Horacio Erik Avilés Martínez El próximo lunes se reanudan las actividades del Ciclo Escolar 2020-2021. Más de un millón de estudiantes deberían reincorporarse a ejercer su derecho a aprender en las escuelas. Sin embargo, esto en lo general no ocurrirá. No existen aún condiciones para retornar, ni tampoco medidas de política pública para propiciar su retorno a las aulas. Están pendientes las vacunas, las medidas sanitarias, la capacitación para la convivencia en el entorno de la pandemia, la provisión de agua potable y consumibles, así como la organización de los padres de familia, estudiantes, directivos y maestros para tomar decisiones en conjunto al respecto. La ruta de la escuela pública está plenamente entrampada. En la educación privada no mejora mucho la situación. En algunos planteles, especialmente ciertas universidades privadas, las vacaciones no fueron tales, sino que, trataron de simular muchas actividades a distancia atiborrando de actividades a los estudiantes, exacerbando el abandono escolar y ocasionando el agudizamiento de problemas socioemocionales en los jóvenes que tuvieron bajo su yugo en ese modelo de negocios. Impulsaron enfoques efectivistas ya superados que intentan confundir a los paterfamilias en aras de sostener una especie de prestigio infuso que nada tiene que ver con una visión de derechos humanos, sino con una reputación basada en vigilar y castigar, para sostener su imagen pública a costa del sometimiento del alumnado. Afortunadamente, son la minoría en la entidad y las propias leyes del mercado deberán colocarles en su justa dimensión. Lo preocupante, es que las autoridades educativas estatales están dejando sin monitorear a las escuelas y universidades privadas respecto a sus actuaciones en el aspecto socioemocional y los modelos cuestionables de aprendizaje que venden. Esperemos que, quienes cobran supuestamente inspeccionando no estén incurriendo en conflictos de intereses al abandonar sus responsabilidades de supervisión, ya que varios de los funcionarios que deberían de estar ocupados en mantener marca personal pudieran ser egresados, docentes, propietarios o socios de estas empresas del sector educativo. Con el cambio de gobierno se deberán de acotar estas extralimitaciones, para obligar antes de tomarse cargos públicos declarar esta clase de intereses y evitar que personajes que obtienen beneficios de la privatización del derecho a aprender estén al frente de responsabilidades públicas y se dediquen a impulsar con su mediocridad y corrupción el tránsito de la matrícula de nuestra escuela michoacana hacia esas modalidades de sostenimiento que conllevan lucro. Por lo anterior, es un hecho que el 12 de abril nuestros hijos continuarán con la mala normalidad: la de ver sus derechos educativos vulnerados, conformados por la triple hélice que les debería garantizar estar, aprender y participar en las escuelas y prácticamente arrinconados por la falta de auténticas opciones para crecer y desarrollarse libremente en el sector educativo estatal, incluso aun contando con recursos económicos para poder pagar educación privada. Realmente se empieza a estrechar el cerco y a volverse cada vez más inaceptable la situación en materia educativa. Se aproxima el cierre de un ciclo escolar más en el cual se colocarán calificaciones sin determinar el nivel de aprendizaje alcanzado, donde ni siquiera la autoridad ha sido capaz de transparentar el total de estudiantes que abandonaron la escuela en Michoacán durante el último año, cifra que, a partir de los estudios recientes de INEGI puede inferirse que alcanza más de 150 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Mientras tanto, la situación política al interior del magisterio seguramente generará más preocupaciones y contratiempos al libre ejercicio de los derechos educativos, toda vez que se dio un retraso del pago a los docentes, en pleno periodo vacacional, ya que se dispersó nómina fuera de tiempo, por la tarde y con lo complicado que les resulta a los trabajadores de la educación contar con su salario devengado en la mano, ante los cierres de banco en vacaciones. Así, resulta muy difícil garantizar que, al próximo lunes no sucedan movilizaciones, marchas, plantones ni bloqueos que soslayen el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. El proceso de promoción horizontal magisterial no tiene contentos a los maestros. La USICAMM y la UESICAMM Michoacán no han atendido con calidad a los docentes que tuvieron confusión en datos, así como aquellos que tenían datos de otros estados, que no correspondían a su clave o cualquier detalle que no les permitió avanzar en su prerregistro en aras de obtener un mejor salario. No hubo quién los apoyara en correos electrónicos, contraseñas ni en la defensa de sus derechos laborales. Por lo anterior, miles de trabajadores de la educación se quedaron fuera de poder aspirar a un mejor ingreso, lo cual también exhibe el darwinismo al que se somete al magisterio, obligándolos a competir entre sí en lugar de conformar un tabulador automático en el cual se incrementen las percepciones a quien acredite los méritos suficientes de forma inmediata. Justo por esa clase de situaciones es que en Michoacán tiene fuerza enorme la CNTE en sus dos colores. Paralelamente, está con nosotros la primavera normalista. No hay plazo que no se cumpla, otra vez llegó el temido momento para la SEE de emitir la convocatoria de ingreso a las escuelas normales. Los mismos que hicieron la desastrosa edición 2020, cuyas consecuencias a largo plazo para el erario estatal no se han atrevido a transparentar ahora vuelven a la carga. Esta vez intentarán negociar con la ONOEM reduciendo 120 lugares para estudiantes de nuevo ingreso, pero no hay un solo indicio de evidencia de que la SEE vaya a diseñar mejores medidas de control para evitar la corrupción. Por lo pronto, hablar de 120 espacios menos, cotizados a 40 mil pesos implica en el mercado negro una pérdida de casi 5 millones de pesos para las redes de tráfico de ingresos a las escuelas normalistas. Mientras tanto, en relación con el derecho humano al agua en las escuelas, se sigue esperando se brinde una explicación exhaustiva respecto al convenio-marco que las autoridades educativas le enviaron a los ayuntamientos de Michoacán para dotar de agua a las escuelas. Las intenciones salieron a relucir: buscan que se les condone el multimillonario adeudo que a la fecha sostienen por impago del servicio del líquido vital, a pesar de constituir su obligación legal y estar presupuestada la erogación; pretenden que los municipios se hagan cargo de una vez y para siempre de proveer gratuitamente a las escuelas del fluido mencionado, deslindándose de la responsabilidad de tener mil doscientas escuelas sin agua; a la vez que aspiran a ejercer su solidaridad construyendo obras por la magnitud de los adeudos pendientes, como si dignificar escuelas no fuera ya una obligación. Con todo esto, pretenden que los ayuntamientos absorban la responsabilidad de condonar créditos fiscales, lo cual puede ser sujeto a profundas observaciones por parte de los órganos internos de control, de las autoridades en materia de fiscalización y de combate a la corrupción. De todas estas condiciones, la más preocupante es lo que está sucediendo en este periodo vacacional dentro de los hogares michoacanos. No hay estudios ni investigaciones respecto a cómo están viviendo el confinamiento las familias. Resulta alarmante contemplar los picos máximos de violencia traducida en el número de delitos contra la familia que son denunciados, pero consterna mucho más la cifra negra que puede subyacer en torno a tan preocupante flagelo. Esperemos que, al menos, antes de cerrar este ciclo escolar podamos conocer el estado en que se encuentran los actores del sistema educativo estatal, especialmente maestros, directivos, estudiantes y sus familias, para poder diseñar e impulsar políticas públicas para remediar las situaciones. Paralelamente, para que la academia, sociedad civil, padres de familia y actores políticos puedan conformar una agenda por la educación de Michoacán basada en evidencias construidas con el método científico, para que esta clase de ejercicios no vuelvan a ser un listado de buenos deseos que solamente sean una acción legitimadora que posteriormente se desvanezca, de manos de quienes obtengan el poder mediante las urnas y de quienes se vendan como los aglutinadores de la voluntad de la sociedad civil. En suma, es tiempo de cambiar la forma de construir políticas públicas, participación ciudadana y agendas comunes con los actores políticos, para evitar que, una vez más, se manipulen cifras, indicadores y presupuestos, condenando a generaciones enteras al fracaso, la desesperanza, la miseria, la migración, el subempleo, la ignorancia y a la delincuencia. No harán conciencia solos, debemos forzar el cambio social en este periodo electoral. Sin duda, hay muchos aspectos que requerirán solución para lograr ese regreso a clases. Esperemos que la mala normalidad desaparezca con la construcción colaborativa del camino rumbo al regreso a clases, con la participación de todos los actores involucrados y el liderazgo del gobierno para conseguir la política pública que se requiere. Más aún, modifiquemos el destino manifiesto que la inercia señala para nuestros hijos, partiendo de asumir que merecemos un gobierno educador. Debemos luchar por hacer que el ideal se convierta en realidad. Demostremos a propios y extraños que estamos confinados, mas no alienados en la lucha por el derecho a aprender. Sus comentarios son bienvenidos en:eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter:@Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
