Erik Avilés Martínez El marco del Día del Maestro suele ser aprovechado para el lanzamiento de medidas de política pública en materia educativa, magisterial, anuncios políticos, así como la realización de marchas, mítines, presentación de pliegos petitorios y posicionamientos por parte de los grupos sindicales y gremialistas. En virtud de lo acontecido vale la pena hacer un recuento de lo que realizaron autoridades estatales, federales, grupos gremiales, el normalismo y la UESICAMM. Veamos: La autoridad educativa estatal, además de reconocer por antigüedad a los docentes, presentó un listado de logros en materia de política educativa, así como de relación con el magisterio en particular. Los logros, si bien aún no están relacionados con el aprendizaje, cobertura ni la permanencia de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, abonan inmensamente a la estabilidad del sistema educativo estatal y posibilitan la formulación de políticas públicas para atender los indicadores arriba mencionados. Pagar en tiempo y forma a los maestros ha sido un auténtico punto de ruptura al malestar, angustia y crisis que quincenalmente aquejó al magisterio estatal durante los últimos tres años al menos. Así también lo ha sido lograr que, después de 14 años de iniciada la medida, por fin se pague casi a la totalidad de los trabajadores de la educación mediante transferencia electrónica y tarjeta bancaria, evitando con ello el intermediarismo de los pagadores habilitados, quienes si bien desempeñaban una labor adicional a sus actividades contractuales, también es cierto que se les descargaban uno o dos días de trabajo cada quincena para trasladarse a recibir los cheques y después a entregarlos a los maestros, gasto aunado al de impresión y dispersión, dispendio que a su vez se veía absurdo y antisistémico cuando la red de pagadores respondía a intereses sindicales y gremialistas, generando coerción y vendettas contra los maestros que no se subordinaran a los designios de quienes detentaban el poder en los planteles, zonas y regiones respectivas, incurriendo en abusos inaceptables, incrementando al infinito el costo de sostener una medida anacrónica, a cambio de nulo beneficio social. Esos logros deben reconocerse, pero, sobre todo, aprovecharse para la construcción de una nueva etapa en la historia educativa estatal. Por otra parte, los grupos gremiales y sindicatos no se quedaron de brazos cruzados. Fueron pródigos en declaraciones y posicionamientos. Particularmente, llamó la atención que, quien encabeza una de las fracciones de la CNTE, la roja, autodenominada “Poder de Base”, en su movilización del 15 de mayo declaró a la prensa que hacen falta más de mil maestros frente a grupo en la entidad. Ello llevó a revisar el número de comisionados que reporta Michoacán de Ocampo ante la SEP, en donde se verificó que, en cumplimiento al Artículo 73 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, al cuarto trimestre de 2022, la SEE reportó ante la federación un total de cinco trabajadores comisionados en el sistema educativo estatal, lo cual contrasta inmensamente con lo que se visualiza en las medidas de presión, ruedas de prensa, mítines y demás actividades que realizan los integrantes de las tres fracciones de la CNTE, las cuales cuentan con sus respectivos Comités Ejecutivos Seccionales, que tienen vastas carteras de comisionados para las 22 regiones de nuestra entidad federativa, por lo cual se aproximan a 500 por grupo sindical y completándose fácilmente el millar de trabajadores de la educación faltantes en las escuelas michoacanas y comenzando por quien hizo las declaraciones, que no está reportado oficialmente como comisionado y debería de devengar su salario para disminuir el déficit que él mismo denuncia. Para el reporte del primer trimestre de 2023, la cifra reportada ante la SEP pasó de cinco a dieciséis comisionados. Qué bueno que ya se reconocieron once más en tres meses. ¿Cuándo aparecerán los comités ejecutivos seccionales completos de la CNTE y del SNTE en estos informes? Si situamos el ritmo de reconocimiento de comisionados a 44 anualmente, nos tardaríamos 45 años en visibilizar ante la federación los nombres y adscripciones de los aproximadamente 2 mil trabajadores de la educación que se dedican a labores sindicales, a ocupar espacios en partidos políticos, a asesorar y a servir de ayudantía a funcionarios municipales, estatales o en el poder legislativo, entre otras labores ajenas a garantizar el derecho a aprender de la niñez y juventud en Michoacán. En contraste, debemos de esperar que la autoridad que rige el normalismo estatal sí informe con precisión respecto a la posible evolución de la matrícula en las escuelas normales michoacanas y se presente una proyección anual de graduados, para vislumbrar la ventana de cobertura natural de vacantes en el servicio profesional docente que es posible lograr mediante el número de egresados, para que los cuestionamientos del líder de la CNTE roja queden cabalmente esclarecidos ante la opinión pública. Se sabe que, de acuerdo con el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de la SEP, al iniciar el ciclo escolar 2022-2023, Michoacán de Ocampo reporto, en cuanto a instituciones formadoras de docentes, la existencia de 21 escuelas normales en Michoacán, tanto públicas como privadas, las cuales cuentan con 5 mil 275 estudiantes matriculados y 688 docentes. Preocupa desde ahora que la cifra de docentes graduados se sostenga como suficiente para cubrir las necesidades del servicio educativo en la entidad federativa. En caso de que no fuese así, hay tiempo suficiente para tomar medidas previsorias y que no haya aulas sin