Escuelas sin maestros: Contradicción lacerante

El problema de grupos sin docentes perdura a pesar del cambio de calendario, por lo cual aún no se tienen regularizados a plenitud los servicios educativos en todas las comunidades escolares de la entidad federativa.

MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN

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Erik Avilés Martínez

Durante el reciente regreso a clases, una vez concluidas las vacaciones decembrinas, el monitoreo del rearranque del ciclo escolar no fue el foco principal de los medios de comunicación en la entidad. Las notas del Consejo Técnico Escolar, de las acciones en torno al día de Reyes, convocatorias y comunicados de prensa, así como modificaciones de horario respecto a la situación climatológica ocuparon la agenda educativa en esta semana.

La ausencia de reflectores y de demanda social permitió que 2024 constituyese un año que, para muchas escuelas, arrancó a destiempo; al haberse destinado originalmente la primera semana a labores técnico-pedagógicas y de formación continua. Sin embargo, planteles que no cuentan con suficientes controles administrativos ni supervisión, acomodaron sus labores a conveniencia, prolongando las vacaciones para después consumir días del calendario escolar destinados a labores frente a grupo. De esta manera, programaron la reapertura a partir del 8 de enero, siendo que debieron estar todos los planteles realizando su Consejo Técnico Escolar, los días 4 y 5 de enero, para continuar con el proceso de apropiación y aplicación de la Nueva Escuela Mexicana. No sucedió así y, de esta manera, una vez más, a un número aún no transparentado por la autoridad educativa estatal de niñas, niños y jóvenes matriculados en las escuelas michoacanas, se les escatimaron un par de días de clases más, que se suman a la cuenta de los que se pierden durante este ciclo escolar.  Seguramente, conforme avancen las semanas, nuevamente se reactivarán las medidas de presión social para exigir plantillas completas de personal para las escuelas michoacanas, por parte de padres de familia y grupos gremiales.

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Más aún, es momento en el cual no se ha volteado a verificar si efectivamente todos los planteles educativos regresaron cabalmente a laborar, razón por la cual no se ha emitido un comunicado oficial donde se dé cuenta honesta del estado que guarda la reapertura escolar en esta segunda parte del ciclo escolar 2023-2024.

Además de la irregularidad anteriormente señalada, es un hecho que aun abriendo todas las escuelas hubiera sido imposible que todas las niñas, niños y jóvenes en la entidad ejercieran en plenitud sus derechos a estar, a aprender y a participar en las comunidades educativas, porque, además de que la cobertura aún no es del cien por ciento, continúan faltando maestros en muchas aulas de la geografía michoacana.

El problema de grupos sin docentes perdura a pesar del cambio de calendario, por lo cual aún no se tienen regularizados a plenitud los servicios educativos en todas las comunidades escolares de la entidad federativa.

Al cierre del ciclo escolar anterior, se vertieron cifras por parte de las autoridades educativas locales respecto a la ausencia de docentes, las cuales contrastaron con las que expusieron las fracciones gremiales, pero en todo caso son cifras que superan el millar de ausencias, sin que ninguno de los bandos en disputa presentase evidencias fehacientes del estado que guarda la política de asignación de docentes; concordándose en que efectivamente hay muchos grupos sin maestros hasta el momento.

La situación no debería ser tomada a la ligera, ni mucho menos normalizada. Una escuela sin maestros es análoga a un hospital sin médicos, a una patrulla sin policías o a una fiscalía sin agentes del ministerio público: constituye un testimonio contundente del abandono institucional, que se olvida de proveernos a la ciudadanía, así como a las infancias y juventudes a sus primeros garantes de los derechos humanos que deberían de garantizarse en sus instalaciones.

