Erik Avilés Martínez Por múltiples razones, 2024 es crucial para el sector educativo michoacano. Este año concluye un sexenio federal en el cual se generaron muchas medidas reformistas, cuya inmensa mayoría se encuentran aún en proceso, por lo cual no han reflejado mejoras en las aulas de la entidad. Así también, se alcanzará la mitad del periodo de gobierno de la actual administración estatal, con lo cual deberían estarse alcanzando por lo menos el cincuenta por ciento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán 2021-2027, el cual a la fecha no ha sido complementado con la emisión del Programa Sectorial de Educación respectivo, instrumento de planeación para el desarrollo que debería de establecer las metas, acciones e indicadores por alcanzarse en el sector, pero que aún no ha sido siquiera consultado participativamente entre los agentes educativos, mucho menos elaborado ni tampoco publicado. Es importante subrayar que la planeación participativa no es un ejercicio ocioso; constituye una obligación constitucional en nuestro país, la cual debe estar ensamblada con precisión y exactitud al presupuesto basado en resultados, donde cada peso que se eroga debe de estar vinculado con la consecución de un impacto, identificable y mensurable en la vivencia de derechos humanos de los beneficiarios, lo cual debe ser transparente ante la ciudadanía y fiscalizado por las autoridades en la materia. Por ende, es razonable pensar y exigir que cada acción gubernamental debe justificar a plenitud su impacto en el sistema educativo y estar subordinada a garantizar el logro de metas tangibles en torno a los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán de Ocampo, referidos a estar, aprender, convivir y participar en las escuelas, en las mejores condiciones posibles y en un entorno libre de violencia. Más aún, no basta mencionar objetivos y justificaciones, ni accionar conforme a lo planificado, ni siquiera comprobar el ejercicio del gasto. Para que el sistema educativo funcione bajo un enfoque de mejora continua, tal y como está normado, es necesario que se investigue sobre los fenómenos educativos y socioeconómicos, sus causas y consecuencias que están relacionadas con los indicadores educativos imbricados a los derechos de niñas, niños y jóvenes, así como su respectiva gestión y gobernanza, mediante estudios cuantitativos y cualitativos; lo anterior permitirá no solamente medir el estado que guarda la educación estatal en el cumplimiento de sus responsabilidades para con las generaciones en formación, sino también para poder explicar los fenómenos que generan los efectos expresados en cifras, para comprenderlos mejor y poder elaborar mejores medidas de política pública que permitan una evolución sostenible de la educación estatal. Enfatizando: es imprescindible que, además de evaluar e investigar la política educativa, también se considere recabar sistemáticamente la percepción de la sociedad para una mejor comprensión de sus fenómenos, así como la opinión de los estudiantes, de los trabajadores de la educación y de sus familias. Si se pudiera implementar la inyección de evidencias conformadas mediante el método científico al ciclo de las políticas públicas en el sistema educativo estatal, se situaría en posibilidades de construir orden en el caos, conformando un sistema educativo inteligente, que se observa a sí mismo, que aprende de sus errores, que prevé y que se vuelve autopoiético con un esquema de liderazgo colaborativo y de gobernanza. Este es un alto objetivo por fijarse para este 2024, con muy largo alcance e impacto omnidireccional inmediato, porque, por ejemplo, intrínsecamente se menciona que, al no estar justificada la erogación, la contratación de personal o la realización de actividades ésta se suprimiría inmediatamente, controlando el derroche que hoy tiene a miles de trabajadores de la educación fuera de las aulas, mientras devengan un salario como garantes de los derechos educativos de la niñez y la juventud. Hace unos meses, la Auditoría Superior de la Federación halló que 13 mil trabajadores de la educación en Michoacán están fuera de su centro de trabajo de adscripción. La pasmosa cifra se obtuvo mediante una revisión virtual. Imaginemos lo que se encontraría si los pases de lista se realizaran en las aulas. En el inaceptable escenario que padecemos hoy en Michoacán, ni sindicatos, ni gestores gremiales, ni ayudantía se salvan, porque en los reportes que se emiten en cumplimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación trimestralmente, Michoacán reporta regularmente que el número de comisionados sindicales es de cero, lo cual implica acuerdos de valores entendidos entre gremios y autoridades educativas, ya que a quienes no se presentan a trabajar se les reporta como si estuvieran laborando normalmente en sus centros de trabajo, lo cual es -por decir lo menos- mentiroso, deshonesto y abusivo, siendo las autoridades en materia de fiscalización, civiles y penales quienes deberían de determinar la situación legal de todos los involucrados, por tratarse de recursos públicos de procedencia federal. Por ello es tan importante romper la disociación entre planeación, presupuestación, ejecución, control y mejora continua que existe en la entidad. Asi también, el primer semestre de 2024 constituye la segunda mitad de un ciclo escolar que prometió ser en el cual se aplicaría totalmente el modelo educativo vigente, llamado Nueva Escuela Mexicana (NEM), el cual debería de reflejar la reforma constitucional y modificaciones normativas realizadas hace 4 años. Para estos efectos, se elaboraron materiales educativos y libros de texto, los cuales han arribado progresivamente a las manos de estudiantes, docentes y personal directivo. A la fecha, todavía no se conocen los avances en la apropiación de las novedades en las comunidades educativas, ni mucho menos de sus efectos y posibles áreas de mejora, ya que, a la fecha, no se ha informado al respecto, ni