Erik Avilés Martínez El lunes pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo donde se revoca la determinación como Información de Interés Nacional a la Información Estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), el cual se define en su portal electrónico oficial como “un conjunto orgánico y articulado de procesos, lineamientos, normas, instrumentos, acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y distribuir la información del Sistema Educativo Nacional, generada por sus sujetos y autoridades, con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación”. Los Siged existen en muchos otros países y en México se conformó en el marco de la reforma educativa de 2013, tras una larga exigencia de parte de la sociedad civil organizada. En cuanto a remarcar su importancia, a la Junta de Gobierno del INEGI le corresponde determinar la información que se considerará de interés nacional, por lo que mediante Acuerdo 3ª/XI/2015, determinó como Información de Interés Nacional a la información estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2015. En contrasentido, el 11 de abril pasado entró en vigor el decreto que revocó tan importante decisión. En el documento se colocaron más de veinte considerandos, más retóricos que argumentativos, los cuales resultaron insuficientes para demostrar convincentemente la relación causal entre las reformas normativas en materia educativa emprendidas por el morenato y la alegada pérdida de interés nacional en la información del Siged. En el decreto solo aciertan a decir que, con la reforma educativa vigente e se modificaron las fuentes de información y que ahora existen algunos instrumentos paralelos que generan otros datos, sin que se acierte a razonar lo evidente: si la generación de información se modifica, hay que actualizar el Siged y, si hay otras fuentes de información paralelas, lo idóneo es compulsarlas para fortalecerlas mutuamente y obtener mayor especificidad en los datos, que permitan precisamente la mejora continua de las políticas públicas en materia educativa. Una vez más, ante los retos que implican la mejora continua de las políticas educativas el camino más fácil es revocar. El decreto es accesible en el portal electrónico del Diario Oficial de la Federación, si bien es un documento de solamente dos cuartillas, es vasto en indicios para investigar más los detalles de la decisión; para realizar análisis post facto. El acuerdo textualmente dice que “se revoca la determinación como Información de Interés Nacional a la Información Estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa en términos de lo establecido por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo anterior de conformidad con la justificación presentada por la Secretaría de Educación Pública ante el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social”. Si bien, algunos analistas tenían dudas respecto a quién originó la petición, es explícito que la intención de diluir Siged como información de interés nacional proviene de la SEP, lo cual se aprobó en términos del Acuerdo No. 5ª/V/2023, en la Quinta sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, celebrada el 30 de marzo de 2023. Más aún, es un indicio que sugiere la decisión pudo provenir de la titular de la SEP, ya que no sería razonable que alguien de rango inferior haya tomado una decisión de semejante magnitud sin consultar a la responsable de la política educativa nacional. Aunque este escenario aún no es catastrófico, como ciudadanos debemos de estar en alerta, porque si bien, aún no desaparece el Siged, cabe la posibilidad de que se caiga el sistema, de que deje de ser accesible al público o de ser actualizado periódicamente. La sospecha, la desconfianza y el escepticismo no pueden ser apriorísticamente descartados ante un periodo gubernamental que demostradamente se ha caracterizado por la omisión, la regresividad y descuido de la institucionalidad, de la cultura organizacional y de los sistemas informáticos. Ninguna medida de política pública es ideológicamente ingenua. Esto, en real politik podría considerarse lo que en el ajedrez se denomina una jugada intermedia, es decir, una acción que constituye un golpe táctico que permite enfatizar la ganancia material o posicional en la consecución de un plan establecido. Pensar en términos de la maquiavélica razón de estado, de un régimen legitimándose y tratando de prevalecer a costa de lo que sea no es descabellado. Al respecto, las implicaciones para Michoacán pueden ser muy amplias. Recordemos que fue gracias al Siged que en este mismo espacio exhibimos como nos mentían varios líderes de la CNTE, bajo la cobertura de la impunidad que brindan las autoridades educativas, porque decían que eran simples trabajadores de la educación devengando su salario en tiempo y forma, lo cual podíamos consultar en el sistema mencionado, lo cual se reducía al absurdo con una simple fotografía, video o evidencia de su presencia en una marcha, mitin, rueda de prensa, movilización, mesa de negociación o cualquier otra actividad ajena a sus responsabilidades laborales, justamente a la misma hora y día en los cuales debería de estar devengando su salario. Así también, se ha encontrado que, desde el surgimiento del