A pesar de la inmensa aberración que constituye en sí tener aulas abandonadas y la intrínseca avalancha de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes, a la normatividad que rige a los servidores públicos y a las leyes en materia de fiscalización, entre muchas aristas del marco legal, la situación continúa ocurriendo. Ni las instrucciones presidenciales, ni del gobernador, ni las declaraciones de la titular de la educación en la entidad se han materializado en la totalidad de las escuelas a la fecha. Las causas por las cuales continúa lo anteriormente descrito ocurriendo son muchas, veamos algunas de ellas:

El desvío multimillonario de recursos multimillonario que implica la ausencia de maestros, operada a través de las redes de corrupción, que a la fecha continúan operando a su favor, haciendo perdedizos los interinatos, contratando personal eventual para cubrir las vacancias, obligando a maestros frente a grupo a abandonar sus responsabilidades para crear espacios que ellos habrán de monetizar, entre muchas otras argucias.

La pusilanimidad de parte de las autoridades para que exista estado de derecho, toda vez que no aplican las medidas punitivas que podrían sentar precedentes ejemplares para inhibir este tipo de conductas.

El desorden administrativo imperante, como el detectado en el “pase de lista” virtual que realizó la Auditoría Superior de la Federación como una tímida forma de fiscalizar el gasto en el FONE en 2021-2022, en la cual se detectaron 13 mil trabajadores de la educación fuera de sus centros de trabajo, donde oficialmente están registrados y, por ende, en donde se radica el pago.

La falta de mecanismos de control de asistencia de recursos humanos, donde a la fecha, a lo sumo se usan bitácoras de asistencia, las cuales pueden ser violentadas con suma facilidad, aparentando que no existen irregularidades, aunque en los hechos así suceda.

La violencia, la criminalidad y las acciones de la delincuencia organizada, que busca apropiarse de la escuela para realizar fechorías inenarrables: desde amenazas a los trabajadores de la educación, cobro de cuotas, derecho de piso para la cooperativa escolar, el tráfico de estupefacientes y hasta emplear los albergues escolares como dormitorios de aprendices de sicario y asaltarlos como botín para realizar trata de personas, lo cual se aúna al fuego cruzado entre grupos delincuenciales y el uso de las comunidades escolares a manera de escudo humano.

La formación inicial docente que no fue pertinente ni logró reafirmar la vocación entre quienes son asignados a comunidades marginadas, alejadas o en contextos complejos, por lo cual abandonan el centro de trabajo a la mínima oportunidad o bajo el más bizantino pretexto.

La carencia de pagos puntuales a los trabajadores de la educación, cuyos retrasos hacen que se vuelva materialmente imposible sostener la estadía en una comunidad alejada, así como la falta de cajeros automáticos o de sitios para el canje de cheques en ciertas regiones de la entidad federativa.

El desvío de personal hacia labores ajenas a las magisteriales: hacia labores de ayudantía, de asesoría, de atención a programas, cuestiones administrativas y cualquier motivo que los aleje de las aulas.

Los intereses políticos, que tomarán redoblada relevancia durante este proceso electoral que se vive durante el presente semestre, ya que implicará el desvío de personal educativo hacia cuestiones proselitistas y electorales.

La falta de defensa verdadera de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, la cual ha permitido que surja entre la disidencia magisterial la figura de gestor, quienes se dedican a hacer trámites y servicios ante las oficinas educativas y con ello se desvían de sus labores.

La tentación de manipular los recursos humanos del sector educativo. Al ser la nómina más grande de los gobiernos estatales, también suele ser la que más se manosea, a la que más se le corrompe y se incrustan personas sin vocación, perfil, ni experiencia profesional para garantizarles un salario fijo vitalicio, generando problemas que se sufren por décadas.

La imprecisión e inexactitud de los gobiernos al formular las políticas públicas. Recordemos que, el año pasado, Mexicanos Primero capítulo Michoacán realizó un estudio de percepción en donde se visualiza que los ciudadanos, cuando son recipiendarios de apoyos sociales incrementan en promedio un 20 por ciento su calificación a la política educativa, a los mandatarios y partidos políticos en el poder. Conociendo esa cifra, no es difícil comprender la obstinación por regalar.

