Horacio Erik Avilés Martínez Junio es un mes importante porque se suelen cerrar procesos en el sistema educativo nacional, el cual adquiere significado especial en el entorno de usos y costumbres michoacanas. Estamos muy cerca del cierre de ciclo escolar 2021-2022, el cual oficialmente concluirá hasta el 28 de julio, pero que luce complicado su cabal cumplimiento por la inercia que se arrastra desde hace décadas al respecto. Históricamente, cuando se ha intentado que haya clases durante julio se ha fracasado en la gran mayoría de los planteles michoacanos. Sin embargo, el actual ciclo escolar no puede ser valorado tan duramente como los anteriores, por las situaciones atípicas de haber comenzado aún en el confinamiento, con el magisterio movilizado e indignado, por la intentona de hacer uso electorero del sistema educativo estatal, con situaciones de impagos sumido en la peor imagen de corrupción que se recuerde y en una profunda crisis de gobernabilidad en el sector, producto de la anarquía, la ilegalidad, la ilegitimidad, el abuso, la inestabilidad y la violencia. De ahí partió el ciclo escolar. Visto en retrospectiva, en ocho meses hay avances parciales que en el cumplimiento del calendario escolar no se reflejarán tanto por las condiciones específicas que se vivieron, pero que pueden sentar las bases de ciclos con más días de clases para la niñez y la juventud michoacanas. Junio solía ser el mes en el cual se realizaban las evaluaciones censales y muestrales para conocer el impacto de los esfuerzos educativos en el logro de aprendizajes entre los estudiantes. Todo indica que, este ciclo escolar 2021-2022 no habrá un estudio de esa magnitud en la educación michoacana, por lo que, salvo el anuncio de la aplicación de la prueba PISA 2022 a escala nacional, prácticamente se está dejando pasar la oportunidad de diagnosticar para mejorar la educación estatal, lo cual no es privativo de Michoacán, dado que en esta ocasión hay muchas otras entidades en la misma situación. Sin embargo, ello no obsta para que se impulsen políticas públicas en materia de investigación diagnóstica respecto al sistema educativo estatal, particularmente en educación básica. En materia de alfabetización, es también momento de estipular las reglas para que los estudiantes normalistas puedan incorporarse a las labores de alfabetización y combate al rezago educativo, situaciones infamantes en las cuales se encuentra la mitad de la población estatal, por el abandono histórico en el cual se ha sumido a la población más vulnerable. El anuncio llega en un momento en el cual sí es muy necesario redoblar esfuerzos en el sentido mencionado, pero ciertamente, los instructores comunitarios de Conafe tienen un largo camino recorrido respecto a los estudiantes normalistas en torno a liderar el aprendizaje en las comunidades más alejadas de la entidad, a pesar de no contar con títulos, cédulas, becas ni condiciones que sí tienen los estudiantes o egresados normalistas. Es muy proactivo aproximar al normalismo desde su formación inicial a solucionar los problemas educativos de Michoacán. Por ello, es importante que se desarrolle un marco normativo que posibilite brindar puntajes adicionales a quienes emprendan este tipo de voluntariado al momento de solicitar una plaza docente en la educación pública. En todo esto es vital evitar que el proceso se vicie, se simule o se corrompa, ya que, como las personas en situación de analfabetismo no se quejan, no escriben en redes sociales y, si se les enseña a leer, se corre el riesgo de que “se les olvide”. Otro tema que requiere atención pronta es lograr una ruta de federalización de la nómina magisterial que sea progresiva y alcanzable, más allá de que las circunstancias continúen obstaculizando la transparencia plena del padrón estatal de trabajadores de la educación, de las plantillas de personal por centro de trabajo y del pase de lista físico que se debe de hacer en cada plantel escolar. En agosto debe estar lista una versión preliminar del proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2023, donde a los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento sea estatal y ya hayan sido debidamente validados por el gobierno federal se les debería de contemplar en el FONE, para que sus percepciones salariales estén íntegramente garantizadas. Esto cobra importancia porque en junio ya concluyen dos tercios del primer año de gobierno, que a su vez representan la novena parte del periodo de gobierno de la actual administración pública estatal, lo cual también implica que, al agotarse este mes, se habrá agotado el tiempo que se marca como curva de aprendizaje por la literatura respectiva. Es decir, al iniciar julio, en caso de que todos los funcionarios del gabinete cuenten con las competencias necesarias para ejercer el cargo, ya no podrá adjudicarse error alguno a haber tomado apenas el cargo. Si bien, la gran mayoría de los funcionarios han dado resultados o han formado parte de los procesos de cambio, también es cierto que ya se han realizado enroques y relevos institucionales. El gabinete educativo se está consolidando. Por otra parte, se inicia este mes con la relativa incertidumbre de estar en medio de una jornada de lucha emprendida por las dos alas de la CNTE, quienes buscan obtener acuerdos con las autoridades para hacerse de recursos que les permitan financiar sus