Horacio Erik Avilés Martínez Controlar, combatir y erradicar la corrupción en el sector educativo michoacano son grandes misiones que a la fecha se encuentran inacabadas. En materia de acceso laboral al sistema educativo, tres grandes males se han generado a través de las promesas que funcionarios, políticos e intermediarios han hecho cundir en el sector educativo estatal: generar expectativas de obtener de plazas en el servicio profesional docente, las de conseguir adscripciones específicas y espacios laborales, así como las de ingresar a determinados planteles educativos como estudiantes, particularmente a aquellos que brindan plazas automáticas. La falta de regulación al respecto conlleva que de la promesa se pase a la dádiva, al tráfico, y de éste al lucro, en el más amplio sentido del término, generando consecuencias gravísimas, de corto y largo plazo al interés superior de las niñas, niños y jóvenes, así como a los profesionistas del sector educativo, siendo en contrapunto un pingüe negocio para quienes forman parte de redes que ejercen estas modalidades de corrupción. La ausencia de rectoría en el ámbito ha permitido que la presión por contar con espacios en el sector educativo se haya trasladado hasta el ingreso a determinados planteles educativos, ya que, ciertas profesiones se han convertido en sinónimo de movilidad social y en garantía de obtener un salario vitalicio. De ellas destacan, medicina, ciencias de la salud y las escuelas normales. El fenómeno no es privativo de la educación superior. Por el contrario, comienza desde la más tierna infancia. Derivado de las carencias en cobertura educativa, el tráfico de espacios educativos existe desde educación inicial, donde hay unas pocas escuelas con instalaciones dignas, las cuales suelen ser acaparadas por la clase burocrática. En retrospectiva, en Michoacán hay personas que han sido privilegiadas con un espacio educativo para sí, desde los pocos meses de nacidos, obteniendo ventajas para estudiar en las mejores instituciones públicas, hasta llegar a concluir su carrera universitaria, para después obtener una plaza laboral, ya sea heredada, comprada o automática, otorgadas sin suficiencia presupuestal y con efectos sistémicos. Lo anterior, además de implicar privilegios, conlleva también que se generen rutas inequitativas para quienes a través del influyentismo o del soborno se hagan de espacios en las escuelas o de plazas laborales. Es necesario acabar con las redes de corrupción, con las promesas y el tráfico que conllevan. Primeramente, generando cobertura educativa suficiente para todos los estudiantes. Para que estar en la escuela no sea considerado un privilegio y el acceso sea universal para que todos puedan ejercer su derecho a estar, a convivir, a participar y a aprender en las escuelas michoacanas. Sin embargo, ello implica replantear las metas de cobertura educativa, de construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa, así como de ampliar las modalidades abiertas y a distancia, para alcanzar un punto de inflexión en el sentido contrario al inercial, que implica la pérdida de matrícula en las escuelas michoacanas, como efecto de la crisis permanente del sistema educativo local y de los efectos de la pandemia, aún sin diagnóstico e irresueltos. Para acotar otra arista del fenómeno, también resulta inaplazable tipificar como una modalidad de fraude en el Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo el tráfico de plazas y espacios en el sector público y en el educativo en particular, porque esa medida permitirá combatir la corrupción, la anarquía y la impunidad que campean en el rubro, propiciada eminentemente por los propios funcionarios. Pero, eso metería en líos a quienes medran políticamente de la generación de expectativas. ¿Qué pasaría cuando son los titulares del poder ejecutivo, federal, estatal o municipal quienes están inmersos en esa problemática y han llegado a ocupar puestos de elección popular gracias al apoyo que les ha granjeado hacer esa clase de promesas abusivas? Hagamos consciencia: prometer con dinero público no solo empobrece: nos pauperiza. Generar expectativas desde el poder o cuando se está en campaña es un pingüe negocio, donde las ganancias son de toda índole. Como ejemplos vigentes, el actual gobierno federal inició prometiendo que tendrían plaza los egresados de las escuelas normales, mismo caso con quienes egresen del sistema de universidades “Benito Juárez”, promesa que los estudiantes inexorablemente buscarán se cumpla. A la fecha, ya van varios bloqueos que organizan los jóvenes en aras de preparar el camino para que se les cumpla la promesa presidencial de contar con un empleo seguro y vitalicio, a pesar de aún no haber concluido sus estudios universitarios. El ejemplo de los movimientos normalistas ha cundido, siendo absurdo que desde el primer año de clases estén generando movilizaciones y medidas de presión hacia el gobierno para que les entreguen plazas automáticas cuatro años después. A la fecha, a