Horacio Erik Avilés Martínez Irónicamente, este viernes llegamos a las vacaciones de primavera del Ciclo Escolar 2020-2021. Al terminar este día, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán iniciarán un periodo de asueto para retornar inamoviblemente a su situación escolar: quienes están en el abandono, fuera del sistema educativo continuarán ahí, quienes se encuentran en vulnerabilidad y marginación proseguirán en tan inaceptable situación, mientras que, quienes están matriculados en escuela pública y logran seguir lo que les estipula el Aprende en Casa III continuarán enviando tareas semanalmente y, finalmente, la muy escasa minoría compuesta por quienes tienen el privilegio de tener clases en línea o en modelo híbrido volverán a retomar sus actividades académicas. Salvo que empeoren sus respectivas situaciones o un milagroso golpe de suerte acompañe a algunos casos particulares, la anterior especulación resulta ser casi una afirmación, derivado de que, a la fecha no existen políticas públicas implementadas para revertir la tremenda inercia que arrastra el sistema educativo estatal hacia el abandono escolar y la vulneración de los derechos de las generaciones jóvenes, especialmente sus derechos a estar, a aprender y a participar en la escuela. Si bien, el impacto de la pandemia en el ámbito educativo es incalculable en múltiples dimensiones, también el gobierno tendencialmente ha contribuido enormemente a ensombrecer el análisis de las circunstancias derivadas del confinamiento, especialmente en el ámbito educativo. La enorme mayoría de estudios e investigaciones han provenido de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas independientes. Sin embargo, es muy importante reconocer el esfuerzo que ha realizado el INEGI para develar las circunstancias que nos aquejan como consecuencia de la pandemia, ya que diseñaron, aplicaron y sistematizaron la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-20) 2020, de la cual se derivaron muy importantes y a la vez, dramáticos hallazgos para el sistema educativo mexicano. Por ejemplo, el comunicado del INEGI menciona que 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0% del total). De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la pandemia de COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos. Aunado a lo anterior, se detalla que para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones (60.6% de la población de 3 a 29 años). Derivadamente de motivos asociados al COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021. Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar vigente (2020-2021) 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet. Aunado a lo anterior, más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. Respecto a las características de las clases a distancia, el comunicado menciona que, por nivel de escolaridad, 55.7% de la población de educación superior usó de la computadora portátil como herramienta para recibir clases, mientras que 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente. En 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años inscrita se hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes, en 26.4% para contratar servicio de internet fijo y en 20.9% para adquirir mobiliario como sillas, mesas, escritorios o adecuar espacio para el estudio. En 56.4% de las viviendas piensan que el beneficio de las clases a distancia es no poner en riesgo la salud de los alumnos, seguida de las ventajas que propicia la convivencia familiar con un 22.3% y del ahorro de dinero en gastos diversos como pasajes y materiales escolares con 19.4 por ciento. Sobre las principales desventajas, 58.3% opinan que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, seguida de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos (27.1%) y de la falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos (23.9%). Para todos los grupos de edad, más de la mitad de los estudiantes tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita; el grupo de 13 a 18 años es el de mayor disponibilidad con 64.1%, seguido del grupo de 6 a 12 años con 60.7 por ciento. En suma, el documento es extenso y revelador, toda vez que permite identificar variables de estudio y realizar inferencias a escala nacional, aunque tiene limitaciones. Si bien, se trata de una encuesta telefónica, aun tratándose de una institución con alta credibilidad como el INEGI se le complicó mucho conseguir información, ya que, de los 32 mil 467 números muestreados, apenas se logró contactar con 4 mil 690 personas correspondientes a la población objetivo, correspondientes a personas mayores de 18 años que pudieran brindar información respecto a habitantes del hogar que contasen entre 3 y 29 años. Esto complica enormemente hacer interpolaciones para las entidades federativas, por lo que la información debe usarse de forma agregada, para reducir el riesgo de realizar aseveraciones sin el debido soporte estadístico. Es decir, esta información debe usarse con todas las reservas del caso. Pero mucho más trascendente que cuestionar la apropiabilidad de la información del ECOVID-ED 2020. Lo más importante es voltear hacia quienes tienen los datos, la información con nombre y apellido de quienes abandonaron la escuela: las autoridades educativas locales. En Michoacán quien tiene atribuciones, recursos disponibles, bases de datos y la obligación de construir un censo de quienes abandonaron la escuela es la Secretaría de Educación en el Estado. Es decir, urge que se transparente oficialmente el estado que guarda el abandono escolar en la entidad, de forma desagregada conforme a variables socioeconómicas y geográficas para poder impulsar acciones de solución al respecto. En la medida en la cual se honre el compromiso con el derecho ciudadano a conocer la verdad habrá condiciones para concitar la participación ciudadana rumbo a soluciones colaborativas de tan alarmante situación, que trasciendan el presente sexenio y consideren como principal prioridad los derechos humanos de la niñez y juventud michoacanas. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