actividades. Es sabido que van a presionar al máximo para obtener la firma de minutas a su favor, pero también es conocido en el medio que ya está corriendo de facto el proceso político-electoral en ambas fracciones de la CNTE, toda vez que, si son congruentes con su postura ideológica, deberán convocar a elecciones internas para relevar a los líderes respectivos. No se descarta que se intente unificar a ambas fracciones, dado que, al final, poseen los mismos intereses, emplean el mismo modus operandi y la doble gestoría que se obtuvo durante el gobierno pasado puede ser un modelo de negociación ya agotado. Un factor de presión que perversamente se usa mucho y que, quizás sea más efectivo aún que las marchas y bloqueos es el control y condicionamiento a estudiantes y sus familias, a través de los certificados y boletas alternas que emiten los planteles con dominio de la CNTE, con la histórica complacencia de las autoridades educativas, quienes han autorizado hasta el pago de plataformas digitales para tales efectos. Recientemente, un ala de la CNTE advirtió que no permitirá la certificación que puntualiza el oficio 23/2022 con fecha del 03 de mayo, ya que solo reconocerán su Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM), del cual registran calificaciones en una plataforma propia que la SEE les pagó en el gobierno pasado, el denominado INSCRIP-PDECEM. Esperemos que la SEE por fin tome cartas en el asunto e impida se sigan vulnerando las trayectorias escolares de cientos de niñas, niños y adolescentes michoacanos, quienes quedan atados a las escuelas centistas hasta que les entregan sus boletas y certificados, las cuales difícilmente son validadas en otras entidades federativas. Este mes es clave para aprovecharse en ese tenor y destejer un añejo nudo gordiano. Por otra parte, se continúa esperando que se realice la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y del Programa Sectorial de Educación por la misma temporalidad. Es de gran importancia cumplir con la normatividad inherente, pero más aún es declarar la visión de futuro a un lustro que se haya construido participativamente por parte de la actual administración estatal. Es importante redoblar esfuerzos y partir de la teoría, de la referencia y de piezas de evidencia, compaginados con una amplia consulta participativa poder plasmar la ruta de trabajo que involucrará a más de dos millones de michoacanos y cientos de miles de millones de pesos durante el periodo citado. Se sabe que, un plan de desarrollo es el mejor instrumento con el cual contamos los ciudadanos para vaticinar el porvenir y para tomar decisiones de inversión, educativas y de proyecto de vida en un contexto territorial. Particularmente, en materia de planeación para el desarrollo, trabajar con recetas de cocina y designios superiores no es lo óptimo en una entidad federativa con una realidad tan compleja y específica como es Michoacán de Ocampo. Es preciso construir una metodología propia y consultar lo más exhaustivamente posible a los actores clave del desarrollo. Para todas estas acciones, a pesar de las movilizaciones soplan vientos favorables. La encuesta aplicada entre los trabajadores de la educación indica que la autoridad ha ganado credibilidad respecto a los liderazgos gremiales. Con medidas como el pago puntual a los maestros de sus quincenas y haber solventado los impagos heredados, la SEE se encuentra en una posición tal que puede avanzar en la recuperación de procesos que habían sido capturados por intereses particulares. Por ejemplo, los avances en torno a la bancarización de la nómina educativa indican que la legitimidad le asiste a la autoridad educativa estatal y puede seguir dando pasos para regularizar lo que en otras entidades es norma desde hace décadas. Por otra parte, se acabó el periodo legal para responder conforme a lo que se estipula en la normatividad respecto a la operatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros a los participantes en los procesos de promoción vertical y horizontal en el servicio profesional docente. Esperemos se resuelva positivamente y se respeten los derechos de quienes lograron una promoción. El fallo de la autoridad judicial respecto a la Ley Estatal de Educación, en torno a la anulación de 13 artículos por no haberse consultado debidamente sienta un precedente importante, toda vez que ya es un criterio que se ha sostenido en las dos intentonas más recientes por parte del poder legislativo estatal de expedir la normativa mencionada, siempre incurriendo en los mismos errores. En contrapunto, destaca la ratificación de restricciones a la educación privada a evidente acción promovida por los empresarios del sector, lo cual debe servir para que se vigilen más esta modalidad de sostenimiento y se impidan extralimitaciones y abusos. En esa tesitura queda enmarcado el proceso de incorporación de escuelas privadas, recientemente convocado por la SEE, la cual debe ser rectora y estricta vigilante de los derechos educativos de los estudiantes en esta modalidad de sostenimiento también. En suma, hay retos, pero hay resultados: es momento de redoblar esfuerzos. Es aún buen momento. Aprovechar al máximo junio, evitando caer en celadas y tentaciones es clave para conformar un cambio cualitativo en la formación de la niñez y juventud en Michoacán. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
