MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN Erik Avilés Martínez Uno de los más grandes problemas del sistema educativo nacional es que no dimensionamos su problemática como una alta prioridad nacional. Seguimos como sociedad enganchados padeciendo las consecuencias de la inefectividad de nuestro sistema educativo, de la escasa vivencia de los derechos educativos y de las decenas de millones de víctimas de atropellos en la materia, quienes viven lastrados. Sí, los ciudadanos somos víctimas. En Michoacán de Ocampo, apenas acumulamos 8.6 años de escolaridad, equivalentes a segundo de secundaria, en promedio. Lo anterior nos sitúa en rezago educativo. Paralelamente, los ejercicios demoscópicos que por estas fechas abundan, son las encuestas electorales, en las cuales continúa sin aparecer la educación como principal preocupación. Estas mediciones son realizadas por diversas casas encuestadoras, en diferentes momentos del año, así como en localidades muy disímbolas, pero difícilmente superan el cinco por ciento los ciudadanos que la declaran el mayor problema por resolverse. Estamos demasiado ocupados viviendo nuestras existencias, inmersos en la coyuntura, en la rutina y bajo la influencia de problemas como la inseguridad, la situación socioeconómica, los servicios públicos, la corrupción, el mal gobierno y las vialidades, entre otros. En la discusión pública hay asuntos vociferando tan fuerte que logran acallar la silente catástrofe que representa la calamitosa situación del sistema educativo, en el cual participa la tercera parte de los mexicanos y sin embargo su problemática es constantemente soslayada. La responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios resulta innegable. Tanto por quienes no resolvieron como por quienes a la fecha comodinamente deciden seguir echando culpas al pasado o atendiendo cosméticamente las circunstancias, sin promover ante la justicia sanciones ni reparación del daño a quienes mal gobernaron desde las estructuras de mando del sistema educativo nacional y estatal, a la vez que tampoco se resuelven estructuralmente los grandes retos que la realidad contemporánea plantea. Lo anterior involucra a los órdenes federal y estatal del poder ejecutivo, mientras que, en el orden municipal, la laxitud normativa hace que. prácticamente cualquier acción o inversión sea tomada como si fuera beneficencia pública, ya que los presidentes municipales y su gabinete se intentan lavar las manos aduciendo que esas responsabilidades no les corresponden. Entonces, la exigencia ciudadana es menor, la vigilancia se relaja, las auditorías son escasas y prácticamente no ocurren escándalos, cuando debería de estar bajo la lupa toda obra pública, acción o reparto de apoyos sociales en torno a la educación, particularmente en periodo electoral. Así también, los partidos políticos han sido omisos en asumir su responsabilidad en diseñar e impulsar plataformas políticas que se conviertan en planes, programas y agendas de gobierno. Precisamente, por el bajo nivel de las campañas prefieren, juntamente con los candidatos, sus asesores y cuartos de guerra enfocarse a resolver tácticamente los problemas de persuasión, movilización, financiamiento que entraña una aventura política, dejando para después la situación educativa. Los patrocinadores visibles e invisibles, inyectando recursos solo agravan la situación, olvidándose de evaluar o fijar indicadores para cualificar la posibilidad de que se materialicen las propuestas. En realidad, solo colaboran financieramente por recibir como contraprestación una serie de promesas anticipadas, sin reparar en que las circunstancias demandan soluciones expeditas e integrales. Por ejemplo, en Michoacán de Ocampo, la violencia, la inseguridad y la delincuencia han afectado inmensamente a las comunidades educativas, las cuales se han convertido en un polo donde se padecen estos flagelos, en lugar de constituir cabezas de playa desde las cuales se sanen y regeneren las generaciones en formación y, por ende, la sociedad entera. Desde las investigaciones que hemos realizado en Mexicanos Primero, los estudiantes definitivamente aprenden menos cuando son aquejados por situaciones angustiantes, que ponen en riesgo su estabilidad socioemocional. Además, las estadísticas de homicidios y la serie de circunstancias inenarrables que viven generan paros de clases, abandono escolar, quedar bajo fuego cruzado, migración forzada, ausentismo laboral, entre muchas otras consecuencias. Se sabe, que los bandos en confrontación asesinan invariablemente a jóvenes. Incluso, las fuerzas policiales y militares de nuestra nación también están preponderantemente compuestas por jóvenes, a quienes sobreexponen en circunstancias de inferioridad armamentista, numérica, de inteligencia y estratégica. En lugar de plantear soluciones a la terrible escalada de violencia, se ha entablado una infusa e ineficiente campaña de manipulación de la percepción social emitiendo discursos sobre la paz, los cuales generan cortinas de humo, a la vez que les permiten ejercer presupuesto a través de adjudicaciones directas y evadir su responsabilidad histórica y presente con el incremento de cifras delictivas, así como con la caja negra de opacidad que rodea al sistema educativo estatal, lo cual se ha acrecentado en los últimos años, con la desaparición del INEE, la amenaza de desaparición que pende contra MEJOREDU, el INAI y el CONEVAL, organismos con atribuciones relacionadas con la transparencia, evaluación y mejora continua de las políticas públicas en México. El derecho a la paz es universal, pero debe ser visto como un resultado, como una consecuencia de la vivencia plena de muchos otros derechos. Lamentablemente, en su afán de legitimarse, políticos y funcionarios, incurriendo en racionalidad instrumental han utilizado la paz como pretexto, cruzando la delgada línea del estado laico, claudicando a sus atribuciones constitucionales de generar políticas públicas, permitiendo incluso proponer planes y programas educativos para revertir la violencia en torno a las comunidades escolares, mientras