Horacio Erik Avilés Martínez La visita del presidente de México a Michoacán de hace dos semanas incluyó una serie de anuncios, acciones e impactos, los cuales fundamentalmente se dieron desde, a través o hacia el sector educativo. Lo anterior cobra especial relevancia al darse en un contexto territorial como el de Michoacán, el cual cuenta con un sector educativo sumido en un atraso histórico, híper politizado y con emergencias que, de no atenderse, permearán en el resto de las entidades federativas, haciendo cundir el malestar y las medidas reactivas que emprenden los grupos movilizados. Es decir, dar un mensaje desde Michoacán tiene una resonancia especial, a dos tercios de haber iniciado su mandato. Respecto a otras administraciones, el actual enfoque es novedoso, toda vez que, en la actual administración pública federal, así como la estatal, visibilizar actos de corrupción perpetrados en el sector educativo ha sido una constante. Así, el modus operandi, las redes de influencia, los posibles beneficiarios y quienes resultan perjudicados son factores constantemente exhibidos, desde la tribuna de los titulares del poder ejecutivo. Con ello, la problemática se coloca en agenda pública, lo que legitima la ejecución y seguimiento de medidas de política pública dirigidas, al menos en el discurso, contra los abusos. Esto, aunque no ha sido debidamente ponderado por la ciudadanía o incluso por la oposición es un acto valioso porque, técnicamente, implica dar el primer paso dentro del ciclo de las políticas públicas. En Michoacán, el trasfondo es multimillonario. Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil hemos exhibido que la educación se ha convertido en “la caja grande” de los gobiernos subnacionales, desde su mercado negro. Como ejemplo, en Michoacán se entregaron 5 mil 200 plazas entre 2020 y 2021, en plena pandemia y a pesar del lamentable fallecimiento de más de trescientos trabajadores de la educación. Más aún, la matrícula estudiantil disminuyó en 83 mil niñas, niños y jóvenes a quienes el sistema educativo estatal los abandonó, al no poderles garantizar condiciones para su permanencia escolar. Entonces, ante menos alumnos se contrataron más maestros. Lo anterior llama más la atención al darse cuenta de que no se normaron mecanismos adicionales para garantizar que los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral ingresasen al servicio profesional educativo, a pesar del inminente proceso de selección de personal. Impunemente, se ha entramado un mercado negro de plazas en donde se venden en alrededor de trescientos mil pesos cada una, hablar de cinco mil doscientos empleos vitalicios disponibles desde esta perversa visión conlleva un posible negocio de hasta mil quinientos sesenta millones de pesos. No bastando el posible botín, continúa la promesa de espacios y plazas en el sistema educativo, garlito mediante el cual los líderes de estas redes movilizan a personas en la protesta callejera durante años, con la promesa de obtener al cabo de años un salario perpetuo. Lo que menos importa es la formación integral de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán. Ahora, puede ponderarse el impacto de visibilizar los actos de corrupción, más aún, desde el poder. Resta investigar, resolver conforme a derecho y generar medidas que imposibiliten que alguien más vuelva a pensar en lucrar con los recursos destinados constitucionalmente a garantizar los derechos a estar, participar y aprender de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán. Destacadamente, el anuncio presidencial, secundado por las palabras del gobernador de que, la entrega de plazas será conforme a los procesos estipulados en la Ley General de la USICAMM y a través de su unidad estatal da pasos de la visibilidad en agenda pública hacia la implementación de soluciones, así como refrenda el estado de derecho. Exigible sería el seguimiento al respecto y que mínimamente, esta serie de posicionamientos contribuyan al cambio cultural. La palabra de los mandatarios del ejecutivo debe ser honrada y secundada con actos de sus respectivos equipos de trabajo para transformar la realidad, la cual a nadie que ponga a las generaciones al centro puede tener satisfecho. Además del transversal y enfático discurso anticorrupción, acompañado del reiterado exhorto al derecho a la manifestación pacífica y no violenta se destacan cuatro aspectos específicos, a saber: I. El espaldarazo al pago a los maestros mediante tarjeta bancaria. El impulso al pago por tarjeta bancaria es destacable y redobla el resultado acumulado durante una década y media, desde que a finales de la primera década de este siglo se impulsó la idea desde la sociedad civil organizada y la SEE. Sí, generó rechazos, pero aun así se ha ido operando. A la fecha, se ha acumulado casi el ochenta por ciento del total de los trabajadores de la educación, quienes cobran sin complicación alguna. Cuando propusimos esta medida en 2009 desde la sociedad civil estábamos muy lejos de pensar que tardaría tanto en avanzar y que algún día el presidente de la nación la impulsaría desde su discurso. II. Reconocer el carácter nacional de la UMSNH y la necesidad de dotarle de más recursos. La situación deficitaria en materia presupuestal de la máxima casa de estudios de la entidad es del dominio público. Reconocer su historia y la aportación que realiza al desarrollo estatal es un prerrequisito para dotarle de mayores recursos, lo cual dotaría de gobernabilidad y de sostenibilidad financiera a la institución, impactando a su vez en ambos factores a escala estatal. Paralelamente, recordemos