca de frente con la exposición de evidencias, argumentos y proyectos, así como de dirigirse al electorado como personas adultas, críticas, informadas y con capacidad de análisis y discernimiento, de tal manera que se tomen decisiones racionales en las urnas.

La situación se agrava más cuando esta falta de altura de las campañas electorales se entrevera con grupos fácticos, los cuales también suelen ser piramidales, con una base de personas explotadas, atraídas con engaños u obligadas de una u otra manera a realizar acciones de presión para obtener posiciones de poder en mesas de negociación políticas, sin importar que los recursos, privilegios, procesos y posiciones que se arranquen al gobierno provengan de los montos previamente destinados a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Como ejemplo de lo anterior, no sorprende a nadie que existan movimientos gremiales y normalistas que estén adueñados del espacio público y del sector educativo, los cuales, sincrónicamente con el periodo electoral es cuando causalmente elevan las afectaciones que causan con sus medidas de movilización y presión hacia las autoridades. La ciudadanía que no participa en esta clase de movimientos suele estar menos organizada y demasiado ocupada resolviendo sus necesidades básicas de supervivencia como para presionar suficientemente a la autoridad y a los políticos a presentar mejores horizontes de futuro para el sistema educativo nacional, de tal manera que se garanticen plenamente los derechos educativos de las generaciones en formación.

Sin embargo, la situación que se vive en la nación, en la entidad, en los municipios y sus comunidades es compleja y requiere la construcción de soluciones inmediatas, ya que procrastinar la evolución del sistema educativo lastra el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes, así como limita el desarrollo político de nuestra nación, condenando a millones de personas a permanecer en la pobreza, en la marginación, en la ignorancia, a obtener muy bajas retribuciones por su trabajo y a permanecer en la inmovilidad social.

No podemos permitirnos se perpetúe la crisis social. Es momento de alzar la voz para pedir que se eleve el presupuesto asignado para el sistema educativo nacional de acuerdo con los porcentajes del producto interno bruno nacional, así como se distribuya bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y equidad. Así también para que, los aspirantes y candidatos presenten propuestas, planes, programas y proyectos que posibiliten la vivencia plena de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán de Ocampo, a estar, a aprender y a participar en las escuelas públicas.

Es momento de que se propicie que haya más y mejores debates para que se contrasten lo más posible las plataformas electorales en materia educativa que enarbolen los diferentes candidatos a ocupar puestos de elección popular. Resulta inaceptable que se guarde silencio ante la situación que guarda el sistema educativo estatal, donde, por ejemplo, reconocen los funcionarios presentes, que apenas cinco de cada cien estudiantes que ingresan al sistema educativo michoacano obtienen un título universitario. Así también, aceptan que nos seguimos encontrando en las peores situaciones del país en materia de abandono escolar, ya que a miles de estudiantes de secundaria y bachillerato no se les brindan las condiciones para que permanezcan estudiando hasta culminar trayectorias completas, las cuales les posibiliten forjarse un futuro sostenible por su propio esfuerzo, hasta alcanzar las mejores versiones posibles de sí.

Para tales efectos, será preciso fijar indicadores mínimos que permitan establecer metas a las cuales se comprometan tanto las autoridades educativas que aún se encuentran en funciones como los candidatos a ocupar puestos de elección popular, tomando en cuenta como una altísima prioridad mejorar radicalmente el sistema educativo, por encima de la rentabilidad político-electoral que manifiestan las encuestas, donde suele manifestarse que la inseguridad, la corrupción, el mal gobierno y la situación económica son los principales problemas por resolverse, cuando todos ellos guardan correlaciones estrechas con la situación educativa, pudiendo ser una ruta certera de incidencia en la transformación social actuar desde el sistema educativo, aula por aula, escuela por escuela, formulando un antídoto desde los planes, programas, materiales, libros de texto, a partir de la educación básica.

Gobernar es presupuestar. El discurso que no está imbricado a la inyección de recursos para hacer que las cosas sucedan es simple demagogia y un descarado engaño a la ciudadanía. Resultaría inaceptable pensar en fijarse metas educativas sin prever presupuestalmente la asignación de los montos del erario que sean necesarios para ejecutar políticas públicas que dignifiquen el ejercicio de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes. Entonces, resulta invaluable la acción que puedan emprender estudiantes, padres de familia, maestros y habitantes de las comunidades en general para dialogar frontalmente con los aspirantes, políticos y funcionarios en el sentido de que deben de esclarecer cuánto dinero destinarán para volver realidad todas las promesas que se espeten durante el proceso electoral. Estipulando metas, presupuestación, fijando plazos, asignando responsables y estableciendo medidas de gobernanza, transparencia, evaluación, seguimiento y mejora continua podremos estar más cerca de alcanzar el punto de inflexión que nuestro sistema educativo requiere para brindarles vivencia plena de sus derechos humanos en las aulas a los estudiantes.

Finalmente, si se logra implementar todo lo anterior, rompiendo los atavismos que generan barreras al ingreso, permanencia, aprendizaje y participación escolares, será posible discutir a profundidad los conocimientos, saberes, destrezas, aptitudes y competencias que requieren los ciudadanos en formación para poder generar mejores escenarios para el cambio social y el desarrollo de nuestra democracia, impidiendo la cooptación, la manipulación, la difusión de sofismas, posverdad, falacias, pensamiento mágico y todo intento de obnubilar la conciencia del electorado para abusar del poder en beneficio de unos cuantos. La escuela pública es una institución forjadora de cultura democracia por antonomasia, lo cual se tiene que demostrar en los hechos cuanto antes. El cambio social se gestará en las escuelas públicas y para ello se requiere dejar el dispendio en eslóganes, propaganda, videos y técnicas burdas de seducción y confusión hacia el electorado, para dar paso a campañas serias, comprometidas y  trazables donde los accionistas del gobierno, los ciudadanos, podamos tener la mayor cantidad de evidencias para la toma de decisiones que se realizarán el próximo dos de junio, fecha en la cual se evaluará a los gobernantes en el poder y, a la vez, se determinará el rumbo que tomará nuestra nación, nuestra entidad federativa y nuestros municipios en particular. Exijamos mejores campañas, donde se dirijan a la razón, con argumentos y evidencias fehacientes, presentando escenarios honestos para la transformación educativa, donde a su vez, se construya la evolución de nuestra democracia. Merecemos un gobierno educador.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C