Horacio Erik Avilés Martínez Michoacán cierra el 2022 con una gran cantidad de pendientes en materia educativa, a la vez que con muchos primeros pasos y victorias tempranas que merecen convertirse en políticas públicas consolidadas. Si bien, la agenda es del dominio público, habrá una serie de fenómenos al interior del sistema educativo estatal que vale la pena se observen y se atiendan antes de que salgan de control. De entrada, la principal sombra que se cierne sobre el sector educativo en la entidad es que el año que inicia es previo a la elección de 2024, la cual definirá el rumbo que tomará el país y, ante lo cual, al magisterio se le intentará convertir en un fiel de la balanza política-electoral. Una vez más, en detrimento y olvido de los derechos de la niñez y de la juventud, quienes continuarían bajo este escenario padeciendo la sempiterna crisis consistente en padecer las consecuencias de intentar ejercer sus derechos a estar, a participar, a convivir y a aprender en un sistema educativo que se encuentra en los últimos lugares en múltiples indicadores, especialmente los relacionados con acceso, cobertura y permanencia escolares. De suceder así, la movilización de los adultos en la siempre frenética lucha por el poder, los recursos y los privilegios pisotearía una vez más las esperanzas de las generaciones en formación. ¡No debemos permitir esto! Sin embargo, aun evitando esa circunstancia, las elecciones ya nos alcanzaron. Uno de los factores que más incidirán en la gobernabilidad y estabilidad al interior de la educación estatal consiste en que durante 2023 deberían venir una serie de renovaciones al frente de diversas fracciones sindicales y grupos gremiales en Michoacán de Ocampo. Sin embargo, son sabidas las intenciones de perpetuarse de varios de los líderes, juntamente con sus incondicionales. Las anheladas elecciones para las fracciones de la CNTE y del SNTE no cuentan con convocatoria ni con toma de decisiones con base en sus respectivos estatutos, ni los mandatos de los plenos seccionales de base. Es sabido que, durante este año que finaliza, por parte de algunos operadores políticos y magisteriales se exploró arduamente la posibilidad de unificar a las fracciones de la CNTE y al SNTE, por las dificultades inherentes a la gestoría múltiple, por el descrédito amplio en que han caído las cúpulas magisteriales y por la dilución de su poder de convocatoria. Se les vio reunidos en lugares públicos y se supo prontamente lo que se intentaba cocinar. Sin embargo, por la suma de intereses creados en cada grupo se vislumbra muy difícil que llegue la anhelada unidad magisterial en la cual prevalezcan los derechos de la base trabajadora, por encima de intereses cupulares y de la costosa personería que ejercen los que se constituyen como apoderados de los maestros, para impulsar su agenda confidencial soslayando las justas necesidades y reivindicaciones de los docentes frente a grupo. Recordemos que hay más de dos decenas de supuestos líderes, representantes e intermediarios de trabajadores de la educación, muchos de cuyos membretes y siglas solamente parapetan intereses unipersonales. A la fecha, a los grupos con mayor capacidad de movilización se les atiende en mesas de negociación, mientras que a los que ya no tienen mayor representatividad, pero tienen capacidad de generar inestabilidad se les han entregado cuotas de poder, brindándoles algún área a controlar, planteles, direcciones, zonas y sectores escolares para sí o sus familiares. Por otra parte, durante 2023 se esperaría que, por encima del discurso, se logren ahora sí avances sustantivos en torno a la federalización de la nómina educativa, la cual constituiría un salto cualitativo en pro del saneamiento financiero de la entidad, así como de la transparencia, rendición de cuentas y estabilidad laboral de los trabajadores de la educación cuya fuente de financiamiento salarial es estatal. La labor largamente procrastinada e incompleta a la fecha consiste en integrar un padrón fiable de los trabajadores de la educación en la entidad, donde sean consistentes los documentos que acreditan la identidad del trabajador, su perfil académico, la experiencia profesional, la antigüedad, la adscripción, el tipo de plaza, la clave de centro de trabajo y su historial laboral, entre otros rubros, debiendo compulsarse presencialmente en las aulas. Por supuesto, los enemigos jurados de la federalización de la nómina magisterial son los aviadores y comisionados, quienes capturan y extraen el presupuesto educativo. Otro factor a seguir en el sistema educativo estatal es que sobrevendrá durante el primer mes del año un proceso electoral fáctico en aras de asignar la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por parte de la Comisión de Rectoría, que no cuenta con una reglamentación transparente y vigente al respecto, hecho que contrasta con la clara influencia que las atribuciones brindadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal al titular del poder ejecutivo en la entidad, pudiendo nombrar y remover libremente a las cabezas de los organismos públicos descentralizados, como es la propia UMSNH. Esperemos que la efervescencia que actualmente existe entre la comunidad nicolaíta y la clase política que anhela mover sus hilos logre