Siged a la fecha, hay trabajadores de la educación con militancia política que simultáneamente a cobrar en el erario educativo se dedican a toda clase de actividades. Así, hemos encontrado funcionarios partidistas de todos los colores: oficialistas, oposicionistas, independientes, revolucionarios y ciudadanos sirviéndose por partida doble, lo cual es fácilmente verificable por cualquier persona. Basta ingresar al portal https://www.Siged.sep.gob.mx/Siged/docentes.html y capturar el nombre de quienes cobran en la nómina partidista y se sabe tienen plaza docente. Lamentablemente, este cruce de padrones no lo hace autoridad alguna de oficio, razón por la cual se victimizan, aduciéndose perseguidos políticos, sufriendo amnesia y diciéndose envidiados. Para esta situación en particular, equivale a un indulto colectivo, una amnistía general para todos aquellos quienes saquean el erario educativo, a un año de las elecciones federales. Aunado a lo anterior, habrá una razón más para que las autoridades educativas desechen y contesten a su antojo las solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía, académicos o de la sociedad civil organizada, aduciendo, como es muy común en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde con una mano en la cintura funcionarios contestan que “no tienen el suficiente personal para digitalizar la información” o que “no cuentan con personal capacitado para construir una respuesta”. Con este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, prácticamente cualquier contestación de esta categoría será posible, dejando a los interesados en conocer más sobre la educación estatal el único camino de la queja, a través del recurso de revisión. Esto preocupa más, por la crisis pública en la cual se encuentran las consejerías del INAI, instancia encargada de la resolución de las quejas ciudadanas ante las respuestas desfachatadas y absurdas que cotidianamente brindan la gran mayoría de los sujetos obligados. Más específicamente, desde Mexicanos Primero Michoacán hemos pedido desde 2009 a la fecha que el padrón estatal de trabajadores de la educación sea integral, fidedigno, transparente, independiente y se compulse escuela por escuela, por las múltiples inconsistencias que presenta, máxime que a los trabajadores estatales y al personal de asistencia y apoyo a la educación no se les transparenta ni se les fiscaliza con el mismo rigor que a quienes ocupan una plaza laboral cuya modalidad de sostenimiento es federal. Con esto, hay amenazas de que no se alcancen los objetivos de lograr una plantilla de personal ejemplar, que permitan la federalización de la nómina educativa, un rescate integral de las finanzas educativas y la máxima eficacia en la gestión de los recursos humanos del sistema educativo estatal, para garantizar plenamente los derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán. Claudicar ante ello o ceder ante presiones políticas implicaría la cesión de la rectoría educativa una vez más, así como dar por finalizadas las esperanzas de que la actual administración logre elevar los indicadores educativos. La falta de vigilancia social sobre las plazas de los trabajadores de la educación permitirá que una vez más trafiquen con ellas las redes de corrupción, los líderes sindicales y funcionarios coludidos, quienes, como en el pasado intercambiarán propaganda política, la realización de videos, la incorporación a la nómina de parejas sentimentales y muchos otros abusos más. Por ello, en Michoacán hay más razones para exigir blindaje al Siged, así como la realización paralela de un Siged estatal que cuente con la misma información que el federal, pero que subsane los vacíos que se señalaron líneas arriba, compulsando toda la información estatal y cruzando padrones para evitar actos de corrupción. Si ello no sucede, si en la entidad federativa no hay mejora continua al sistema informático, una copia en espejo de la información ni se usa el cruce de padrones para combatir los desvíos de recursos, solo queda preguntarse, quién gana con ello. En la respuesta estarán las pistas. En ese escenario, como en el pasado, líderes y miembros numerarios de la fuerza aérea magisterial gozarían del manto de la impunidad, en un pacto de gobernabilidad, político-electoral fraguado desde la SEP y operado desde el INEGI, en pleno año preelectoral, que es justo cuando se toman las grandes decisiones y se fraguan los pactos políticos que mancomunan carreras políticas. Los derechos se conquistan ejerciéndolos y defendiéndolos: es tiempo de exigir a las autoridades educativas y a los representantes populares se proteja al Siged, se ahonden las medidas en pro de la transparencia y rendición de cuentas, así como se combata a la corrupción. Aunado a lo anterior, que se construyan y actualicen los indicadores educativos, que se genere más información y que se realicen diagnósticos respecto al estado que guarda el sistema educativo estatal, particularmente la situación de cada uno de los estudiantes, en materia socioemocional, socioeconómicas y en cuestiones de aprendizaje, como lo hemos solicitado desde hace tres años. Merecemos más y mejor información educativa. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán AC.
La Voz de Michoacán