que la estrategia nacional contra la violencia, que data de hace una década resulta inaplicable en la entidad, ya que ha entrado en estado vegetativo el Consejo Estatal para la Participación Escolar en la Educación (CEPEE), sucedáneo del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, así como de sus respectivos consejos municipales y escolares, a través de los cuales se operaban las acciones contra este flagelo. Esta luz de gas que han dirigido hacia sus acciones solamente ha derivado en más inseguridad, en evitar la trazabilidad de las acciones. Pero, podemos evaluar cotidianamente los actos de propaganda gubernamental y sus mensajes. Hasta ahora, las promesas, invariablemente, no mejoran la situación que se vive en las aulas. Por esa razón la educación está en campaña, para que las propuestas sean factibles y se conviertan en políticas públicas efectivas, trazables y de alto impacto. Paralelamente, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se asoman una gran cantidad de retos por resolver al interior del sistema educativo michoacano. El 9 de marzo -un día sin mujeres- se anticipó para hoy, toda vez que se remitió una circular en la cual se autoriza a no asistir a todas las personas del género femenino que trabajan en la Secretaría de Educación en el Estado. Mucho más hay por hacer para alcanzar igualdad sustantiva y asegurar que las escuelas estén libres de violencia de género contra estudiantes y maestras. Debe ya marcarse una sentida y clara diferencia con las actitudes patriarcales, usos y costumbres inenarrables que durante años han persistido en las instituciones educativas. La mayoría de las personas que ocupan la base de la pirámide de mando en el sistema educativo son mujeres, mientras que, quienes ocupan los puestos directivos y de supervisión son en su mayoría varones. En cuanto a los estudiantes, si bien, los varones en general tienen menos escolaridad promedio que las mujeres en Michoacán de Ocampo, también es cierto que está aún indeterminado el número de niñas y jóvenes que, por el hecho de ser mujeres no han podido ni estar, ni continuar en sus respectivas trayectorias educativas, siendo forzadas a abandonar sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas. En materia de violencia de género, debe garantizarse la concientización, la prevención, y, en su caso, la justicia y reparación del daño, mucho antes que la mera catarsis, como se ha puesto de moda en instituciones de educación superior morelianas, como la UPN y la UMSNH, donde convocando a participar en publicaciones colectivas de narrativa sobre casos de violencia -las cuales ponen a las víctimas a describir lo que padecieron, en un evidente caso de revictimización- consideran estar atendiendo el tema. Preocupa una vez más, cómo las iniciativas se convierten en política pública sin establecer consultas previas con los actores clave de las instituciones. Si las unidades de igualdad de género que se han creado, o los escritores de libros contaran con consejos ciudadanos, redes de políticas públicas y organismos de gobernanza, este tipo de yerros tendrían mejor encausamiento. Debe haber en el sector educativo políticas públicas, que garanticen la igualdad sustantiva, cero impunidades, partiendo de la consulta desde las mujeres y hasta la mejora continua, para las mujeres. Veremos qué dicen hoy los actores políticos y los funcionarios. Es tiempo de campaña. Ante la situación que prevalece, Mexicanos Primero revisó las plataformas electorales de los partidos políticos y encontró que la educación no es una prioridad y las referencias a la misma sólo destacan lo que debería suceder para tener una mejor educación en general, sin ofrecer propuestas concretas con presupuesto para llevarlas a cabo. En sus plataformas, los partidos ya piensan en nuevos modelos educativos y en cambiar a la Nueva Escuela Mexicana que apenas se implementó en el ciclo escolar 2022-2023 como el caso del PRI- Frente Amplio; realizar nuevas reformas en el caso de Movimiento Ciudadano, o tener una educación humanista a través de la Nueva Escuela Mexicana y asegurar la atención a primera infancia en la plataforma de Morena y la del Partido del Trabajo. Miles de escuelas carecen de infraestructura básica (agua, luz y sanitarios), tecnología (internet y computadoras de uso pedagógico) y formación continua de docentes, condiciones mínimas para que una o un estudiante pueda aprender. De acuerdo con datos proporcionados por Mejoredu del ciclo escolar 2021-2022, 26,463 escuelas operan sin luz, 56,109 sin agua, 43,558 sin lavamanos y 5,950 sin sanitarios. La Secretaría de Educación (SEP) informó en el mismo periodo que 127,000 escuelas de preescolar a media superior (53.7) no cuentan con computadoras para propósitos pedagógicos y 168,163 (70.7%) no tienen conexión a internet. Además, el presupuesto aprobado para la formación continua de docentes para 2024 equivale a 96 pesos anuales por maestro. El aprendizaje y la permanencia en la escuela son resultado de las carencias ya mencionadas: De acuerdo con la prueba PISA 2022 dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2 de cada 3 estudiantes de 15 años no puede realizar operaciones matemáticas simples y 1 de cada 2 no comprende lo que lee. De acuerdo con la SEP, de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 28 terminan la universidad. Frente a esta realidad, el Frente Amplio por México y Morena hablan de infraestructura, formación docente, internet, uso de computadoras y rehabilitación de escuelas con un mayor presupuesto; sin embargo, no especifican cómo se repartirá o cuánto se aumentará. Morena asegura que para el 2030 se llegará al 6% del PIB en educación y el PT que al 8%. El PAN menciona la formación docente, mantenimiento a infraestructura y rehabilitación de escuelas, y Movimiento Ciudadano habla de la necesidad de formar maestros. Ningún partido explica cómo lo hará. ¡Para ser priorizada y resolver su problemática, la educación está en campaña! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles * Doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
