Erik Avilés Martínez Después de la pandemia, aún es momento en el cual no se ha resarcido el daño que la crisis biosanitaria, exacerbada por la inacción gubernamental ocasionó. Día tras día, los maestros atestiguan en las aulas la pérdida de aprendizajes que afectó a sus alumnos, siendo una situación con la cual están enfrentándose, adicional a todas las barreras para el aprendizaje que ya preexistían. Ahora, siendo inicio de ejercicio anual, se esperaría que existiesen por fin programas y presupuesto destinados para emprender acciones que mitigasen la problemática. Sin embargo, ni a escala nacional ni estatal tampoco se programaron recursos para tales efectos, ni se han diseñado programas para primeramente diagnosticar la situación, para formular soluciones integrales ni para ejecutar los programas respectivos. En suma, la niñez y la juventud están siendo marginadas de la resolución de la problemática que padecen desde hace un par de años. Sabedores de que a menor edad se aprende más, preocupa que, en algún momento de la vida, la situación sea simplemente irresoluble y la generación quede marcada vitaliciamente por su incapacidad para desarrollar mayor comprensión lectora, para resolver operaciones aritméticas de dos cifras o de poder aprender a aprender en su momento. Lo que menos hubiéramos deseado que aconteciese: la aparición de una generación “pandemial”, en donde fuese el rezago en el aprendizaje su principal característica parece que es inminente. En todo caso, la realización de diagnósticos y programas emergentes habrán de esperar hasta 2024, a menos de que existiese toma de conciencia masiva para remediar la situación, actuando gobierno, padres de familia, magisterio, empresariado y sociedad en general para impulsar acciones que permitan impedir el escenario que ya parece inmediato. Es un hecho: la única forma de enfrentar la crisis educativa que se vive en las escuelas y de que las y los estudiantes recuperen aprendizajes perdidos por el confinamiento y sean atendidos en su situación socioemocional, es que el estado mexicano les ofrezca políticas públicas que les permitan avanzar en los aspectos mencionados. Sin embargo, es momento que no vemos sea la atención a la crisis en materia educativa una prioridad para el gobierno, lo cual consterna redobladamente. Más aún, los primeros garantes del derecho a aprender son las maestras y maestros, en coadyuvancia el personal de asistencia y apoyo a la educación, el personal con funciones directivas y de supervisión. Sin embargo, a pesar de su papel cardinal en el aprendizaje de las generaciones en formación se les ha soslayado el apoyo para poder hacer frente a la mala realidad con la cual se están enfrentando en las aulas, que pareciera estarse normalizando cada día que pasa, en la cual se imbrican de formas cada vez más complejas la crisis económica, la situación socioemocional y la pérdida de aprendizajes. Por supuesto que el magisterio necesita apoyo, formación continua y recursos extraordinarios para poder hacer frente a semejante situación. Por ejemplo, el apoyo socioemocional para los trabajadores de la educación es completamente inexistente por parte de las autoridades educativas. En todo caso, deben de acudir a solicitar servicios de salud en las instituciones de seguridad social pública o en el sector privado. A pesar de los estudios en materia de estrés, de ansiedad, de burnout y de lo que empíricamente se conoce sucedió en la pandemia, no hay acompañamiento al respecto para que los trabajadores de la educación tengan acceso a servicios de salud socioemocional y, de esta manera puedan afrontar los retos integrales que las nuevas generaciones en formación les plantean. Además de la oportunidad de brindarle acompañamiento socioemocional al magisterio, también es importante que no se simule al respecto, sino que se destinen recursos para tales efectos. Paralelamente, se requiere que se mejoren las políticas públicas en materia de formación inicial docente para que los estudiantes normalistas se preparen a afrontar la situación socioemocional de carácter generacional cuando lleguen a las aulas. Más allá de especulaciones respecto a las eventuales reformas curriculares en las escuelas normales y de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que está anunciado llegará a las aulas nacionales en agosto próximo es imprescindible atender previamente las emergencias mencionadas. Si esto no se realiza, se perderá un semestre más de invaluable tiempo, que podría ser oro molido para poder avanzar en el control y desvanecimiento de los flagelos sociales, educativos y emocionales que se están viviendo en las comunidades escolares. Asimismo, resulta indispensable que todos los maestros y, por extensión, todos los trabajadores de la educación que tienen contacto con estudiantes y padres de familia tengan acceso fácil, universal y gratuito para formarse continuamente en los temas socioemocionales y