Horacio Erik Avilés Martínez Después de mucha incertidumbre, por fin, hace un par de días, el presidente de México se pronunció en torno al regreso a clases. Si bien, lo hizo dando su opinión y una instrucción respecto a un caso muy puntual, que es el de la Escuela Normal de El Mexe, en Hidalgo, AMLO dijo que se retornará a clases el próximo 30 de agosto, lo cual constituye una instrucción y también un mensaje para el resto del sistema educativo nacional respecto a la voluntad presidencial. Habló de un compromiso de reabrir las escuelas, de dotarles de albergues debidamente equipados y de reiniciar con la fecha establecida del nuevo ciclo escolar. También, aprovechó para generalizar, por lo que dijo que había que “poner en buen estado las escuelas, ya voy a hablar de eso, porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres de familia, porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo, hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos arreglarlas, porque vamos a reiniciar las clases así, en definitiva, no hay nada que lo impida”. Aunado a lo anterior, mencionó que pronto habrá una propuesta para el regreso a clases, mencionó “yo pienso que, para la semana próxima, ya una propuesta para que con tiempo nos preparamos todos: madres, padres de familia, autoridades, maestras, maestros, todos, todos, todos”. Y también tomó en cuenta que existe la amenaza de estar impulsando la implantación de malas costumbres en el no retorno a clases, por lo que pidió “que no nos malacostumbremos”. Es decir, el anuncio es sumamente favorable, si es que estaba cargado de voluntad política por llevar a la acción lo discursado. La palabra presidencial tiene mucho poder, pero también encierra responsabilidad. Ojalá todos los planteles de la escuela pública mexicana recibieran el trato privilegiado que ha tenido El Mexe en la conferencia matutina de antier, pero, lo más importante es que todos le tomemos la palabra al presidente; si no podemos lograr el efecto completo, al menos se lograrán avances parciales que nos aproximarán a la solución integral de la problemática que envuelve al retorno a clases. Escenario Michoacán Preocupa inmensamente que la instrucción presidencial pueda ser tergiversada, manipulada o se intente cumplir por encima de la voluntad de los actores clave del sistema educativo, de su seguridad, de las medidas sanitarias y hasta del sentido común. No se trata de hablar y, con ello, partir el mar en dos, a lo cual equivaldría hablar y blindar de COVID-19 a 34 millones de estudiantes, sus maestros y sus familias. Se trata de construir todas las medidas necesarias para que pueda darse un regreso a clases seguro y con equidad. Lo más valioso del mensaje presidencial es el apremio que hace, la inyección de sentido de urgencia por retornar a clases insufla esperanza para que ahora sí, este gran objetivo suceda. En Michoacán necesitaremos ayuda mayúscula para lograr que el 30 de agosto haya un regreso a clases verdadero. Se ocupa aprovechar al máximo las semanas que faltan para el inicio del Ciclo Escolar 2021-2022. Y también, en aras de no regresar a los mismos vicios de siempre, que la instrucción presidencial abone para que el gobierno federal intervenga en el orden y vigilancia del ejercicio del gasto, del cumplimiento debido de la normatividad aplicable en múltiples procesos. En Michoacán, con la voluntad del primer mandatario y coordinación absoluta entre el orden federal y el estatal en la transición gubernamental se pueden dar avances agigantados, que de otra manera demorarían décadas. Por ejemplo, los procesos de ingreso, promoción horizontal y vertical, cambio de adscripción y jubilación merecen total atención de la Federación también, porque están catalogados de corruptos y tendenciosos, desapegados de la ley. Existe mucha casuística demostrable que requiere intervención al respecto para su cabal solución. Asimismo, el pago de laudos atrasados y obedecer los mandatos del poder judicial a favor de trabajadores de la educación quienes fueron violentados en sus derechos es ya impostergable. Lograr tipificar el tráfico de espacios y plazas en el sector educativo dentro del código penal sería un gran avance porque permitiría inhibir la proclividad hacia su compraventa, la cual termina pagando la niñez y la juventud michoacanas, porque personas sin vocación, ni perfil ni experiencia ingresan al servicio público educativo, con afán de lucro, de recuperar lo invertido y de devolver el favor. Misma situación ocurre con la permanencia de los trabajadores de la educación en la nómina magisterial, donde basta un oficio del superior inmediato para quedar a cubierto de alguna auditoría federal, sin haber una inspección física ni una supervisión constante, toda vez que se sabe existen cientos de empleados de la SEE que no devengan su salario desde hace décadas. Paralelamente, debe integrarse la política pública que está poniéndose en marcha para la consulta popular que tendrá verificativo el próximo primero de agosto para que cada peso que se invierta en ello, abone a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán cuenten con escuelas con todos los protocolos de sanidad. Aunado a lo anterior, que se establezcan sanciones administrativas