Horacio Erik Avilés Martínez Ayer, sin controversia alguna, se aprobó rápidamente la reestructuración de la deuda pública estatal. El Congreso del Estado validó que los habitantes de Michoacán del periodo comprendido entre 2036 y 2045 pagarán 7 mil 008 millones de pesos adicionales al servicio de la deuda pública, la cual en lugar de finiquitarse en 2036 se prolongará hasta2045. De acuerdo con la información que la propia autoridad brindó, si se pagan a 14 años un promedio de 194 millones de pesos mensuales, esto equivale, a tasas fijas, 2 mil 328 millones de pesos anuales; que sitúan a los michoacanos pagando 32 mil 592 millones de pesos como total del adeudo, sumando capital e intereses. La cantidad por pagar mensualmente bajará, de acuerdo con lo aprobado por los diputados, de 194 a 150 millones de pesos. Es decir, considerando tasas fijas, serán mil 800 millones de pesos anuales, pero pagando a 22 años serían 39 mil 600 millones de pesos en total. Es decir, 21.5% más del pago total que se haría a 14 años. En términos específicos, el costo de la reestructuración serían 7 mil 008millones de pesos más, a cambio de trasladar el pago de los 2 mil 700 millones de pesos de 2022-2027 hacia 2036-2044-45. Es decir, a cambio de pagar esos 2 mil 700 millones de pesos pagaremos en total 9 mil 708 millones de pesos, equivalentes al 259.55% adicional de lo que ya de por sí costaría pagarla como se proyecta a 14 años. Siete mil 008 millones de pesos son 336.6 millones de dólares, al tipo de cambio de 20.82 pesos por unidad monetaria estadounidense. Es prácticamente el triple del valor original del avión presidencial, ícono volador del despilfarro nacional, ya que Banobras lo compró a la empresa Boeing en la cantidad de114.6 millones de dólares. Respecto al proyecto del actual sexenio, el traslado del inmenso edificio del IMSS federal a Morelia, que implica la construcción de 12.7 hectáreas sobre un terreno que mide 4, su costo está proyectado en 122 millones de dólares. Es decir, se podría construir un edificio tres veces más grande, de 35 hectáreas, con ese dinero, pasando de tres a nueve pisos. La refinería Deer Park, que actualmente controla el gobierno mexicano conllevó una inversión de596 millones de dólares. 336 millones de dólares le darían el control al Gobierno de Michoacán por encima del federal, en caso de que se hubiesen inyectado ahí. En materia educativa, se anunció para 2022 una bolsa de 715 millones de pesos para atender a 170 mil estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Siete mil 008 millones de pesos son prácticamente 10 veces más de lo que se anunció con bombo y platillo como incremento presupuestal para este ejercicio. El municipio de Morelia, ya con las ampliaciones presupuestales recientes alcanzó un monto de3 mil 026 millones de pesos. Es decir, 7 mil 008 millones de pesos equivalen a dos años y un cuatrimestre de lo que cuesta sostener el gobierno de la capital estatal, a sus casi seis mil trabajadores y brindar servicios a 850 mil habitantes. En el presupuesto de ingresos del estado de Michoacán 2022 se contempló un diferencial de mil909 millones de pesos a favor por concepto de cobro de derechos, respecto a 2021, los cuales son atribuibles a la estimación que realizó la autoridad respecto a la recaudación por el reemplacamiento vehicular. Siete mil 008 millones de pesos equivalen a 3.67 reemplacamientos vehiculares. Eso se traduciría en que, durante el periodo2036-2045 el gobierno estatal requerirá ordenar al menos 3 reemplacamientos adicionales en ese periodo, para cubrir el costo del servicio de trasladar el pago de 2mil 700 millones del periodo 2022-2027 para aquel entonces. Con todos esos ejemplos debemos dimensionar la responsabilidad del paso dado. Sí, se entiende la inmensa presión con la cual se conduce la administración pública estatal y son públicas las lastimosas condiciones en las cuales se recibió. La multicausal inflación que presiona desde las escalas nacional e internacional es un factor adicional que motiva la reestructuración. El quiebre financiero en materia educativa debe ser contemplado como la clave explicativa de la situación. Nada de esto estaría ocurriendo si el gasto no hubiera sido desproporcionado durante décadas, si no hubiera habido medidas neoliberales desde la federación, ni tampoco excesos locales, ni firmas de minutas que comprometen transgeneracionalmente los recursos destinados originariamente a educar a las generaciones en formación. Para Mexicanos Primero Michoacán no resulta nuevo llamar la atención en torno a la reestructuración de la deuda pública estatal de largo plazo para fijar la mirada en el sector educativo. El gasto excesivo, vinculado a un muy escaso impacto en el derecho a aprender, es causal. Lo señalamos en 2010-2012 antes, durante y después de que se hizo la primera reestructuración de la deuda de2011. La realidad actual es análoga. Se requiere identificar la matriz desoluciones en el sistema educativo estatal para no solamente tomar medidas temporales con el déficit educativo, sino generar una solución integral para sanear el erario destinado a la educación. Sin embargo, no obran compromisos específicos en el dictamen aprobado para resolverlo. No hay corresponsabilidad manifiesta respecto a remediar el quebranto ni a solucionar las consecuencias del abandono del sistema educativo por décadas. Pero, por encima de lo aprobado, si se hace un manejo responsable de las finanzas educativas, la reestructuración tendrá un buen destino. Un ejemplo de ello es la mención que se realiza en el dictamen respecto a cambiar la deuda detasa variable, sujeta a fenómenos inflacionarios por unos de tasa fija, mediante instrumentos denominados SWAPS. Si bien, la contratación de SWAPS es una medida digna de