Las consecuencias que viven los afectados son terribles:

Las niñas, niños y jóvenes dejan de recibir la supervisión, acompañamiento y trabajo docente directamente, quedando a la deriva a veces durante varios ciclos escolares.

Muchas veces quedan encargados, con personal descargado de actividades frente a grupo, con el prefecto, trabajador social, o hasta con los intendentes, sin vocación, sin conocimiento alguno de los contenidos programáticos, mucho menos del contexto de aprendizajes, socioeconómico o socioemocional de cada uno de los estudiantes.

La pérdida de aprendizajes, el escaso desarrollo de competencias para la vida y las limitaciones en su desarrollo integral les generan consecuencias sistémicas y vitalicias, que van desde su ingreso mensual promedio, hasta su esperanza de vida.

Se carece de una relación directa entre docentes, padres de familia y estudiantes, que permita resolver las áreas de oportunidad y canalizarles en caso de necesitar apoyo especializado.

En los casos más extremos, quedan a merced del acaso, ya que no en todos los planteles existe siquiera una barda perimetral, pudiendo fácilmente ausentarse del recinto escolar para realizar toda clase de actividades sin supervisión alguna.

La pérdida de reputación de los planteles escolares. Una escuela que no tiene maestros nadie la toma en serio. El desprestigio para la comunidad educativa cunde y puede durar años en recuperarse.

Ser un escalón para el abandono escolar y la ruptura de trayectorias educativas. Al ser el costo de oportunidad en materia de vivencia de derechos humanos prácticamente igual a cero, los estudiantes dejan de acudir a las escuelas.

El sacrificio que se realiza para poder llegar a las escuelas deja de valer la pena. El costo de oportunidad se vuelve infinito ante la nula compensación que brinda acudir a una no-escuela.

El mal ejemplo se propaga. El abandono escolar se vuelve generalizado, no solo entre los integrantes de la comunidad escolar, sino en las localidades enteras, ya que la decepción cunde boca a oído.

La falta de senderos probados de vida provenientes de trayectorias exitosas a través del sistema educativo propicia la aparición de contracultura, basada en seudo historias de éxito, donde personas jóvenes acumulan patrimonio económico mediante la realización de actividades ilícitas, “a pesar de que no fueron a la escuela”.

La ruta de solución es clara: implica priorizar la presencia activa de docentes como primeros garantes del Estado mexicano en todas las aulas de la entidad y hacer todo lo posible para que así suceda, lo cual implica incrementar las sanciones a quienes permitan que las escuelas se queden sin maestros: las escaleras y los organigramas se barren de arriba para abajo.

Así también, es tiempo de considerar la figura del ombudsman escolar para situaciones extremas como las de Michoacán, donde los derechos educativos suelen ser violentados ampliamente.

Este 2024 debemos exigir a los funcionarios que cumplan con sus responsabilidades de garantizar los derechos educativos de las generaciones en formación, lo cual implica que exista quienes se comprometan a que no falte un solo maestro en las escuelas.

A que existan sistemas tales que, cuando exista una ausencia justificada de un docente, inmediatamente acuda un interino a suplirlo.

Por supuesto, en el marco del proceso electoral debemos colocar la demanda ciudadana en la agenda de los candidatos a diputados locales y federales, a senadores, a presidentes municipales, síndicos, regidores y presidentes de la república.

Hasta ahora, no hemos conocido compromisos ni mayor interés al respecto de la educación. Quienes aprovechan las precandidaturas únicas para placearse aún no hacen promesa ni declaración alguna abiertamente sobre el tema educativo. La situación es contradictoria y lacerante: Los hijos de los michoacanos merecen escuelas con maestros.

Contacto: eaviles@mexicanosprimero.org Twitter: @Erik_Aviles

* Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional; director de Mexicanos Primero capítulo Michoacán.