por parte de la SEP, ni de CONALITEG ni de MEJOREDU. Podría pensarse que, habiendo transcurrido apenas cuatro meses, resulta un tanto prematuro contar con resultados de investigaciones relativas a la NEM; sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y a mediados de 2024, con el cierre del ciclo escolar presente y el inicio del correspondiente al periodo 2024-2025 habrá una ventana temporal de oportunidad inmejorable para realizar estudios entre los agentes educativos en México, por si es que aún para ese entonces no se hubiesen elaborado por parte de instituciones oficiales. Generar estudios e investigaciones propias en Michoacán para conocer los avances y áreas de oportunidad del modelo educativo que se está aplicando actualmente permitiría contar con información invaluable para mejorar prontamente el aprendizaje, la convivencia y la participación escolares. Romper la inercia y dirigir miradas que busquen comprender a fondo lo que ocurre al interior de las aulas nos permitirá conducirnos mejor en un momento crucial para el sistema educativo estatal. Un gran objetivo que debe plantearse, entendiendo su impacto transversal en la mejora sistémica de los indicadores educativos, traducidos en un mejor ejercicio de los derechos a estar, a aprender y a participar de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán consiste en fortalecer el reconocimiento mutuo, la articulación y el mejor tránsito entre niveles educativos, a través de fomentar la comprensión, la cooperación, la interacción y ayuda entre preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgrados. Es decir, si la comunidad está al centro, tal y como lo estipula la Nueva Escuela Mexicana, ésta no puede comprenderse como excluyente de otras cohortes ni de otros niveles de escolaridad. En una entidad federativa donde existe una fuerte presencia de la educación multigrado y que, incluso en nivel superior, en los planes individualizados por asignaturas, como el que se aplica en el Instituto Tecnológico Nacional de México, los estudiantes próximos a egresar pueden ser compañeros de aula de los jóvenes de los primeros semestres, resulta más que pertinente romper esa visión parcelaria que concibe a los estudiantes como grupos aislados del resto de la comunidad educativa en su municipio, entidad federativa y país. Si se busca generar trayectorias completas de los estudiantes del sistema educativo michoacano es menester que se les brinden experiencias inmersivas para que tomen las mejores decisiones conforme a sus talentos, aptitudes, condiciones y vocaciones. Paralelamente, también es importante incrementar las gestiones ante el gobierno federal para la construcción de infraestructura física educativa, que todavía sigue siendo una gran necesidad para el desarrollo del sistema educativo estatal, ya que no solamente se padece un inmenso rezago de varias décadas en la construcción de planteles educativos dignos, sino que el mantenimiento preventivo y correctivo llegan a cuentagotas. De acuerdo con las cifras que brinda la Secretaría de Educación en el Estado, menos del uno por ciento del presupuesto educativo estatal se destinará a la construcción de infraestructura física para este 2024, mientras siguen inacabadas las obras de reconstrucción de planteles siniestrados durante el sismo del 19 de septiembre de 2022, lo cual mantiene vulnerados los derechos educativos de miles de niñas, niños y jóvenes. Aunado a lo anterior, abona a la construcción de escenarios de solución a la problemática educativa apelar a la memoria histórica, como fue el proceso ocurrido hace una década en la escuela primaria "Juan Ortiz Murillo" en Morelia, donde una disputa por el control del plantel que la Secretaría de Educación en el Estado fue incapaz de evitar y de controlar, derivó en que los padres de familia asumieron el liderazgo de la gestión y eventual construcción de un complejo educativo de educación básica gracias al apoyo del poder legislativo federal. Lo anteriormente citado puede constituir una experiencia referente para solucionar casos como el de la Escuela Secundaria Popular "Felipe Carrillo Puerto", donde claramente el éxito estará caracterizado por convertir la pugna de suma cero en prospectar el bienestar para todos. Hacer frente común a los problemas heredados para construir panoramas en los cuales todos los actores involucrados resulten beneficiados, sin negar la realidad, con diálogo y la suma de recursos, así como de redes relacionales, puede permitir la conformación de soluciones óptimas y deseables, en lugar de enfrentamientos estériles que solamente terminan socavando los derechos de los estudiantes, sembrando la inconformidad en el sistema educativo estatal y el malestar entre la opinión pública. Centrar a estudiantes, trabajadores de la educación y sus familias en alcanzar objetivos eminentemente educativos será invaluable en un año donde la polarización, el enrarecimiento político y electoral se suman al rezago educativo, a la precariedad, la desigualdad, la violencia y la inseguridad. Ya nos ocurrió hace tres años, cuando se abusó abierta y descaradamente al emplear las estructuras, instituciones, gremios, sindicatos, planteles, nómina, personal y estudiantado del sistema educativo michoacano como plataforma electorera, lo cual, si bien fue mayormente castigado en las urnas, en general prevaleció la impunidad. No basta desear un feliz 2024 en materia educativa: hay que construirlo. Es momento de anticiparnos ante las previsibles consecuencias de la inercia, para ese tipo de atropellos a los derechos educativos y de priorizar la política educativa sobre la politiquería electoral, centrándonos sociedad y gobierno en alcanzar objetivos elevados, que realmente permitan edificar un punto de inflexión en la educación estatal, por encima de cualquier interés táctico o coyuntural. Que así sea. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles * Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
