Horacio Erik Avilés Martínez El término huachicoleose emplea con cada vez mayor frecuencia cuando se desnuda y exhibe un mecanismo de corrupción, de abuso del poder y de la alienación de lo colectivo en beneficio de unos cuantos. Antes, le llamábamos simplemente corrupción. Debemos reconocer que, cuando se emplea desde el poder la palabra huachicoleoes porque el gobierno en turno es capaz en el discurso de visibilizar los actos indebidos, así como de definir y tener mecanismos de combate, control y corrección de tales malas prácticas. Las acciones e impactos logrados todavía están por comprobarse, pero asumir una postura institucional ante la injusticia y el abuso brinda esperanza. Resolver de fondo la situación logrará hacer un verdadero punto de inflexión, constituyendo un cambio cultural en nuestra sociedad. Recientemente, el Lic. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán denunció en conferencia de prensa el tráfico de ingresos automáticos al servicio profesional docente, encunado y disfrazado en el movimiento normalista. En él, sus integrantes, desde que son aspirantes a serlo son imbuidos en ideologías infusas para inducirles a la movilización y la protesta social. Incluso, a pesar de que cuentan con el compromiso presidencial que se sostendrá hasta 2024 de brindarles una plaza automática, absurdamente aun así protestan. ¿Qué hay detrás de ello? Sus líderes y operadores piramidales no cejan de decirles: “compañeros, aunque tenemos ya la plaza automática, aún así hay que lucharla, hay que seguirla peleando”. Pocos en la base estudiantil comprendían el trasfondo de una consigna sofista como tal, que buscaba infundirles desconfianza hacia el gobierno, a la vez que aprovechar los bríos juveniles para movilizarse y protestar por un mundo que no les termina de gustar, por ser ciertamente desigual e injusto. Los intereses han sido ahora exhibidos y su discurso desmantelado por parte del gobernador, quien lo expresa con todas sus letras: hubo huachicol en la contratación automática de los normalistas, porque existía un tráfico de plazas subyacente, que implicaba alrededor de 300 mil pesos de ganancia para quien lograba asignar a un tercero las claves que se repartían por ser compromiso presidencial. Al ser unas mil plazas en promedio anual las que se entregan bajo el mecanismo citado, podemos cuantificar las ganancias que les representaban a los integrantes de esta red de corrupción mientras estuvo operando. Esperemos esto haya llegado definitivamente a su fin. Paralelamente, hay muchos procesos colonizados, capturados, corrompidos y alienados, que merecen recibir el trato que se les ha dado a los que ya han sido descritos como huachicoleos. Son asignaturas aún pendientesque merecen también explicados a detalle en conferencia, mediante infografías, mapas de procesos, descripción del modus operandi y datos que permitan creer que habrá una solución a la problemática mencionada. Por citar algunos procesos y circunstancias que acontecen desde años en el sistema educativo que pueden derivar en denuncias por huachicoleo, se enlistan las siguientes: El huachicoleo de adscripciones de los trabajadores de la educación. En muchos casos, los maestros no están en las escuelas que se merecen conforme a su antigüedad, experiencia ni necesidades propias del servicio, sino como resultado de amasijo de intereses que implica influyentismo, afinidad sindical o el pago por la adscripción, ya sea en efectivo o en especie. Las ganancias son inmensas, ya que hay más de 80 mil trabajadores de la educación y se habla de montos de entre 30 mil y hasta 150 mil pesos por los cambios de adscripción, especialmente hacia la capital del estado. El huachicoleo de ascensos y promociones. Muchos maestros solían ser promovidos horizontal o verticalmente mediante mecanismos tramposos y convocatorias amañadas, lo cual resultaba en que quienes tenían manera de intercambiar dinero o incondicionalidad obtenían los mencionados ascensos. El huachicoleo de salarios de maestros. La insistencia hasta el hartazgo de parte de los grupos supuestamente disidentes magisteriales por seguir recibiendo el pago en cheque negociable. Recordemos cómo se desató la rabia de las cúpulas sindicales cuando se decidió seguir pagando con cheque, pero con una impresión que decía “no negociable”, lo cual motivó la movilización y la protesta enardecida. Análogamente ha ocurrido durante más de una década con el pago vía nómina electrónica, que implica sujetar a criterios bancarios a los trabajadores de la educación para dar de alta una cuenta bancaria. Hacer cobrar a personajes