Horacio Erik Avilés Martínez* Una vez pasado el proceso electoral y habiéndose anunciado los incrementos salariales, así como los acuerdos entre la SEP, el gobierno federal y la CNTE, a través de un informe que más bien evoca a las minutas del pasado reciente, prácticamente parece venir el cierre de ciclo escolar. Así también, sobreviene un cierre de periodo gubernamental. Ya se proyectan incluso las cifras de estudiantes que recibieron becas durante el sexenio actual, a manera de corte de caja: 21 millones de niñas, niños y jóvenes. Al respecto, en lo sucesivo, un gran reto que persistirá es lograr aprovechar esos recursos al máximo. Es decir, que ese dinero invertido en apoyos sociales logre imbricar a toda una política social transversal, de tal manera que apuntale el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes en el país y en Michoacán de Ocampo en particular. Esto implicaría lograr que se impacte en el acceso, permanencia, aprendizaje y completar trayectorias exitosas a través del sistema educativo nacional. Así también, ya se publicó el Calendario Escolar 2024-2025, con 190 días. Empero, en Michoacán de Ocampo las clausuras escolares siguen avanzando. Se sabe que están ya cerrando actividades en cada vez más planteles. Es común la escena afuera de las escuelas secundarias federales de esta capital donde los estudiantes ya se intercambian firmas de recuerdo en sus playeras, sabedores de que ya fue el último día de clases, aunque esto no se haya anunciado públicamente. Y más aún, el ciclo escolar dejará grandes pendientes irresueltos para el futuro, como asegurar los aprendizajes mínimos, conocer si ya el estado de la infraestructura física educativa alcanza niveles tales que permitan las condiciones mínimamente dignas para que todas las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan, convivan y participen en las escuelas públicas de la entidad federativa. Este ciclo se está terminando y nunca se lograron tales efectos. Este ciclo, las protestas de la CNTE se hicieron presentes en el país. Lo que ha generado con la centralización de la toma de decisiones es la federalización de la protesta de la disidencia magisterial. Al dejar de tener posibilidades de resolución de la problemática. Este será un reto que cargará la próxima administración. Un gran asunto que deberá resolver la SEP en los meses sucesivos es la gran cantidad de centros de trabajo que se reportan como inactivos a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la Secretaría de Educación Pública (SEP): 166 mil. En la revisión de las razones por las cuales existen centros escolares que no están en funcionamiento, nos encontramos con la sorpresa de que el sistema educativo nacional no se da seguimiento a todas las razones por las cuales los centros educativos se cierran. Por ejemplo, la violencia, la inseguridad, el desplazamiento forzado, la migración, los fenómenos naturales, entre otros, que no se reportan. Solo existen las razones administrativas, de infraestructura, de falta de docentes y de estudiantes. Veamos el caso de Michoacán, el cual es emblemático, toda vez que, históricamente acumulados, se registran 9 mil 744 centros educativos cerrados, mientras que existen 17 mil 756 centros abiertos, desde educación inicial hasta educación superior. De los que se reportan como cerrados, mil 262 corresponden a falta de alumnos; increíblemente, ninguno de los planteles educativos cerrados tiene su origen en la falta de maestros; mientras que 8 mil 475 se integran en la categoría de situaciones administrativas; mientras que, finalmente, solamente siete están cerrados por problemas con la infraestructura, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP. De esa cifra por falta de maestros, obra constancia en medios de comunicación que existen decenas de planteles que no operan precisamente por el ausentismo o falta de asignación de docentes para los respectivos planteles. Por otra parte, en lo que respecta a los planteles que tienen problemas con la infraestructura, también hay muchas más denuncias públicas realizadas durante los más recientes ciclos escolares donde se demuestra que hay muchos planteles que, a la fecha, no han podidos superar los efectos de los sismos, huracanes, fallas geológicas, olas de calor y demás fenómenos naturales. Peor aún, al intentar encontrar escuelas cerradas por episodios de violencia, hallamos que no se construye ese importantísimo indicador. Menos aún, se mencionan otros fenómenos sociales que fuerzan a cerrar a los planteles educativos. Lo anterior podría obviarse, pero, lamentablemente, concatena con una larga y perversa tradición de simular y maquillar las estadísticas educativas, es decir, de narrarle a la opinión pública que no pasa absolutamente nada, cuando basta hacer una rápida consulta en cualquier buscador de noticias en Internet para darse cuenta de que hay muchos más planteles que están cerrando en nuestra entidad federativa por razones que ni siquiera caben en los formatos que realiza la autoridad educativa federal para tales efectos. Si un problema se ignora y no entra a agenda pública, mucho más difícil resulta resolver la situación. Lo anterior, no solamente perjudica los derechos de las niñas, niños y jóvenes, sino que tambien hace más tortuoso el trabajo de la autoridad, la cual necesita contar con mejores elementos para la integración de estadísticas educativas, en aras de poder mejorar continuamente la política educativa nacional y en entidades federativas sumidas en mixturas de problemáticas sociales, de violencia y de marginación. Los planteles