pesar de que cuentan también con la promesa presidencial de contar con espacios laborales a su egreso, no dejan de realizar acciones colectivas para sostener negociaciones e impulsar agendas confidenciales bajo el pretexto de defender las causas del movimiento normalista. Paralelamente, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros es una instancia que también se ve en aprietos para ejercer sus atribuciones por las múltiples presiones que recibe. Gran ejemplo de ello es la convocatoria vigente para el ingreso al servicio profesional docente, donde tuvieron que limitar el acceso al proceso de oposición para que fuera exclusivamente dirigido a egresados de las escuelas normales públicas estatales, lo cual coarta los derechos de los interesados que no reúnan el requisito colocado con calzador en las convocatorias, el cual es fácilmente recurrible ante tribunales. La inconformidad al respecto la han hecho saber los afectados vía redes sociales a las autoridades, sin que se haya acertado a generar una solución justa al respecto. Análogamente, la actuación que han tenido los responsables de la UESICAMM respecto a procesos de asignación ha sido sumamente cuestionada en los últimos años, hecho que no ha sido muy diferente a lo que acontecía con la tristemente célebre Coordinación del Servicio Profesional Docente, entidad peñanietista a la cual se le documentaron múltiples atropellos a los derechos de los profesionistas del sector educativo, cometidos o permitidos desde su seno. A la fecha, llueven las evidencias en redes sociales de posibles actos violatorios de la normatividad en materia de ingreso, promoción y cambio de adscripción en el servicio profesional docente, los cuales ya han sido visibilizados por todas las fracciones sindicales y gremiales del magisterio michoacano, así como por víctimas directas y medios de comunicación. Simultáneamente, la cuenta regresiva continúa rumbo al 31 de mayo, fecha en la cual se vence la realización del evento público en el cual deberían de asignarse direcciones y supervisiones de primaria del proceso 2022. La omisión ya ha generado denuncias ante el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, donde ahora se espera que haya seguimiento y solución a la problemática. Sin menoscabo de sus respectivas denuncias, las fracciones gremiales han hecho sus propias clasificaciones de aspirantes a los cambios de adscripción, en los cuales el factor que más gravita es la militancia y participación sindicales, seguida por la antigüedad. Es decir, ninguno de los principales criterios está vinculados a lograr resultados de alto impacto en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes. Es decir, mientras todos protestan por las violaciones y omisiones a la ley, también intentan generar su propio orden supralegal e imponérselo a la autoridad. Por ello, la respuesta debe ser institucional, fortaleciendo, transparentando y actuando con franqueza desde la UESICAMM, para evitar que cundan los procesos irregulares y, con ello, los atropellos al legítimo derecho de los trabajadores de la educación. Otra arista que afecta la indiscriminada emisión de cheques de saliva es el acrecentamiento de presión para las ya exiguas finanzas educativas, ya que las promesas y expectativas multinivel que se generan en estas etapas de ingreso, jubilación o adscripción, suelen no contar con suficiencia presupuestal ni con un estudio actuarial previos, por lo que resulta prácticamente imposible lograr que los recursos alcancen, generando déficits multianuales que colocan en amplio riesgo los derechos educativos de las generaciones en formación. Por ello, es importante poner alto a los funcionarios quienes fácilmente se aducen presas del síndrome de Santa Claus, acotando por los medios normativos existentes a quienes se dediquen a hacer beneficencia con plazas o dinero ajenos e inexistentes, porque tal acción no lleva a parte alguna. La justicia social se confunde con el afán de derroche y termina generando pobreza, siendo pagada por los mismos a quienes dicen defender. Y por supuesto, al momento de obtener ganancia política, electoral o monetaria se convierte en un acto de corrupción, que debe ser visibilizado, denunciado y sancionado conforme a derecho. Por ende, para romper esta clase de ciclos perversos es necesario hackear el sistema desde dentro, incluso aunque ello les implique a los servidores públicos destruir el puente multinivel de expectativas que los llevó hasta los espacios de poder público. ¿Quo vadis? Transformar la situación de fondo es cuestión de normar y de autorregularse en la promesa, superando las tentaciones de lucrar con las atribuciones desde la función pública; es decir, de ceder ante la corrupción. Es tiempo de ejemplarizar desde el ejercicio de la función pública, cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Y si la ley o el proceso no existen, hay que crearlos. ¡Sí se puede! Sus comentarios son bienvenidos a eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
