Horacio Erik Avilés Martínez Hemos soslayado secularmente la capacidad que tienen la niñez y juventud de despertar su conciencia y desarrollar su existencia. Su consustancial candor e ingenuidad han sido cimiento de su exclusión en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Pero no podemos escatimar sus derechos humanos ni pisotear sus sueños y aspiraciones, presentes y futuras. Si prevaleciera el interés superior de los derechos de los niños en todos los asuntos públicos, seguramente el sistema socioeconómico y el gobierno serían muy diferentes a los que actualmente existen. Las decisiones en materia político-electoral que tomasen los votantes tendrían como principal criteriolas propuestas que se realizasen en favor de la infancia, sin perderse en espejismos ni promesas fatuas. De ser así, la escuela pública se convertiría en prioridad altísima, porque ahí se construye el futuro de la sociedad y, por ende, contar con una plataforma política educativa seria, sólida, visionaria y posible sería garantía de competitividad en un proceso electoral para cualquier candidato. Partiendo del hecho incontrovertible de que las primeras etapas del desarrollo del ser humano son cruciales para definir su destino, más de trescientas organizaciones de la sociedad civil emprendieron la conformación y compromiso del Pacto por la Primera Infancia, donde impulsan que el próximo gobierno federal establezca un programa integral de atención a la infancia de entre cero a cinco años. Cuatro de cinco candidatos a la Presidencia de la República asistieron al encuentro y firmaron los compromisos. Andrés Manuel López Obrador, siempre reticente a participar en esta clase de cónclaves, se excusó de asistir exponiendo razones de agenda proselitista, aprovechó la entrevista para golpear a sus adversarios políticos acusándoles de que “acudieron piensan que solamente es la Ciudad de México”,pero opinó favorablemente en torno al tema y señaló que en una ulterior oportunidad signará también. En Michoacán no hemos visto mayor compromiso de parte de las autoridades con la primera infancia. Lo que más se ha visto es que cumplan a secas con sus obligaciones, operando programas ya existentes. Lo cual no es suficiente en una entidad federativa sumida desde hace siglos en la pobreza y en la ignorancia.Los niños michoacanos padecen situaciones inaceptables desde su primera infancia, en materia de insuficiente cobertura en educación inicial, en acceso a instalaciones dignas, equipamiento e instalaciones completas y plantilla de personal completo en cada plantel educativo, por mencionar algunos rubros. Un aspecto muy grave que prácticamente convierte a miles de niños y jóvenes michoacanos y sus paterfamilias en siervos de la gleba del siglo XXI es el educativo, ya que su derecho a aprender se subordina a intereses de grupos fácticos y redes de corrupción, quedando adscritos a la tierra en que se ubica el plantel educativo en el que por necesidad e ignorancia se inscriben. Recordemos que en incontables ocasiones desde Mexicanos Primero Michoacán hemos señalado el déficit en materia de infraestructura y equipamiento en las escuelas michoacanas. También hemos denunciado en el rezago en el que nos encontramos sumidos como entidad federativa en los indicadores respectivos, así como exponiendo casuística, pero también es justo reconocer que la situación no es provocada exclusivamente por la mala actuación, corrupción u omisión de los funcionarios que trabajan en las dependencias federales y estatales encargadas del tema, sino que es un tema que se ha complejizado debido a la intervención de grupos sociales que han buscado a toda costa generar cotos de poder y control al interior del sistema educativo. Bajo esta lógica, grupos como la CNTE y líderes populares de asentamientos humanos, regulares e irregulares, se han dado a la tarea de organizar y movilizar a colonos para construir instalaciones de servicios educativos de pírrica calidad, con promesas sin sustento normativo ni soporte presupuestal. Así, inician a ofertar educación carente de infraestructura, equipamiento, de maestros debidamente contratados y sin acreditación respectiva de su perfil profesional, sin contar con una clave escolar ni personal con funciones directivas que permitan garantizar la validez de los estudios cursados ni de la supervisión requerida para que los procesos formativos se apeguen a los planes y programas de estudios que estipula la Secretaría de Educación Pública en la nación. Partiendo de la irregularidad total y de condiciones indignas, inician la ruta de la lucha social en la que dedican meses enteros de cada ciclo escolar a realizar medidas de presión a la autoridad establecida para obtener los recursos, permisos y acreditaciones necesarias para normalizar cada uno de los ámbitos en los que prevalece la ilegalidad y la miseria, con resultados que se obtienen a cuentagotas.Bajo presión imponen una plantilla de personal a modo a su ideología, quienes no vacilarán en manipular a los padres de familia y estudiantes para obtener de ellos la incondicionalidad política requerida para que las organizaciones cupulares continúen medrando del erario. En suma, muchas veces pasan más de veinte ciclos escolares hasta que finalmente podemos decir que existe un plantel relativamente regularizado y con instalaciones relativamente aceptables. Las consecuencias de este modus operandi para los estudiantes son de amplio y pernicioso impacto, ya que, además de que niños, maestros y padres de familia dedican una buena proporción del calendario escolar a gestionar los recursos y autorizaciones requeridas movilizándose en lugar de estudiar, la falta de validez oficial de los estudios los obliga a permanecer ciclo tras ciclo escolar esperando un certificado escolar o una boleta de calificaciones hasta que finalmente la autoridad les genera el documento requerido. Ello ocasiona deserción escolar, simulación del proceso académico y el arraigo forzado de familias completas que no se pueden desplazar de la comunidad que habitan, ni desentenderse de participar en las movilizaciones de presión político-electoral que con causas variopintas propician sus ventajosos líderes, so pena de que sus hijos pierdan años de escolaridad. Es muy importante que la autoridad educativa actúe desarrollando institucionalidad a la brevedad en dos vertientes: detectando las necesidades de construcción, ampliación y equipamiento de planteles educativos en ubicaciones habitacionales estratégicas para garantizar los servicios educativos a todos los michoacanos; para de esta manera programar, presupuestar y gestionar los recursos necesarios para que anticipadamente se realicen las acciones gubernamentales que garanticen el derecho a la educación de la niñez y juventud michoacanas. Paralelamente, debe de actuarse coordinadamente y con mano firme en la prohibición de construcción de asentamientos humanos irregulares que eventualmente requerirán servicios educativos, para evitar que continúen emergiendo escuelas misérrimas con intenciones feudalistas mal disimuladas. Le consulto, amable lector: de todas las acciones, promesas y eslóganes de quienes aspiran a gobernarnos, ¿conoce usted alguna medida que, de implementarse impactaría favorablemente en el desarrollo integral de la primera infancia michoacana en los temas mencionados? Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