educativos necesitan tener mayor supervisión escolar en esta nación, para poder conocer que es lo que está pasando al respecto y cuyo funcionamiento pueda ser totalmente transparente, así como las razones por las cuales existiesen irregularidades. No debemos quitar el dedo del renglón, esta clase de temas son los que tenemos que seguir analizando colectivamente a nivel nacional, para hacer conciencia de lo que hay que cambiar al respecto. La educación es un derecho, pero al no estar plenamente garantizado para todas las niñas, niños y jóvenes de la nación es necesario, además de exigir, hacer persistir el ideal, la aspiración educativa en cada uno de los sujetos de derechos, para que conozcan sus garantías individuales y las ejerzan a plenitud. Un factor de capital importancia para tales efectos es que existan escuelas para todos, con las mejores condiciones posibles para que la inclusión y la universalidad de la educación sea gratuita. Sin embargo, hay muchos planteles cerrados a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Cabe destacar que, el acceso a la información respecto a los centros educativos es sumamente tortuosa; las bases de datos, inmensas, sin suficientes campos esclarecedores vulneran el acceso a la información, bajo los principios de proactividad y máxima difusión, toda vez que se requiere software especializado y complejo para poder analizar e interpretar la información. El SIGED, en su inconsistencia, declara cerrados miles de centros escolares por supuestas “razones administrativas” las cuales deben ser aclaradas, porque puede haber criterios burocráticos que no correspondan con la realidad que se vive en las comunidades escolares. En contraste, preocupa que, hay cifras muy altas en entidades federativas llenas de pobreza y marginación. Así como la inexistencia de cifras en estados de la república donde se sabe de la problemática grave que existe al respecto. Menos aún, se mencionan otros fenómenos sociales que fuerzan a cerrar a los planteles educativos. Las inferencias de la situación son muy graves, ya que esto implica que, en este país se encuentran invisibilizadas la violencia, la migración forzada, la pobreza y la marginación, como factores de cierre de escuelas en México, incluso desde la conformación de las bases de datos para las estadísticas educativas, donde no ha lugar para reportar incidentes de la gravedad mencionada. Estos resultados también evidencian problemas no atendidos respecto a la cobertura escolar. Sabiendo que, en educación media-superior y superior aún estamos como nación muy lejos de la cobertura universal, debería de buscarse por todos los medios que los planteles no cierren sus puertas. Sin embargo, esta base de datos precisamente exhibe la inmensa facilidad con la cual los centros escolares se vuelven inactivos. En esas cifras hay un intrínseco llamado a la acción para las autoridades competentes respecto a resolver esa problemática que deja a miles y miles de jóvenes sin posibilidades de completar sus trayectorias educativas. Es muy significativo el hecho de que existan tantos centros de trabajo educativos en la nación, cuando hay evidente falta de cobertura en educación inicial, preescolar, media superior y superior. En educación primaria y secundaria, cada centro de trabajo que se cierra significa costos y desplazamientos que ponen en riesgo el acceso a la educación para los estudiantes; a la par que también posibilitan la corrupción, toda vez que en esos centros de trabajo se pueden esconder aviadores, como es el caso de los centros "bolsa", escuelas virtuales donde se suele adscribir a personal que desempeña labores ajenas a la educación. Estos centros fueron creados en el marco de la reforma peñanietista, con la entrada en vigor en 2014 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), en aras de proteger a personal que se encontraba fuera de las aulas y no fincarles responsabilidades, los cuales eran centros de trabajo virtuales, a los cuales se adscribía al personal irregular, el cual podía seguir cobrando como parte del magisterio sin devengar su salario brindando servicios educativos. Esto abre vetas para la compulsa in situ de todas estas claves de centros de trabajo, ya que es un número impresionante que amerita una respuesta oficial minuciosa y especifica, sobre todo en lo que respecta al cruce de la nómina magisterial con cada uno de los centros de trabajo. El paso siguiente obligado es una auditoria integral al respecto. Dimensionemos: si las 166 mil claves de centros de trabajo que se reportan como inactivos, en el SIGED fuesen escuelas, si cada una de ellas tuviesen cinco grupos de 30 estudiantes, alcanzarían a atenderse a más de 24.9 millones de estudiantes Si a una persona, en una revisión de rutina, la policía le encuentra en posesión de veinte teléfonos celulares o veinte cuentas bancarias despertaría amplias sospechas. Así también, ¿para qué quieren claves de centros de trabajo inactivas en la SEP? ¿Por qué no desaparecerlas y ya? Es decir, esa abultada cifra de centros de trabajo inactivos es un fuerte indicio de posibles irregularidades en la nómina magisterial del ayer, las cuales podrían subsistir a la fecha. A reserva de una investigación profunda, de una auditoría integral, cabe la probabilidad de que nunca hayan desaparecido las figuras como los centros-bolsa. En fin, este ciclo se cierra y quedan grandes pendientes por atenderse en pro de los derechos de las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas. ¡Merecemos un gobierno educador! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