que el proceso de sucesión de la rectoría está en plena efervescencia, imbricándose incluso la renuncia de la titular de la SEE al respecto. Aunque se aduce que existe autonomía universitaria, la realidad es que la UMSNH es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, por lo cual, el titular del ejecutivo estatal incide al respecto. Una gestión suya ante la federación reforzaría aún más su posición ante la comunidad universitaria. Por ello, cobra más sentido el que se haya mencionado que la UMSNH debe estar fuera del control de mafias y de élites. III. Impulsar el sistema de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG) en Michoacán. El motivo original de la gira presidencial fue hacer patente su respaldo a uno de los programas insignia de su administración: las UBBJG. No escatimó espacio en sus respectivas oratorias respecto a detallar la inequidad con la cual se ha conducido la educación superior y cómo la creación de nuevas universidades estarían revirtiendo los efectos indeseados. Habló con enfoque nacional, pero avanzó territorialmente, duplicando el mapa de incidencia del programa mencionado en la geografía michoacana. IV. La promesa de más presupuesto para la nómina educativa michoacana. Llegarán más recursos, fue el mensaje, el cual fue acogido y agradecido de buena manera por el gobernador del estado. AMLO reconoce que la federalización de la nómina educativa será progresiva y no sucederá de manera abrupta. Localmente, sabemos que existen objeciones, resistencias, vacíos normativos, afectaciones a terceros e intereses creados y se entienden las razones, más queda el sabor amargo de boca respecto a los efectos que de ello sobrevendrán, ya que desde la lógica de la transparencia y rendición de cuentas, el incremento de las participaciones a través de la partida U-080 resulta una victoria pírrica, toda vez que si bien los recursos radicados en Michoacán resuelven prácticamente la insolvencia, también es cierto que el arribo a través de la partida mencionada implica un nivel de transparencia inferior a que si se hubieran programado en el PEF 2022 o 2023 a través del FONE. Lo más grave es que esta forma de transferir dinero a Michoacán, más que beneficiar al gobierno federal, estatal, a los maestros o a los estudiantes a quienes termina cubriendo con su manto es al personal que se encuentra en situaciones irregulares. Es decir, los aviadores quedan en la impunidad total. Otro mensaje destacable es el que envió AMLO para los “rectores-caciques”. No titubeó al poner el dedo en la llaga del conflicto de intereses, del abuso del poder, del uso clientelar de las instituciones educativas para finalidades políticas y la inmensa facilidad con la cual se hacen negocios privados a partir del detrimento de lo público. El presidente de México soltó una granada de fragmentación cuando exhibió que hay quienes no hacen crecer la matrícula, pero usan a las escuelas de educación superior. Que omiten pagarles bien a los maestros, que limitan la expansión para que haya más estudiantes y “usan el dinero para hacer obras donde hacen su agosto”. Dijo que “antes iban los muchachos a la universidad pública, presentaban el examen, no pasaban, pero les decían -los empresarios avenidos a funcionarios educativos- “no te preocupes, inscríbete en esta universidad privada, de ellos mismos”. Remató diciendo que “así hacían negocio. Eso ya se terminó, se van al carajo.” Aprovechar que el presidente subió el tema a agenda pública para generar un mejor sistema educativo implica evitar que estas formas de corrupción sigan presentes en el sistema educativo michoacano. Que quienes tengan negocios particulares por atender eviten tomar decisiones en la materia. A ellos se refiere AMLO cuando habla de los “Rectores-Caciques”. Sí, con una clara dedicatoria a una familia que ha hecho en la Universidad de Guadalajara una amplia plataforma operativa para su carrera político-académica y que está a punto de tener a uno de sus integrantes como candidato a la gubernatura, pero tiene reverberaciones locales la declaración. Bien vendrá ese pase de lista en el sistema educativo michoacano y revisar, bajo el tamiz del marco legal en materia de responsabilidades administrativas y de la famosa 3 de 3, los antecedentes de cada servidor público como gerente, empleado y funcionario en el sector público, a la vez que, en el privado, para determinar quién tiene acciones, intereses o inversiones y puede incurrir en conflictos de intereses. Máxime que habrá movimientos en el gabinete educativo michoacano en estos días. Es momento de aprovechar la cascada de relevos que advendrán para revisar con lupa al sector educativo, porque podemos tener funcionarios que tengan características de los personajes que denunció el propio presidente, que pueden ser a la vez caciques, gerentes o dictadores, jovencitos o maduritos. Desmontar el entramado de intereses potenciales que, a la mínima oportunidad se convierten en conflictos de intereses, redes de lucro y actos de corrupción es parte de lo que los ciudadanos debemos hacer, desmontando las intenciones del ajedrez político, para exigir mejores perfiles, más capaces, probos, íntegros e incorruptibles. En suma, el tiempo, la transferencia de recursos y las acciones definirán tanto el nivel de seriedad como el impacto de la visita presidencial. Lo que esperamos y exigimos es que se visibilice el beneficio de la niñez y la juventud en Michoacán en uno de sus ámbitos más dolorosos y esperanzadores a la vez: el educativo. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A. C
La Voz de Michoacán
