Horacio Erik Avilés Martínez Vista desde, al menos, un cuádruple sentido, la educación es una emergencia sistémica: tanto por ser un rubro que demanda atención inmediata e imperativa, como por ser una construcción que emerge desde lo comunitario; mientras que, también lo es, por constituir un requerimiento del sistema para sostenerse, reproducirsey tener viabilidad a largo plazo para sí mismo, así como por ser un asunto vinculado a la totalidad de los elementos del conjunto, ordenados y relacionados entre sí, por poseer posibilidades de incidencia transversal. Bajo el enfoque mencionado, en el sistema educativo michoacano hay emergencias que requieren atención prioritaria e inmediata en pleno mes de junio. Sí, no olvidemos que nos encontramos en el mismo periodo del año en el cual, durante al menos un cuarto de siglo se solía gestar la mal llamada “jornada de lucha”, donde las cúpulas negociaban una agenda confidencial con el gobierno en turno y después salían a levantarse la mano mutuamente desde el balcón más alto del Palacio de Gobierno en Morelia, con pingües ganancias para ambos bandos, supuestamente adversos, pero ahora mancomunados en un ganar-ganar, donde los recursos materiales, financieros y, especialmente, humanos se dividían entre representantes gremiales y funcionarios, resolviendo con ello, supuestos problemas de gobernabilidad y a la vez, sus necesidades económicas para el resto de sus existencias. Junio era entonces el mes en el que se concretaba la doble negociación, iniciada desde el SNTE a nivel federal y duplicada a escala estatal. Las minutas, acuerdos y pactos con los representantes de los trabajadores de la educación se acumulaban dando cuenta de canonjías extralimitadas, tales como el compromiso de construir centros ecoturísticos para una fracción gremial específica, la entrega de camionetas, el pago de viáticos, gastos a comprobar y la realización de congresos de escasa calidad académica y de nulo impacto en la formación integral de niñas, niños y jóvenes en la entidad. Por ello, atendiendo los signos de los tiempos resulta estratégico resolver problemas que se han arrastrado durante años para evitar que sean la cimentación legítima de exigencias absurdas. Resolver la problemática estructuralmente implica mucho más que erogaciones multimillonarias de recursos públicos, las cuales comprometen la sostenibilidad del sistema educativo michoacano. Ello implica generar rutas fehacientes por las cuales los trabajadores de la educación puedan mejorar sus condiciones laborales sin burocracia, corrupción ni intermediarismo. Más aún, recordemos que los recursos humanos en la educación son contratados para hacer efectivos los derechos a estar, aprender y participar en la escuela de la niñez y juventud en Michoacán. Por ello, juntamente con el magisterio es preciso atender ámbitos transversales como lograr el estado de derecho en la educación estatal, cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad educativa, a la par que continuar con el control y combate a la corrupción y recuperar recursos que originalmente pertenecen a las comunidades de aprendizaje. También es importante identificar y mejorar la efectividad de los procesos educativos, para alcanzar un estado de mejora continua sostenible y trazable. Aunado a lo anterior, resulta clave integrar un equipo de trabajo comprometido y sin resabios de haber participado en actos dudosos. En estos ámbitos se han logrado avances sustantivos al respecto, realizando relevos y nombramientos importantes. En lo específico, hay asuntos por atender como la promoción docente, la cual en sus modalidades horizontal y vertical merecen atención total, caso por caso, hasta su cabal resolución, toda vez que hay muchos afectados quienes sí actuaron conforme a lo que la convocatoria estipuló. Las quejas cunden en las redes sociales y el derecho asiste a muchos maestros, quienes podrían emprender acciones legales individuales y colectivas para hacer valer lo que les corresponde. Por otra parte, son muy fuertes los rumores de haberse presentado listas de prelación para tales efectos, por la CNTE azul, por la CNTE roja y por otras fracciones sindicales, lo cual estaría completamente por fuera de la ley. Si bien, el secretario de gobierno del estado ya mencionó que no hay dinero que alcance para pagar las exigencias centistas, lo verdaderamente importante es que no hay soporte normativo para realizar erogaciones ni entregar lo reclamado, ya que muchas de las demandas son claramente extralegales. Sin embargo, aliviar la tensión con el magisterio puede lograrse sin necesidad de erogar un solo centavo a favor de sus personeros. Existen procesos como la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, que con simplificación administrativa pueden facilitarles la existencia a decenas de miles de trabajadores de la educación, en lugar de maximizar la burocracia en un proceso que, de suyo, ha generado malestar docente. Especialmente, porque, a ciencia cierta, aún no se sabe cómo la acción de rendir cuentas por parte de los trabajadores de base haya de resarcir daños al erario ni acotar la corrupción, sabiéndose que ésta se gesta en las más altas esferas de la estructura de mando y en donde se tiene posibilidad de tomar decisiones respecto al gasto público. Juzgue usted si un profesor de una escuela multigrado merece el mismo trato ante la Secretaría de Contraloría que un delegado administrativo que maneja decenas de miles de millones de pesos al año. Aunado a lo anterior es importante aclarar los ingentes reclamos de supuestos adeudos a trabajadores eventuales, donde fracciones sindicales de toda índole mencionan que no se le ha pagado a personal, del cual no se sabe quién lo contrató, cuáles son sus credenciales académicas, su experiencia profesional, ni tampoco en qué consistieron los servicios prestados a la educación estatal. En contrapunto, hacer fluir la federalización de la nómina educativa, de forma gradual, polietápica, voluntaria y segura es una ruta asequible para el funcionariado educativo. También, los