La educación en tiempos electorales

Horacio Erik Avilés Martínez

El futuro de la educación michoacana depende en buena medida de las circunstancias político-electorales. Lamentablemente, la lucha por el poder subordina el derecho a aprender de la niñez y de la juventud. Habiendo pasado el proceso interno para la gran mayoría de los partidos políticos, prácticamente nos encontramos en un periodo de silencio inter-campaña, como lo marca la normatividad electoral. Al no poderse pedir el voto, ni pronunciarse frontalmente respecto a las intenciones políticas, la mayoría de los actores educativos están dedicados a preparar sus recursos para obtener, retener o incrementar el poder que ya poseen. El ámbito educativo, al ser el que más recursos tiene asignados suele ser codiciado como el botín más grande por parte de los políticos profesionales, quienes después se disfrazan de educadores para poder devengar un salario y tener posibilidades de jugar al ajedrez con los recursos destinados originalmente para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, con los resultados que ya son conocidos.

Mientras tanto, el regreso a clases se antoja nebuloso. En Michoacán no parece haber muchas voces que reclamen la falta de análisis de las condiciones para generar un proceso paulatino de retorno a clases, previa validación de los prerrequisitos en materia sanitaria de rigor. Han preferido tomar el camino de acordar con la autoridad y de asumir valores entendidos. Lo positivo de este periodo es que, al poner en el Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación el analizar condiciones para el regreso a clases, desde una perspectiva multidisciplinaria dotará de estabilidad al discurso del titular de la SEE. Esperanza y preocupa a la vez la entrega de computadoras a estudiantes desfavorecidos. Si hay un millón 300 mil estudiantes en Michoacán y se entregan 100 computadoras diarias, esto implicaría que para el año 2056 acabarían de entregar los dispositivos necesarios para la conectividad de estudiantes y maestros. Igualmente, se señala que SEE y UNICEF dotarán de material sanitario a 41 planteles en la entidad. Pero son más de 6 mil. A ese ritmo de conseguir un convenio al año, se tardarían 149 años, estando listas las escuelas para el año 2170.  Paralelamente, el reconocimiento de la falta de agua potable en planteles escolares fue un hecho que tuvo que reconocer en esta pandemia la Secretaría de Educación en el Estado. Se cumplirá un año de que exhibimos que lo complicado no era cerrar las aulas, sino preparar el regreso, por las más de mil doscientas escuelas que carecen de agua potable. Antes, no les pesaba tener a los niños sin agua, drenaje ni baños, pero en el contexto de la pandemia lo que ya era una atrocidad se convertiría en un crimen de lesa humanidad. Once meses después, continúa urgiendo se establezcan los convenios respectivos con las autoridades municipales. De todo lo anterior, lo más rescatable es que ya vemos a la autoridad, a la ciudadanía y a la agenda pública alineadas en torno a analizar escenarios de regreso a clases. Los problemas específicos son superables siempre y cuando se establezca esta dinámica de mejora continua, partiendo de un diagnóstico que seguramente estará listo antes del mes de mayo.

Mientras tanto, en este periodo de relativo silencio en torno al proceso electoral, acompañado de los lances laterales que ejecutan los actores involucrados con la educación se dan muchas pinceladas sobre qué es lo que realmente le depara al sistema educativo estatal. La presión por el retorno a clases y las preocupaciones escolares suelen darse al regreso de las vacaciones, al cierre e inicio del ciclo escolar, por lo que este mes difícilmente dará grandes noticias o avisos en materia educativa. Entonces será un periodo de reacomodos y de preparación para anuncios que seguramente vendrán después del asueto primaveral. Se diseñarán medidas de política pública a emplearse durante el segundo trimestre de este año, se prepararán lineamientos, reglamentos, se removerá discretamente a funcionarios que no hayan dado resultados y se tomarán decisiones cuyos efectos se deslizarán paulatinamente ante la opinión pública, para efectos de incidir en el proceso electoral cuando el proselitismo cobre toda fuerza y vigor, lo cual acontecerá en cinco semanas.

Mientras tanto, las caras visibles no sorprenden. De los actores clave de la educación solamente vemos a algunos que han hecho muy poco, a personas que llevan décadas cobrando del sistema educativo y que ahora manifiestan un supuesto interés por remediar las circunstancias que nos aquejan. Aún no llega el tiempo de las propuestas, pero desde ahora ya sabemos los antecedentes con los que cuentan quienes se colocarán al frente de las responsabilidades educativas.  Pretenden seguir transitando hacia el poder sin que nada los haga trastabillar.