análisis cuando las tasas de interés son inciertas, también es cierto que tienen un costo, que debería de ser considerado en el propio dictamen, en términos de valores comerciales o en porcentajes estimados. Una preocupación adicional es que todo esto esté sucediendo en julio, no a final de año como siempre. Justo en este mes hay exigencias económicas de grupos movilizados, quienes aspiran a recibir respuesta favorable a sus pliegos petitorios por un monto de mil quinientos millones de pesos, solamente el de la Sección XVIII de la CNTE “Poder de Base”. En varios de sus reclamos, el pliego petitorio es extralegal, abusivo e injustificado. El gobierno estatal, en este orden de ideas, debe establecer firmemente una negativa pública a entablara cuerdos por encima de la ley. Es un hecho, la deuda es explicable por las minutas con la CNTE. Si fuera todo lo que se concederá extraordinariamente este año los mil 500 millones de pesos, ceterisparibus, la deuda pública estatal de largo plazo por 19 mil 500 millones de pesos equivaldría “solamente” al monto de 13 años de minutas, sin considerar amortizaciones. ¡Pero las minutas que sí se publicaron comprenden el periodo1996-2016! Ahí está la explicación. El gobierno estatal, en caso de acordar con los gremios magisteriales debe transparentar todo tipo de acuerdo con ellos, práctica que se perdió durante el último lustro, así como buscar por medios legales invalidar las minutas del pasado o minimizar sus efectos. Recordamos que, tradicionalmente, en este mes es cuando se acababa el recurso federal para la nómina educativa. La federalización de la nómina educativa se vuelve un paso ineludible a darse después de esta reestructuración. Por otra parte, es importante recordar que, en 2022 contamos con un presupuesto educativo que fue llamado de déficit cero. Como punto a favor, si se administra bien, la reestructuración de la deuda abonará a lograr que el presupuesto 2022 sea históricamente considerado como el primero de déficit cero en muchos años en Michoacán. Destinar la inversión en materia educativa con precisión estratégica se convierte en una obligación inmediata. Asimismo, debe haber, además de efectividad en el gasto, mucha austeridad, transparencia y logros en el combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Hay posibilidades de recuperar recursos de lo que se ha mal administrado o saqueado en gobiernos previos? Debe prevalecer la cero impunidad y la costumbre del resarcimiento del daño al erario. Con el gobierno, sistemas de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real, con énfasis particular en recursos humanos, para evitar, por ejemplo, que reciban doble salario algunos integrantes del personal de estructura, basificado y de contrato incluso en la propia administración estatal, ya que actualmente no se cuenta con un sistema consolidado para visibilizar tales irregularidades. Un aspecto paralelo es transparentar cuánto es el monto de la deuda pública total del Gobierno del Estado de Michoacán. O al menos, lo relacionado con el sector educativo, para comprender mejor la situación que guarda el ámbito que está en crisis. Como ejemplos, mostrar cual es el estado que se guarda en cuanto a pago de arrendatarios, proveedores, impagos salariales, laudos, todo tipo de deuda de corto plazo, etc. El origen del déficit de las finanzas educativas sin duda fue el alevoso Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado en 1992 ,aunado a falsas soluciones ideadas desde lo local para despresurizarla ingobernabilidad generada por las protestas magisteriales, que ter-minaron generando déficits anua-les que prácticamente explican por sí mismos el boquete presupuestal de 19 mil 500 millones de pesos que se tuvo que cubrir mediante la contratación de deuda pública. Nuestro sistema educativo estatal ha estado financieramente enfermo durante 30 años al menos. Reconozcámoslo. El tema de fondo no son las finanzas deficitarias estatales en 2022, ni en 2045, sino el desequilibrio que genera el quebranto. La discusión de fondo no debe ser ni prorrogar un pago, ni tampoco pedir dinero para pagarlas consecuencias de la internación en terapia intensiva del sistema educativo estatal. El gran objetivo debe ser sanar al sistema educativo estatal. Parece que se ha soslayado el principal problema en la reestructura de la deuda. El dictamen aprobado no contiene indicio alguno de corresponsabilidad ni de redireccionamiento de recursos, ni tampoco medidas de política pública a tomarse para mejorar las condiciones financieras del sector educativo. En cambio, ya se habla de obra pública, de inversión productiva y otros intereses particulares más. ¿Y la educación acaso no debería de recibir de ese recurso para sanearla, bajo un enfoque demarco lógico, mandatado en la normatividad aplicable en materia de presupuestación? Es momento de gobernar pensando en las próximas generaciones y demostrar que el inmenso costo de oportunidad de contar con 540 millones más en2022 superará en su derrama en materia de bienestar y desarrollo los 7 mil millones adicionales que deberán pagarse en 25 años por este beneficio presente. Tal efecto multiplicativo y exponencial solamente puede ser alcanzado mediante la inversión en materia educativa, que está comprobado a escala nacional e internacional por múltiples estudios e investigaciones es lo que más retorno da hacia el producto interno bruto de una sociedad dada. Llevamos muchos años mencionándolo y este es un momento neurálgico más para reiterarlo: la educación es la piedra de toque para lograr desarrollo integral y debe ser la máxima prioridad para un gobierno que da sus primeros pasos en sentidos correctos y aspira a ser transformador. ¡Que así sea! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