así, poder contribuir de mejor manera al aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes estudiantes en la entidad. Implementar un programa de acompañamiento al respecto posibilitará que afronten de mejor manera las circunstancias extraordinarias y emergentes que están viviendo, a la par que les permitirá disminuir sus propios niveles de estrés y ansiedad con los cuales lidian cotidianamente en el ejercicio de su profesión docente, pero que invariablemente llevan a sus respectivas vidas privadas, lo cual debe de atenderse con el mismo cuidado que se atendería cualquier riesgo de trabajo en una planta industrial, en una refinería o cualquier otra profesión de riesgo. Definitivamente, se necesitan formación y acompañamiento a las y los maestros, no sólo académica sino también en lo socioemocional para que puedan enfrentar cualquier reto; con recursos para su formación inicial y continua; sólo así ellas y ellos podrán acompañar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. No podemos detenernos: es el momento de actuar desde lo local. Ya Michoacán ha demostrado que, con voluntad política puede enmendar la plana de las decisiones tomadas desde el gobierno federal, como fue el caso de las escuelas de jornada ampliada y alimentación escolar, componentes fundamentales de lo que fue el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), extinto en 2019 y que desde entonces, de la mano de la sociedad civil organizada ha luchado para no desaparecer en su totalidad, obteniéndose importantes victorias en los tribunales por parte de Aprender Primero, brazo jurídico y fraterno de Mexicanos Primero, en la justiciabilidad del derecho a aprender. En ese caso, en la entidad se tomó la decisión de sostener el programa mediante una política local que involucró al Sistema DIF estatal y a sus homólogos municipales. Convocar a la conformación, fondeo, implementación y mejora continua para afrontar los efectos que la pandemia nos dejó sería una extraordinaria medida que podría realizar el poder ejecutivo estatal, que marcaría precedente y liderazgo a nivel nacional y que garantizaría de mejor manera los derechos educativos de las generaciones en formación. Mientras tanto, en materia de aprendizajes, seguimos esperando a que se hagan evaluaciones del aprendizaje para poder partir de la realidad imperante en las escuelas. De por sí, se había establecido una distancia abismal con la cultura de la evaluación de los aprendizajes desde la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y ahora, con la situación de pérdida de aprendizajes, todo parece indicar que se buscará se difumine la situación, lo cual resultaría en una revictimización de los que ya de por sí olvidaron sus aprendizajes mínimos, quedando ahora oculta su situación de las miradas de la sociedad nacional e internacional. Sin embargo, el engaño no durará mucho, aún empecinándose en sostener lo indefendible: al arribar las presentes generaciones en formación a la etapa escolar en la cual realicen concursos de oposición, apliquen para vacantes laborales o hagan exámenes comparables con los de cohortes anteriores se va a develar la realidad. Pero será demasiado tarde para emprender acciones correctivas, padeciendo las consecuencias durante el resto de sus vidas. Este 2023 debería ser el año en el cual se convoque a una gran cruzada por la atención de los estudiantes en cuanto al diagnóstico de los aprendizajes perdidos, ligado a la elaboración e implementación con resultados de una estrategia de recuperación de aprendizajes mínimos, así como de resolución de necesidades socioeducativas que estén constituyendo barreras para el acceso, aprendizaje y participación en las escuelas para las niñas, niños y jóvenes en la entidad, aunada a la construcción de políticas públicas que permitan atención socioemocional para los integrantes de las comunidades educativas, principalmente estudiantes y maestros, quienes deben de poseer salud al respecto para poder participar en procesos de aprendizaje. Si se logran implementar proyectos experimentales académicos, asistencialistas, de gobernanza y de participación social en la educación que se fijen como objetivos la incidencia en estos aspectos se estará contribuyendo enormemente a atender un área de oportunidad inmensa, la cual está siendo olvidada por parte de los actores gubernamentales, tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Como sociedad, no podemos permitirnos que se olvide lo aprendido, en el más amplio sentido del verbo, porque si olvidamos nuestro pasado de ignorancia, pobreza, marginación, fanatismo, violencia y sumisión, del cual estamos trabajosamente saliendo, estaremos condenados a repetirlo perpetuamente. Mucho menos, que se olvide que perdimos lo aprendido. La evolución social también se construye desde las aulas. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director general de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