para los funcionarios que incurren en omisión cuando permiten la falta de dotación de equipamiento y consumibles a las escuelas. Así los maestros no tendrían necesidad de pedir cuotas escolares y podría evitarse la penosa encrucijada en la cual se encuentran las comunidades escolares de tener que trasladar costos de infraestructura, mantenimiento, equipamiento y consumibles a los padres de familia por no ser aprovisionados oficialmente. Especialmente, debe de venir una instrucción precisa para que se modifiquen los protocolos, los usos y costumbres y el modus operandi en el proceso de ingreso a las escuelas Normales michoacanas, donde ya es insostenible que se sigan repitiendo los mismos vicios desde hace décadas, donde lo único que ha escalado es el descaro y cinismo con el cual se opera. Los mejores aspirantes deben recibir la oportunidad de estudiar para convertirse en maestros de las generaciones jóvenes de michoacanos, no quienes paguen un soborno o quienes formen parte de las redes de corrupción que se han tejido para colonizar a las escuelas Normales michoacanas. Ojalá que, derivado de lo mencionado respecto a la escuela Normal de El Mexe, viniera un pronunciamiento presidencial por un normalismo digno en todo el país. Especialmente, estando ya en marcha el proceso de oposición para el ingreso a las escuelas Normales públicas michoacanas y, en virtud de los funestos antecedentes de lo acontecido el ciclo escolar anterior, expresamos nuestra preocupación por la vulnerabilidad en que se encuentran los aspirantes a ingresar, toda vez que no hay evidencias fehacientes de un blindaje institucional contra la repetición de los vicios, inconsistencias y actos flagrantes de corrupción que convirtieron la selección de los estudiantes más idóneos para convertirse en maestros de escuelas públicas en un proceso que el año pasado estuvo plenamente colonizado por redes delincuenciales. A la fecha, este entramado de complicidades se encuentra plenamente activo e impune, dado que ya se han dado denuncias en redes sociales del ofrecimiento de cursos de preparación para el examen y de la oferta de espacios directos en la lista de prelación, previo pago de 40 mil pesos. Preocupa la observación externa, que no se ha convocado formalmente. Todo este sexenio se careció de participación ciudadana libre de conflicto de intereses. El examen físico se encuentra en marcha, del cual el año pasado se documentó que aspirantes que ni siquiera lo presentaron obtuvieron resultados sobresalientes en él. No se sabe qué controles adicionales se hayan conformado al respecto- Desde Mexicanos Primero Michoacán hacemos un llamado a la autoridad a cumplir y hacer cumplir la ley, así como a las futuras autoridades y a los ganadores de la elección del 6 de julio a poner especial atención en este proceso. A tomar en cuenta Al respecto, en cuanto a focos rojos presentes en el proceso de ingreso a las escuelas Normales, las autoridades federales en Michoacán deben considerar factores como los siguientes: 1. Las fichas de los aspirantes, que no deben estar duplicadas y que debe haber fiscalización estricta de los ingresos recabados por tales efectos. 2. Los exámenes, que deben estar elaborados por expertos externos y sus claves debidamente resguardadas. Hoy justamente se aplican los reactivos y no se tiene mayor conocimiento de que haya condiciones extraordinarias de blindaje institucional al respecto. 3. La aplicación, que debe ser hoy muy cuidada y vigilada, con supervisión externa y con reglas muy definidas. 4. La calificación de las pruebas, que debe ser supervisada y transparente, con claridad total. 5. La publicación pronta y transparente de los resultados finales, que constituyen también la lista de prelación, que corresponda a los resultados del examen. 6. La observación ciudadana, que debe ser realizada por personas que estén libres de conflictos de intereses, no como ha ocurrido en otras ocasiones, garantizando con ello mayor transparencia en los resultados. 7. La no injerencia de los estudiantes normalistas en el proceso. Quienes no deben intentar capturar un proceso cuya rectoría le pertenece al estado. 8. La vigilancia hacia los cursos de admisión, que deberían estar regulados por la autoridad y certificados. 9. La tipificación del delito de tráfico de espacios en las Normales como un delito en el Código Penal del Estado de Michoacán. 10. El seguimiento a los aspirantes, que resulten inscritos y que sean las mismas personas que cursen regularmente las materias del semestre. Por ende, honrar la palabra del presidente de México debe implicar para los funcionarios federales garantizar se atiendan los puntos neurálgicos ya mencionados, deben intervenir directamente en la situación, sanear los resabios de procesos pasados y asegurar que no se repetirá de nueva cuenta la simulación educativa, garantizando condiciones para la gradual restitución de los derechos educativos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, así como de profundo respeto a los derechos profesionales de los trabajadores de la educación. Merecemos un gobierno educador y debe de implementarse cuanto antes. La instrucción presidencial está dada. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles