Horacio Erik Avilés Martínez Ayer, la red de organizaciones de la sociedad civil Mexicanos Primero se pronunció contra el abuso sexual escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el país, el cual constituye un terrible flagelo que exhibe escarnecedoramente la falta de normatividad, supervisión y control en el sistema educativo nacional. Al respecto del particular, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI) presentó esta semana su reporte titulado “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, donde documentó una serie de abusos cometidos en siete entidades federativas. Es del dominio público que existe casuística en más estados de la república con condiciones semejantes. Asimismo, dentro de la red Mexicanos Primero, conformada por Mexicanos Primero Visión 2030 AC, Mexicanos Primero Jalisco AC, Mexicanos Primero Sinaloa AC y Mexicanos Primero Michoacán AC se ha tenido conocimiento de abusos, denunciados tanto ante las autoridades judiciales como educativas, por lo cual, desde el colectivo de organizaciones se hizo un llamado firme a las autoridades a poner fin a los abusos cometidos contra la niñez en las escuelas del país y esclarecer los actos denunciados, tanto por la OID, como por medios de comunicación, sociedad civil organizada, padres y madres de familia y víctimas de delitos; así también exige formular normas, protocolos y políticas públicas que garanticen los derechos de NNAJ en las escuelas y se blinde a las comunidades escolares de estos actos delincuenciales. Fenómeno persistente Es un hecho que, la victimización de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas mexicanas no se limita a coartar sus derechos educativos, lo cual implica transgredir sus derechos a estar, aprender ni a participar escolarmente, sino que, indignantemente, este fenómeno va mucho más allá. En muchas “no escuelas”, los estudiantes no solamente no aprenden, sino que son abusados de todas las formas posibles en los propios planteles escolares, que deberían ser espacios seguros y modelo de la sociedad futura hacia la cual se desea evolucionar, no torvos rincones donde la ausencia de supervisión y de ley posibilita perpetrar las más perversas atrocidades contra las generaciones jóvenes. Es más, los abusos no se limitan a aquellos que son cometidos de forma presencial, sino que también existen evidencias contundentes de que, se han incrementado prácticamente al doble los delitos cometidos en línea, lo cual interpela la aparente seguridad que podría brindar el confinamiento para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la nación. Este fenómeno no es novedoso, toda vez que el abuso hacia los menores de edad en las escuelas ha sido documentado durante muchos años y los juzgados están llenos de denuncias interpuestas al respecto. Las razones de estos ilícitos están fundamentalmente relacionadas con el afán de gratificación sexual y el de lucro. Las estimaciones muestran que los incentivos en materia económica son inmensos, solo por debajo del narcotráfico, lo cual debe dimensionar la necesidad de la omisión en que ha incurrido el estado mexicano para proteger los derechos de la infancia. Sí, sabemos que en esta pandemia la situación ha empeorado, en materia de abusos sexuales y delitos contra la familia los ilícitos han alcanzado cifras máximas históricas, que requieren también acciones de la misma envergadura para contener el fenómeno delictivo. Lamentablemente, el abuso sexual en escuelas se encuentra poco documentado, invisibilizado y carente de cauces legales y protocolos que posibiliten el control y combate que amerita. La impunidad es un factor que agrava la situación. La ODI documentó la ausencia de sanciones en la mayoría de los casos, siendo muy alta la probabilidad de liberarse del ejercicio de la ley para los adultos que cometen tales delitos, ya sea individual u organizadamente. Es más, el reporte exhibe cómo las investigaciones emprendidas por la autoridad judicial excluyeron las complicidades y la acción organizada de adultos, así como el esclarecimiento de los hechos, lo cual prácticamente garantiza la infamante impunidad. Resulta imperativo que las investigaciones judiciales sean amplias y explicativas, tomando en cuenta los testimonios infantiles, que sean recabados en un entorno seguro y con secrecía, que sean expresadas libremente y sin temor, a la vez que cuenten con el debido valor como pruebas anticipadas. Autoridades, a intervenir Respecto a los casos ya documentados de abuso y que se encuentran judicializados, la red de Mexicanos Primero exige la intervención contundente de las autoridades para lograr el deslinde de responsabilidades, así como sentencias condenatorias ejemplares para los delincuentes. Resulta innegable que las escuelas en nuestro país deben contar con protocolos inmediatos de actuación y supervisión efectiva, para que, ante cualquier posible acto delictivo, la respuesta inmediata de las autoridades escolares sea denunciar el posible abuso. Asimismo, ante todos los casos denunciados por la OID como de manera independiente debería de haber investigaciones concluidas y el castigo de ley que merecen los culpables de tan abominables actos. Paralelamente, las autoridades deben garantizar que los padres de familia cuenten con información adecuada sobre cómo hablar con sus hijos e hijas para detectar cualquier posible situación en la que sus vástagos hayan padecido violencia sexual, mientras que ellos a su vez deben de contar con información y medios accesibles para denunciar cualquier tipo de violencia. Los actores políticos, candidatos y funcionarios deben tener muy en cuenta que pedir el voto para este 6 de junio implica comprometerse profundamente con resolver esta situación y formular la normatividad, las políticas públicas y los protocolos necesarios para poner fin al abuso contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México, esclareciendo los casos que ya se encuentran judicializados y vinculando a proceso a los presuntos responsables, con todo el peso de la ley. Las autoridades no deben ser omisas ni silentes ante semejantes casos que la ODI, nuestra red, muchas organizaciones más, medios de comunicación, ciudadanos y padres de familia han documentado. El futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes está en altísimo riesgo, mientras que las instituciones que deberían de garantizar su libre y sano desarrollo constituyen focos de amenaza. Esta situación debe de cambiar inmediatamente. Por ello, la red Mexicanos Primero convoca a los ciudadanos de México a elevar la exigencia para que nuestro sistema educativo nacional esté libre de abuso sexual y a las autoridades a resolver estructuralmente la problemática en los términos mencionados. No podemos seguir dejando pasar el tiempo siendo permisivos ante atentados de lesa humanidad contra las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra nación. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