cambios de adscripción deben ser manejados con toda pulcritud para evitar que vuelvan a ser objeto de un mercado negro infamante, donde en efectivo o en especie, por adelantado o a crédito se les cobra a las maestras y maestros para poder lograr adscripción a un centro de trabajo que más les favorezca a sus condiciones de vida. Pero, por estar monetizados estos procesos, muchas veces sus resultados no necesariamente corresponden a las necesidades reales de servicio para la mejor atención de la niñez y juventud, siendo frecuente la simulación o la total ausencia de maestros en las comunidades más alejadas, más marginadas, inaccesibles o presas de la violencia. Es también momento de vigilar con toda la atención y recursos de los que sea posible disponer el ingreso a las escuelas normales, por ser clave en hacer valer el derecho a aprender de las próximas generaciones de estudiantes en la entidad, debiéndose seleccionar a los jóvenes que manifiesten mayor vocación docente y poseer conocimientos para tales efectos. Lejos deben quedar aquellos momentos en los cuales los estudiantes normalistas eran reclutados por su capacidad de influyentismo, su capacidad socioeconómica para sobornar y comprar lugares subastados y por su tolerancia ante un entorno generador y multiplicador de violencia, entre pares y hacia la sociedad en general. Un normalismo digno debe comenzar desde el ingreso a los planteles y se están dando pasos importantes que han desandado una inercia perversa de varias décadas en solo unos cuantos meses. Paralelamente, es importante voltear a ver la situación de los maestros del Programa Nacional de Inglés (Proni), a quienes no se les está pagando en tiempo y forma. Se sabe que es una situación que se arrastra desde la federación, pero que debe ser resuelta a la brevedad con la gestión y buenos oficios del gobierno del estado. Y, dada la antigüedad de varios de los trabajadores de la educación del programa citado, así como su perfil y resultados, podría explorarse la posibilidad de basificar a quienes tengan derecho y méritos para tales efectos. Pasó mayo, el mes del maestro. Y con él se fue una oportunidad valiosa de reconocer a maestros que están siendo creativos e innovan, más allá de lo que está sucediendo en las movilizaciones. Aún puede reconsiderarse el enfoque de revalorización y dignificación del docente en el contexto michoacano. Es también perentorio contar con un equipo de trabajo y recursos que permitan que las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento se resuelvan a la brevedad. Hay casos como el del Jardín de Niños “Bertha Ayala Pedroza” que requiere inversión inmediata. Si bien, la actual administración estatal ha logrado hitos al respecto, es importantísimo seguir evitando que existan impagos de salarios y prestaciones a trabajadores de la educación, porque además de ser una profunda injusticia y un acto que puede ser constitutivo de delito, también resulta ser el pretexto perfecto para que los intermediarios de la protesta magisterial aprovechen una causa legítima para cobrar lo adeudado con pingües intereses y afectaciones colaterales a la niñez, a la juventud y, por extensión a toda la sociedad michoacana, por sus mecanismos de presión que suelen boicotear las clases y a su vez, interferir con la movilidad y con la operatividad gubernamental. Una aspiración que debe concretarse es que los nombramientos de promoción en áreas como educación física sean conforme a derecho y no bajo presiones de grupos gremiales, quienes históricamente han hecho presión, no solamente para imponer personal con funciones directivas, sino hasta para colocar y remover al titular de la Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte en el estado. Un logro que merece consolidarse a plenitud en Michoacán es conformar soluciones integrales para que la jornada ampliada y la alimentación escolar sucedan para todos los estudiantes que ya contaban con el servicio respectivo. Nuestra entidad dio pasos importantes al respecto, solo es cuestión de concluir la labor garantizando los derechos de más de 76 mil estudiantes, sus maestros y sus respectivas familias. Asimismo, es momento de consolidar una política para atender a los desplazados, a los migrantes forzados por cuestiones de violencia y por falta de oportunidades, dentro y fuera de la entidad federativa. Será un hito concluir el inédito diagnóstico local en materia de formación continua que se está realizando por parte de la Dirección de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros; así como divulgar los resultados de la investigación y, por supuesto, elaborar políticas públicas en la materia que permitan atender con pertinencia y efectividad las necesidades manifestadas por el magisterio michoacano en la consulta. Sigue pendiente realizar participativamente el plan estatal de desarrollo en lo que a educación respecta, impulsando no solamente que sea robusto y visionario, que tenga un carácter incluyente e integral, sino que a su vez logre la preponderancia y priorización que el rubro merece dentro de todos los temas que involucran el futuro de Michoacán con visión al 2027. Paralelamente, es posible acelerar pasos para lograr la conformación del Programa Sectorial de Educación, con amplia consulta entre los actores claves del sistema educativo y de la ciudadanía en general. Asimismo, lograr la plena operatividad del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación permitirá contar con testigos sociales y guardianes de la visión colectiva conformada. En suma, afrontar las emergencias citadas bajo la cuádruple acepciónmencionada permitirá resolver grandes retos y hacer, efectivamente emerger lo mejor de todos los actores y grupos del sistema educativo estatal, lo cual solamente es relevante si logra garantizar de mejor manera los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad, en equilibrio con los de los trabajadores de la educación y sus respectivas familias. Es tiempo de hacer emerger un Michoacán educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