maestros. En tanto, el presidente de México anunció un 8.2 por ciento de incremento salarial retroactivo, que, si bien es mayor a los aumentos precedentes, está en términos reales por debajo de la inflación y del incremento al salario mínimo, lo cual generó cierta inconformidad entre algunos sectores magisteriales, así como valió críticas de la oposición política, tanto de izquierda como de derecha. En contraste, se habló desde el oficialismo de un incremento que se calificó de histórico. Pero más que el porcentaje para 2023, lo que más destacó en las declaraciones presidenciales y generó una amplia discusión pública fue el anuncio de que para 2024, ningún docente ganaría menos de 16 mil pesos mensuales. No aclaró si serían los de plaza de 21 horas, la cual representa al inicio escasos 9 mil pesos mensuales, o si se refería a quienes lograron acumular tiempo completo o una doble plaza. En el supuesto de quienes tienen ya tiempo completo o doble plaza, desde hace años superaron la barrera de los 16 mil pesos. Donde genera dilemas intentar cumplir la palabra del primer mandatario es en el caso de las plazas únicas, ya que implicaría un inédito incremento del 77 por ciento para los trabajadores de la educación, del cual debería contemplarse su respectiva suficiencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, cuyo proyecto comenzará a elaborarse en un par de meses. El caso que nos ocupa es el de Michoacán de Ocampo. De acuerdo con el reporte sobre el ejercicio del FONE para el primer trimestre de 2023, nuestra entidad informó un gasto federalizado en el pago de la nómina de personal docente, administrativo y con funciones directivas en educación básica por un monto de 4 mil 103 millones de pesos por el periodo señalado, repartidos entre 90 mil 087 claves, las cuales tienen entonces un promedio de 45 mil 549.70 pesos trimestrales de paga. Es decir, para cumplir la promesa presidencial de alcanzar los 16 mil pesos mensuales por persona, asumiendo que cada clave correspondiese a una persona diferente, solamente bastaría un incremento de 2 mil 450.30 pesos trimestrales. Es decir, un 15 por ciento de incremento salarial para 2024. Pero como es sabido, las claves no corresponden a personas diferentes, porque, por ejemplo, en el caso de educación física, el de los profesores de asignatura en secundaria y varios más, por la naturaleza de su trabajo pueden acumular ocho o diez claves, siempre dentro del marco normativo. Entonces, al rebasarse los diecisiete mil pesos mensuales por persona en Michoacán, la meta presidencial ya está lograda de antemano, restando lograr la implementación de mecanismos para alcanzar mayor igualdad y justicia salarial, para que aquellos profesores que se encuentren cobrando menos de la cifra prometida puedan mejorar sus ingresos, mientras que se acoten los mecanismos que históricamente permitieron que existan centenares de trabajadores que ganen más de cien mil pesos mensuales. Para el mismo archivo de reporte de cumplimiento del FONE se encontraron 258 casos específicos de claves que cobraron esa cantidad o más, representando 94 millones 654 mil 448 pesos, promediando entre ellas 367 mil pesos trimestrales. En amplio contraste a estos 258 casos, se encuentran 43 mil 705 casos de claves laborales que percibieron menos de los 48 mil pesos trimestrales, quienes sumaron 639 millones 469 mil 190 pesos de ingresos, promediando 14 mil 631 pesos trimestrales. La desigualdad salarial es manifiesta y aún no hay medidas operando para hacer válido el precepto del Artículo 123 constitucional que mandata “a trabajo igual, salario igual”. Otra situación que requiere inmediata atención es el proceso de promoción vertical convocado por la Unidad Estatal para el Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (UESICAMM), que ha sido observado por contar con una serie de áreas de oportunidad para que no se violenten los derechos de los participantes, para comenzar con el hecho de que hay desigualdad de oportunidades para docentes de clave estatal, pues al no existir presupuesto, sólo por protocolo, se permite hagan su proceso de registro y sorteen las etapas de evaluación, pero al final, quedan las listas de prelación en carpeta muerta. Para los docentes de clave federal, las oportunidades se incrementan considerablemente. Empero, esta semana, a pesar de haberse realizado un evento de asignación, se anula en los hechos lo anterior y se convoca a nuevo evento público, pudiendo violentarse los derechos de quienes habían ya resultado favorecidos. Lamentablemente, la experiencia previa exhibe que esta clase de eventos no son plenamente públicos, sino solamente para los directamente interesados, a quienes se les coerciona para que no tomen evidencias, grabaciones ni se cuente con observación ciudadana externa con capacidad de denuncia o de solución a la problemática que se pudiese suscitar. En suma, el 15 de mayo fue de claroscuros, los cuales que ameritan análisis, reflexión y la construcción de una política magisterial para su revaloración real, atendiendo los rezagos y desigualdades históricas, así como las injusticias presentes, como las ya mencionadas, así como la persistente falta de una red de apoyo socioemocional para los maestros, de mejores condiciones de trabajo y aprovechar los escasos 85 pesos para la formación continua en 2023. No solo es para construir una mejor relación con el magisterio, sino para que éste se sostenga siempre al digno servicio del interés superior de la niñez y juventud, cuyos derechos deben estar consagrados por profesionales dimensionados y reconocidos socialmente en la misma magnitud. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