inexistentes, fallecidos, migrantes o hasta delincuentes es un pingüe negocio que otorga dinero quincenalmente a quienes lo han regenteado. El huachicoleo de plazas educativas, federales y estatales para docentes, desde educación inicial hasta posgrado, así como de personal de asistencia y apoyo a la educación, así como de los trabajadores contratados para realizar servicios eventuales. Esto va desde la compraventa y tráfico de plazas y la creación de ellas sin suficiencia presupuestal hasta la duplicidad o triplicidad de las claves, alcanzando alrededor de 300 mil pesos en el mercado negro una plaza de profesor de primaria. El huachicoleo de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Sin duda, este el más doloroso de todos. Con ello, se violan los atributos constitucionales de la educación que imparte el estado mexicano, así como los derechos a estar, permanecer, aprender y participar en las escuelas. Esto implica la inaccesibilidad de la educación, la discriminación, la misoginia, el racismo, la falta de cobertura educativa, la ausencia de gratuidad, la violación de la educación laica y científica, la dosificación de contenidos bajo criterios ideológicos y adultocéntricos, el arrebatarles días de clases, el no brindarles la infraestructura, equipamiento y consumibles ni los protocolos de seguridad a los estudiantes para retornar en las mejores condiciones a la presencialidad, entre otras más. Por ejemplo, cada vez que las cúpulas gremiales promueven acciones colectivas en horario de clases y se olvidan de las aulas están esquilmando a los niños y jóvenes su derecho a aprender, toda vez que se desvían los recursos destinados por el gobierno mexicano para tales efectos, reorientándose hacia fines individualistas. El huachicoleo de grados académicos, especialmente realizado entre funcionarios y cúpulas, quienes casualmente amanecen como licenciados, maestros y doctores, aunque nadie les conoce una tesis de grado ni un proyecto de investigación. Hay quienes han sido rectores y estudiantes a la vez, obteniendo muchas veces el grado máximo de estudios que oferta la institución que supuestamente dirigen. A cambio de dinero o mediante el intercambio de favores es que se ha lubricado este camino perverso en el sector educativo. El huachicoleo de inscripciones, donde en lugar de entregarse como un derecho humano de la niñez y juventud michoacanas se subastan al mejor postor o se fija una cuota para lograr colocar en las escuelas con mayor demanda, prestigio o proximidad privilegiada a los estudiantes cuyas familias se pueden permitir pagar el soborno solicitado. El huachicoleo de jubilaciones, donde se ofrecían etapas de jubilación bajo criterios opacos, en donde los estímulos económicos establecidos por convocatoria no se pagaban en tiempo, forma ni monto indicado, para a su vez, disponer de las plazas liberadas bajo este engañoso mecanismo y después proceder a traficar con ellas en el mercado negro. El huachicoleo de recursos de la cooperativa, comedores comunitarios, útiles, libros de texto, uniformes, calzado, becas, programas de infraestructura, equipamiento y mantenimiento, así como programas de apoyo escolar, los cuales no llegan a los beneficiarios originales o se les cobra una cuota a cambio de ello. El huachicoleo político-electoral, donde instituciones, subsistemas, sus recursos, procesos, actividades y su personal abandonaron la centralidad educativa completamente para dedicarse al proselitismo y cooptación con fines electoreros. Lo anterior se perpetró durante el pasado proceso electoral de manera sistemática. Abundan las evidencias en redes sociales, los testimonios y pruebas al respecto. En suma, que se defina a lo indebido como tal, que se persiga y se erradique es ya un cambio respecto a las tendencias que se solían arrastrar en el sistema educativo. Esta postura rompe con inercias que se arrastraban de muchos años donde se negaban incluso situaciones como la existencia de cientos de comisionados sindicales y aviadores o el que hubiera delincuentes cobrando de la nómina magisterial, entre muchos otros abusos. Pasar de esconder la cara a reconocer la realidad, de la simulación a la denuncia es un paso valioso en sí, porque significa un cambio de actitud esperanzador que, con el seguimiento adecuado puede transformar la realidad. Esperemos que la cultura de la legalidad siga promoviéndose desde el sistema educativo y que las autoridades sean quienes promuevan la denuncia y la solución ante circunstancias indebidas como las mencionadas anteriormente. Gobernar es ejemplarizar. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