Al respecto de sus aspiraciones políticas, precisamente el calendario les impone una aduana obligada: el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual se​​ conmemora la lucha de la mujer por su desarrollo integral, su participación dentro de la sociedad y en pro de lograr la igualdad sustantiva. Ojalá que todos los funcionarios del sistema educativo estatal fueran ejemplo de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, pero justamente es la SEE la dependencia donde más se cometen abusos al respecto, de acuerdo con el número de denuncias recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reseñadas en su informe 2020. Hay mucho por hacer en el sistema educativo al respecto, tanto en materia pedagógica como en la convivencia y relaciones interpersonales.  Para comenzar, es importante que exista libertad de expresión para las mujeres en todos los espacios públicos, especialmente en materia educativa y no se les persiga por decir la verdad. Por ejemplo, el ejercicio del denominado “tendedero del acoso” que se realizó en diversas instituciones educativas estatales tuvo finales diversos, toda vez que en algunos planteles sí se investigó y se resolvieron casos de violencia contra las mujeres, mientras que, en otros, especialmente escuelas de carácter confesional se acallaron las voces de quienes protestaron, incluso en plena pandemia. Sin embargo, se debe pasar del activismo a la política pública. Las estudiantes y maestras no tienen por qué exponerse a ser perseguidas ni reprimidas por visibilizar situaciones inaceptables ocurridas en torno al sistema educativo.

Mucho se ha documentado al respecto, pero es insuficiente la serie de medidas que se han tomado al interior de las escuelas. Es muy visible que las estudiantes pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad en caso de no haber un entorno seguro, pero no lo es tanto en el caso de las trabajadoras de la educación, a quienes se les ha dado trato de botín en muchas ocasiones por autoridades educativas y sindicales, quienes con sus redes de corrupción son los principales responsables de que prevalezca una contracultura en el sistema educativo en el cual “sin plaza no hay paraíso”, solicitándoles favores inconfesables a cambio de alguna concesión administrativa o del ejercicio de un derecho suyo. Son, por supuesto, los principales enemigos de que existan ventanillas, concursos de oposición y convocatorias abiertas donde se resuelva la problemática magisterial y se dé cauce a la legítima aspiración de dar seguimiento a una carrera magisterial por parte de las maestras.  Más borrosa aún resulta de visibilizar y resolver la lamentable visión patriarcal con la cual se asignan los cargos de confianza por parte de las autoridades, quienes colocan a mujeres sin perfil académico, pero con ostensibles fenotipos al frente de responsabilidades educativas. Bien valdría la pena que esclarecieran cuáles son los criterios adicionales a la silueta mediante los cuales el alto funcionariado de las dependencias educativas en muchas ocasiones elige a sus subordinadas. Esa no es la clase de meritocracia que se buscaría prevaleciera en la cultura organizacional de las dependencias educativas en la entidad federativa. Sin embargo, sucede. Un concurso de oposición abierto para los cargos de confianza rompería con la discrecionalidad que implica el ejercicio dictatorial de criterios patriarcales que nada tienen que ver con el derecho a aprender ni la capacidad profesional de las aspirantes.

Es preciso desarrollar una gran cantidad de acciones afirmativas para aproximarnos a la igualdad sustantiva. La mayoría de los docentes son mujeres, pero quienes ocupan cargos directivos, de supervisión y de estructura, así como liderazgos sindicales son en su mayoría varones. El acoso laboral y sexual proviene muchas veces de quienes cobran como titulares hacia sus subordinadas, así también como hacia quienes le solicitan apoyo, incluyendo madres de familia, entre otras. Hay documentación al respecto, pero muchas veces las propias víctimas no dan los pasos porque saben bien que como decía el poeta Quevedo “donde no hay justicia, es un peligro tener razón”. Hoy, la Secretaría de Educación en el Estado es uno de los peores lugares para trabajar en Michoacán en materia de violación a los derechos de las mujeres. Esto no se tapa con foros en Internet, ni con eslóganes, ni campañas de comunicación social. La verdadera igualdad sobrevendrá cuando se visibilice la realidad que ocurre al interior de la Secretaría de Educación en el Estado y se actúe en consecuencia, diseñando políticas públicas que impidan el abuso patriarcal en el ejercicio de los cargos públicos. Por ejemplo, que existan ya organismos institucionales, normados, presupuestados, instrumentados y funcionales para que toda víctima de violencia de género cuente con un órgano de control interno en el seno del sector educativo michoacano para dar parte inmediata, de forma segura y anónima ante los abusos que pudieran cometerse en su contra, sea quien sea, para que, en caso de que sea encontrado culpable, se le sancione de forma ejemplar. Mucho más de largo plazo será lograr elaborar planes y programas de estudio donde se impulse la igualdad sustantiva, viviente desde las aulas, al interior de los hogares, tanto en lo público como en lo privado.

Es trascendental comprender que la defensa del derecho a aprender de las niñas y jóvenes en Michoacán, así como de sus maestras con el de la igualdad sustantiva. Que el sistema educativo sea un espacio seguro y propicio para el aprendizaje es fundamental para conformar una mejor sociedad, a partir de ahora y hacia las próximas generaciones. Para conformar un gobierno educador resulta elemental que la perspectiva de género sea manifiesta y viviente. Esperemos que esto no se les olvide a los políticos, ni mucho menos a los ciudadanos al momento de arrostrarlos cuando se acerquen a pedirnos les otorguemos un voto.

En suma, las hijas e hijos de los michoacanos, sus maestras y maestros, así como sus familias merecen se solucione la problemática mencionada en esta entrega.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles