Horacio Erik Avilés Martínez Para la inmensa mayoría de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán, sus escuelas permanecen cerradas desde el viernes 13 de marzo de 2020. Pero, desde que el presidente de México subió a la agenda pública la posibilidad de regresar a las aulas es que ha habido efervescencia suscitándose aludes de declaraciones y algunos pasos en pro de la presencialidad, escasamente acompañados de inversión, con honrosas excepciones de entidades federativas que han hecho esfuerzos notables respecto a sus pares. El pasado 30 de agosto, con el arranque del Ciclo Escolar 2021-2022, Michoacán se quedó atrás y dejó pasar la oportunidad, siendo un puñado de estados los que no arrancaron, por afectaciones de huracanes, por razones políticas, sindicales, financieras o, como en el caso local, por la sumatoria de todos estos factores. Habiendo transcurrido ya dos semanas de clases, en seguimiento a los acuerdos de una sesión del Consejo Estatal de Salud se liberó una circular por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, en la cual se anunció que las escuelas públicas y privadas de educación básica podrán reiniciar actividades presenciales a partir del lunes 20 próximo, previo acatamiento de la normatividad y protocolos sanitarios emitidos al respecto. En ellas, se traslada prácticamente la responsabilidad a los padres de familia y a los directivos escolares. En escuelas privadas se sabe que algunos planteles de educación básica han reiniciado actividades presenciales en Michoacán gracias a haber obtenido amparos ante los tribunales respectivos. Pero, a partir de ahora, quien tenga las condiciones podrá retornar a clases presenciales, salvo educación inicial y preescolar, niveles que se mantienen en la modalidad no presencial. Preocupa enormemente el hecho de desconocerse si están los planteles educativos debidamente preparados para una acción de tal envergadura, teniendo en cuenta el histórico rezago en inversión en infraestructura, en equipamiento, en dotación de libros de texto, uniformes, útiles escolares, material sanitario y consumibles. La autoridad educativa estatal mencionó que, en el mejor de los casos, 300 mil de 1 millón 334 mil estudiantes están en posibilidades de retornar a la presencialidad, sin que esta cifra esté sustentada con evidencias. Esto implica que, en el mejor de los casos se inició, con 2.2 de calificación. Pero, por si fuera poco, el arranque del ciclo escolar en Michoacán fue autocalificado por la autoridad como “responsable, ordenado y escalonado”. Primeramente, desde una visión institucional y de derechos humanos el regreso a clases podría verse como responsable si hubiera habido respondientes gubernamentales que actuaran en réplica proactiva y garantista ante la pandemia, agravada por las condiciones de rezago histórico, heredado y creado que inciden en lo educativo. La autoridad educativa estatal ha quedado mucho a deber con su reiterada costumbre de declarar que “no hay condiciones” para el regreso a clases, sin dar explicaciones de la situación, ni un diagnóstico, ni cifras, ni indicadores, mucho menos un informe detallado de las acciones que se realizan para contrarrestar lo que acontece. Causalmente, las declaraciones oficiales se sincronizaron con las posturas de la CNTE estas dos semanas. Finalmente, si el orden es ser consecuentes con la falta de condiciones para el regreso a clases, requeriremos acabar con ese orden e infundir caos; se requiere la construcción de capacidades, la implementación de protocolos, invertir para que haya condiciones efectivas escuela por escuela y pagarles en tiempo y forma sus percepciones integrales a todos los trabajadores de la educación. Justo ocupamos de ese tipo de caos que rompa con el orden impuesto por la pandemia. Efectivamente, el escalonamiento también se dio, pero no fueron el semáforo epidemiológico ni los criterios sanitarios los principales factores. El escalonamiento fue social y se marcó nuevamente entre ricos y pobres, entre escuelas privadas y públicas, entre escuelas urbanas y rurales, entre planteles que recibieron inversión pública y privada y los que no, entre cuyas comunidades se organizaron para retornar y no, entre quienes tienen conectividad y quienes no, entre quienes tienen maestros con comorbilidades y quienes no. La falta de presencialidad y la ausencia del ejercicio del derecho a aprender golpeará con magnitud incalculable a las familias más marginadas. No fue la variante delta, sino que fueron la exclusión, la omisión, la política de adultos y la ausencia de inversión los factores que mantienen a los estudiantes michoacanos fuera de las aulas. Por cierto, en torno al retorno a la presencialidad, mucho se tiene que aprender del CONAFE, que hoy concluye su semana nacional de celebración del quincuagésimo aniversario de su fundación y que, en Michoacán se ha convertido en toda una alternativa para la escolarización de miles de michoacanos. Cabe destacar que, a pesar de los picos máximos de la pandemia, de la ola récord en materia de inseguridad, delincuencia organizada y homicidios, así como del epítome de las afectaciones socioemocionales esta modalidad educativa no ha parado sus labores y bien debería de hacerse un gran esfuerzo por sistematizar y divulgar las experiencias educativas suscitadas durante los últimos dieciocho meses. Paralelamente, fortalecer este nivel educativo es una labor de todos. Un esfuerzo que realizó recientemente la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán es de destacarse, toda vez que emprendieron una colecta para dotar a la mayoría de las coordinaciones regionales de CONAFE en la entidad de equipos de impresión, ya que hasta de esta clase de equipamiento carecen. Sin duda, al ser una de las principales modalidades educativas en la entidad requiere una inversión superior, así como articulación y reconocimiento social. Lo socioemocional fue el factor más preocupante en boca de quienes apremiaron el retorno a clases. Pero, ¿está realmente preparado el sistema educativo michoacano para arropar y proteger a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿Se cuenta con los miles de psicólogos escolares, trabajadores sociales y médicos necesarios para poder hacer frente a una pandemia cuyas dimensiones aún desconocemos? ¿Podemos hacer frente a una de sus manifestaciones más cruentas, el suicidio? El suicidio succiona las vidas de los adolescentes y jóvenes despiadadamente, escalando peldaños a pasos agigantados entre las principales causas de muerte entre los segmentos etarios citados. Justamente se conmemora hoy el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, del cual hay muy pocos datos en el contexto escolar. Es decir, estadísticas de incidencia entre los integrantes de las comunidades de aprendizaje en Michoacán y las acciones institucionales que se emprenden para controlar y combatir tan cruento flagelo, el cual no solamente termina con las vidas de cientos de inocentes, sino que rocía su veneno en el entorno. Los amigos y familiares quedan impregnados de duelo y dolor por quien se quita la vida, siendo arrastrados en muchas ocasiones al citado abismo, requiriendo ayuda profesional durante años enteros. En virtud de la situación es inaplazable contar con una política de estado para la concientización y la prevención del suicidio, así como para la atención de las familias, amigos y compañeros de las víctimas. Por otra parte, es importante mencionar lo acontecido en la rueda de prensa de Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, organización que obtuvo una sonante resolución del poder judicial al lograr que un juez federal ordenase a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud federales que garanticen la seguridad e higiene en todas las escuelas de México en el proceso de retorno a las aulas. El juez coincide en que el gobierno no emitió protocolos suficientes para reducir los contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y, por tanto, ordena que se garanticen los insumos y materiales necesarios para la prevención del contagio de COVID-19 entre niñas, niños, docentes y directivos, así como de la dotación de agua potable, en las 261 mil 101 escuelas del país. La decisión es resultado de una demanda de amparo presentada el 30 de agosto por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, acompañada del despacho de abogados Soledad & Carrasco. En ella se reclama, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS) no cumplieron cabalmente con la obligación de garantizar las medidas básicas para un regreso a clases seguro a todos los estudiantes del país. En este sentido, el Juez de Distrito ordenó a las autoridades garantizar: i) el suministro de cubrebocas, termómetros, gel antibacterial, jabón y demás insumos para la prevención de contagios y no dejar la responsabilidad a las familias y el personal de las escuelas, como sugiere la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas” que emitieron las dependencias, y ii) el suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas del país sin excepción, incluso en el caso de que se argumente que no hay presupuesto para ello. Lo anterior se derivó de que el juez consideró que la “…Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud han incumplido con la obligación que tienen de salvaguardar (…) los derechos a la educación y a la salud (…) a favor de las personas que deben incorporarse a clases presenciales, entre las que se encuentran, niñas, niños y adolescentes y algunas otras personas en otra situación de vulnerabilidad (…) Además, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud cuentan con 48 horas tras ser notificadas para emitir protocolos “generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada” que complementen la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas” vigente hasta ahora, para establecer con certeza cuáles son los procedimientos por seguir en la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de la pandemia en las escuelas Sin duda, este mandato judicial significa un gran triunfo en el ejercicio y defensa del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en las escuelas, pues permitirá no sólo que se garantice la infraestructura, protocolos y medidas para que puedan aprender seguros en las escuelas, sino también que, en la decisión de regresar a actividades presenciales, no recaiga en las familias el costo de materiales elementales, ni en maestros y directivos el manejo de la vigilancia y canalización en el campo de la salud, cumpliendo con la universalidad y equidad que contempla el Artículo Tercero para la educación obligatoria en nuestro país. Es un hecho, Mexicanos Primero y su brazo jurídico Aprender Primero continuarán realizando acciones legales para que la autoridad educativa cumpla su obligación de garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes, con acciones, políticas y presupuestos adecuados. Y usted, amable lector, qué pasos considera deben darse en Michoacán para lograr una transición educativa plena, rumbo a una mejor normalidad, a la presencialidad y a un relevo gubernamental que pongan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al centro. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