apaciguarse rápidamente una vez la persona titular de la rectoría rinda protesta y no haya conflictos posteriores a la designación. También habrá que seguirle la pista al presupuesto. Tanto al cierre del ejercicio 2022, que por tener el apelativo de ser cero deficitario, como de ser igualmente el de 2023, deberían de reflejar sus bondades, tanto en indicadores educativos como en el saneamiento financiero estatal. Los incrementos a ciertas dependencias educativas llaman la atención y se espera que sean de alto impacto, porque varios de ellos contienen obra pública a realizarse en instituciones de educación superior. En contraste, en los nueve mil millones de pesos direccionados hacia obras multianuales llama la atención que ninguna acción corresponde hacia el sector educativo, ni tampoco en general hacia salud ni hacia seguridad, tres de los principales temas públicos que garantizan los derechos humanos más prioritarios. Sí, las obras de movilidad contribuirán transversalmente al desarrollo integral, pero se debe tener cuidado en que se liciten y ejecuten debidamente, para que no se conviertan en obras faraónicas, suntuarias y opacas como ha sucedido en muchas otras ocasiones. Será de esperarse que, en la planeación de las obras se contemplen estudios origen-destino hacia los principales centros educativos y que se brindan posibilidades reales de aminorar distancias, tiempos de recorrido y costos de traslado para el estudiantado y el magisterio, toda vez que la inaccesibilidad a las aulas es una fuerte causa de abandono escolar, la cual debe ser abatida mediante esta clase de obras que se están planificando, principalmente en la capital de la entidad. Y un factor que puede generar incertidumbre inmediata es la gestión del denominado Taller Intensivo de Formación Continua en la entidad, que dejará sin clases a más de un millón de estudiantes de educación básica, ciñendo a todos al calendario de 190 días, lo cual pondrá a los trabajadores de educación básica a participar en un proceso de autocapacitación, que se llevará cero de los pírricos 85 pesos programados por maestro para 2023 en formación continua. Si, desde un enfoque del usuario final vislumbramos lo que reciben los estudiantes en la entidad, nos daremos cuenta de que la actividad cardinal del sistema educativo estatal es brindar clases presenciales. Bajo esta visión, si consideramos el presupuesto de egresos estatal y lo dividimos entre el número de días de clases recibidos podremos calcular el costo aproximado de cada día de clases. ¿Cuántos recursos se desaprovecharán para los estudiantes? Hagamos la cuenta: 28 mil 076 millones de pesos entre 195 días de clases arrojan un cociente de 143 millones de pesos por día de clases. El no tener estos cinco días de clases representa un costo en la SEE de 715 millones de pesos. De esa magnitud es el costo de oportunidad. Más aún, se cuenta con información fidedigna de diversos casos en Michoacán donde estos talleres se realizarán por vía virtual, con lo cual se complicará aún más la formación continua de los docentes, por no poder participar, convivir y retroalimentarse debidamente. Para otra ocasión, ponderar debidamente la formación del magisterio y brindarles formación continua abonará a alcanzar el ideal. Es sabido que la calidad de un sistema educativo no puede exceder a la calidad de sus maestros, como lo concluyó Michael Barber en un estudio clásico sobre el Reino Unido, donde demostró que la calidad de los docentes es el factor que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, de acuerdo con ese estudio, invertir en formación continua es lo mejor que se puede hacer para lograr resultados de alto impacto. Más aún, en Michoacán, durante 2023 se destinarán 19 de cada 20 pesos en el gasto educativo para el pago de la nómina magisterial; lo cual significa que, al menos el 95 por ciento de la confianza de que nuestro sistema educativo estatal funcione está depositada en el magisterio. Dotarles de actualización y formación continua de excelencia es un deber insoslayable de los órdenes de gobierno federal y estatal, por lo que esperamos se tomen acciones correctivas y no se repita lo que sucederá durante la primera semana de enero. Sin duda, esta clase de decisiones también pueden atribuirse a la curva de aprendizaje que está viviendo el sector educativo por los relevos realizados, por lo cual debe de buscarse que se supere cuanto antes, toda vez que la situación que guarda la educación michoacana no puede esperar más. Se requieren resultados prontos y expeditos, pero también la colaboración de todos los actores claves del sistema. Es el año de demostrar las vocaciones magisteriales y de servicio público, poniendo los derechos de la niñez y de la juventud al centro. En caso contrario, de que se sobrelleve la crisis, que no se superen los temas álgidos a dar seguimiento mencionados en esta entrega, muy probablemente no se alcanzarán los objetivos planteados en la actual administración pública estatal, lo cual resultaría inaceptable. Estamos a tiempo de garantizar sea 2023 cuándo se consolide la transformación educativa que merecen las niñas, niños y jóvenes en Michoacán. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director general de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
