Horacio Erik Avilés Martínez* En el marco de las campañas electorales, las cuales ya iniciaron o arrancarán a más tardar el primer minuto del próximo lunes y alcanzarán su clímax en la jornada de votación del próximo 2 de junio, la inmensa mayoría de los actores del sistema educativo estatal han tomado partido político. Por ejemplo, los funcionarios del sistema educativo, tanto a escala estatal como municipal se mantienen expectantes. Si bien, se sostuvieron en sus cargos, están a punto de sumarse a campañas o se encuentran a la espera de una posible candidatura plurinominal, las cuales serán develadas a última hora. Aunado a lo anterior, no se descarta que participen en el proceso electoral como operadores políticos o en alguna encomienda extralaboral, donde cabría la posibilidad de que se intente emplear a los estudiantes, padres de familia y trabajadores de la educación para obtener ventajas electorales. Algunos exfuncionarios educativos están tratando de mantenerse vigentes haciendo carrera política, ya sea al contar con posibilidades amplias de victoria o construyendo algún proyecto político a mediano plazo. Por otra parte, se encuentran las dirigencias gremiales y líderes sindicales, quienes por cuenta propia o a través de personeros están tratando de participar, incidir u obtener ganancias participando en el proceso electoral, subastando su capital político, bajo la suposición de tener posibilidades de extrapolar la red gremial en votos, movilizadores y promotores a nivel de tierra, en redes sociales o integrando plataformas y pirámides de activismo. No han vacilado en acudir a actos proselitistas, principalmente aquellos que son encabezados por el partido en el poder, legitimando los pasos políticos y a su vez, fortaleciéndose en el intercambio de favores. De esta manera, algunos de ellos se han atrevido a enviar incondicionales a las estructuras partidistas e incluso a participar como aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, lo cual se esclarecerá más cuando se definan las planillas para los ayuntamientos. En lo que respecta a colores de fuerzas políticas, funcionarios actuales, exfuncionarios, líderes sindicales y cúpulas de grupos gremiales en su mayoría se han decantado a favor de la alianza en el poder, con la cual tienen vínculos e intereses. Por ejemplo, el SNTE ha mostrado un acercamiento claro con el gobierno federal y se han declarado apoyadores de la denominada 4-T. La CNTE, en sus distintas fracciones, aunque niega y rechaza el voto corporativo, ya ha exhibido proximidad de sus liderazgos con el partido guinda. El movimiento normalista, en cambio, a la fecha no se ha decantado, aunque se sabe que sus simpatías están también con el partido en el poder. Empero, no se descartan apoyos cruzados con algunos candidatos o fuerzas políticas, en lo que respecta a candidaturas locales. Respecto a la proximidad de los grupos gremiales con el poder, se identifican varias consecuencias de la cercanía con el régimen actual, que han marcado diferencias sustantivas con las posiciones que asumían en el pasado reciente. Por ejemplo, se pueden suscitar los siguientes resultados: Modificación del nivel de asedio a los funcionarios. Ya no se les persigue hasta sus casas, ni en cada acto público en el cual participan. Ese tipo de situaciones eran el común denominador en épocas donde la tensión y la disidencia política prevalecían. La frecuencia de las acciones de movilización ha disminuido. Ya no suelen emprender acciones de protesta reiteradamente, sino que se manifiestan más esporádicamente. Cambio del tipo de acciones, donde ya no se busca realizar eventos de alto impacto. Como evidencias, tuvimos visitas de autoridades federales en los últimos meses, así como hubo una reunión del pleno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezado por la titular de la SEP, sin que se realizaran acciones de protesta en el entorno donde se desarrolló esta reunión. Disminución de la intensidad de las acciones de movilización de la CNTE. Pocos paros y tomas indefinidas se han visto, así como huelgas de hambre, clausuras simbólicas y destrucción o saqueo de oficinas. La comunicación que emprenden se ha modificado sustancialmente. Las renuncias fulminantes ya no se exigen. Ya no se habla de imputarles hechos de sangre, muerte, ni acusaciones de delitos de alto impacto a los funcionarios educativos. El tono se ha modificado notoriamente. A la fecha, resulta relativamente común ver a algunos de los cuadros directivos de alguna de las fracciones de la CNTE participar en acciones gubernamentales del gobierno estatal y federal, comunicándose su suma de forma legitimante. Así también, se ha mostrado en redes sociales y en comunicados noticiosos la existencia de proximidad de los liderazgos de las distintas expresiones de la CNTE con alguno de los grupos de MORENA, sin que haya acusaciones de cooptación o de actuar a favor del gobierno, mucho menos destituciones, convocatoria a elecciones internas o renuncias a la militancia gremialistas. Desatención de los problemas sustantivos de los trabajadores de la educación: se han soslayado las exigencias de mejores condiciones laborales en las agendas que enarbolan públicamente los que aducen representarlos, al ser la finalidad de ellos impulsar pliegos petitorios personales y agendas confidenciales mucho más lucrativas. Centralidad en pequeñas áreas de oportunidad para lucrar política y económicamente con la personería del magisterio michoacano: cambios de adscripción, personal eventual, pago a personal de asistencia y apoyo a la educación, promoción vertical, ingreso al servicio profesional docente, formatos únicos de personal, compras y proveeduría, capacitación y formación continua, entre muchos otros aspectos en los cuales los organismos de control, fiscalización y anticorrupción deberían de intervenir oficiosamente. La exigencia de firma de minutas ha desaparecido prácticamente. Demuestran que son sabedores de las consecuencias que acarrean a los funcionarios el signar obligaciones por encima de sus atribuciones de ley, comprometiendo los recursos públicos o el ejercicio del derecho. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no existan compromisos verbales. Al respecto, las preocupaciones son múltiples, toda vez que esta politización y movilización electoral generada a partir de los agentes educativos, funcionarios y líderes sindicales suele colisionar con los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes, así como con el marco legal que rige al sistema educativo y el debido ejercicio del gasto público. Por ejemplo, existe un alto riesgo de que se genere distracción y hasta abandono de las responsabilidades educativas de las autoridades, prefiriendo legitimarse con los principales actores políticos antes que generar resultados que impacten positivamente los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Otra preocupación más es la generación de un clima de inequidad en la contienda electoral por la incidencia de actores del sistema educativo estatal, mediante el uso faccioso del poder para generar acciones de clientelismo, cooptación, extorsión, engaños y amenazas dirigidas hacia los padres de familia, los estudiantes y trabajadores de la educación en general. Una situación adicional que puede presentarse es el olvido de la mejora continua de la educación, soslayo de los indicadores educativos y centralidad en manejar la percepción a través del discurso y narrativas en redes sociales, así como en los aparatos de comunicación social del sistema. Finalmente, lo anterior redundará en mayor desvalorización y precarización de los derechos profesionales docentes, derivado de los pactos que asumen las cúpulas de sus organizaciones gremiales y sindicales con el poder en turno, lo cual debilita la figura del magisterio, primer garante de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. En suma, en el proceso político-electoral, muchos de los agentes educativos estarán más que ocupados y descuidarán sus actividades profesionales. A diferencia del proceso electoral anterior, vivido en 2021, en esta edición, no ha salido cabeza de sector educativo alguna para conminar a sus subordinados a separarse de su cargo, en caso de intentar ocupar un cargo de elección popular o de involucrarse en el trabajo político-electoral a favor de algún candidato o fuerza política. En caso de que se sostenga la situación anteriormente mencionada, bajo un clima de impunidad, los delitos electorales y el abandono de las responsabilidades educativas se multiplicarán exponencialmente en nuestra entidad federativa. No debería de haber tolerancia al respecto. La falta de pronunciamientos firmes al respecto solamente permitirá que se generen acuerdos específicos en las comunidades educativas, en las cuales se buscará la forma de generar separaciones fácticas de las responsabilidades laborales, así como la realización de reuniones y acciones de cooptación dirigidas en contra de los padres de familia. Ya tuvimos la amarga experiencia este domingo pasado de constatar cómo el tiempo dedicado en un debate presidencial para proponer en materia educativa era miserablemente gastado en exhibir señalamientos, en reclamar y denostarse entre sí, en lugar de mostrar un horizonte de futuro para la educación nacional. Apenas 11 de 120 minutos del debate, en el mejor de los casos, se aprovecharon para tocar temas relacionados con el ámbito educativo. Lo anterior solamente muestra el nivel de desdén que prevalece entre la clase política en nuestra nación respecto a los derechos educativos de las generaciones en formación, así como al irrespeto al marco constitucional que establece los atributos de la educación que debe impartir el estado mexicano. Lejos de mostrar planes maestros y esbozos de soluciones integrales para la complejísima problemática educativa, las personas que compiten por la presidencia de México se olvidaron de las expectativas ciudadanas respecto a conocer las posibilidades de desarrollo que podría brindar el sistema educativo nacional para las niñas, niños y jóvenes. Si así actuaron los candidatos con el tiempo destinado a proponer, qué podemos esperar que se promueva durante este proceso político en torno a la debida administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la educación nacional. Por ello, la educación está en campaña: porque no están asegurados los mínimos indispensables para que las niñas, niños y jóvenes cuenten con condiciones dignas y decorosas para ejercer sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas públicas de la nación. Ni tampoco, se perciben las mejores condiciones para evitar el posible desvío de personal y recursos a favor de campañas. ¡Exijamos más, nuestros hijos merecen un gobierno educador! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
