Erik Avilés Martínez Se acerca el momento de tomar decisiones de inversión para 2024, año que será el culmen de una administración pública federal que se caracterizó por su discurso transformista, el cual todavía no ha sido honrado con pasos subsecuentes que permitan verificar la implementación de la palabra empeñada en cada una de las comunidades escolares, beneficiando a la totalidad de las niñas, niños y jóvenes en edad escolar en el país. Específicamente, ya corren los plazos programados tanto a nivel federal como estatal para la conformación del presupuesto de egresos 2024 para el poder ejecutivo. Es alta la incertidumbre respecto a las decisiones de inversión que se tomarán, ya que los derechos humanos de la niñez y juventud en México penden de las disposiciones que establezcan funcionarios y representantes populares. Además de las inquietudes relativas al proceso de toma de decisiones, de construcción del presupuesto y la orientación del gasto, hay dudas razonables respecto a los criterios primordiales que fungirán para decidir los destinos y montos de inversión pública para el sostenimiento de la educación pública nacional. En sincronicidad con las circunstancias mencionadas, esta semana, Mexicanos Primero, a través de su unidad de investigación, presentó un extenso y sistemático estudio sobre las partidas de gasto público y los respectivos programas presupuestales destinados a fondear la educación pública básica de nuestra nación. El análisis comprendió más de diez mil partidas de gasto, en las cuales se identificaron a su vez mil 250 programas presupuestales destinados al sostenimiento de la educación básica en el país. Así, se definieron dieciocho líneas de gasto, de las cuales quince son federales, mientras que tres son de carácter estatal y municipal, a saber: primera infancia, formación inicial docente, aprendizaje profesional docente, implementación curricular, libros y materiales educativos, infraestructura escolar, becas, equidad e inclusión, educación socioemocional, tecnologías de la información, evaluación educativa, planeación e información educativa, los fondos para el pago de la nómina educativa (FAEB-FONE-R25), el fondo destinado para los gastos operativos de las escuelas, gasto administrativo, el Fondo de Aportaciones Múltiples, así como los programas estatales y municipales. El análisis del gasto público educativo de los últimos veintidós años que realizó Mexicanos Primero demostró que la actual administración pública federal ha destinado en promedio 1.8 de cada 10 pesos en implementación curricular, los libros y materiales educativos, las acciones de equidad e inclusión, la educación socioemocional y las tecnologías de la información, mientras que en las administraciones peñanietista y calderonista, los montos de inversión fueron de 4 y 3.9 pesos de cada 10 pesos en promedio, respectivamente. Concluyó el estudio que los recortes en estos rubros dificultaron combatir el rezago educativo y atender las necesidades socioemocionales de niñas, niños y adolescentes, consecuencia postpandemia. La evidencia indica que, de otorgar más presupuesto a la implementación curricular, libros y materiales educativos, acciones de equidad e inclusión, educación socioemocional y tecnologías de la información habrá un impacto positivo en la tasa neta de matriculación en primaria y secundaria, así como se reflejará en un mayor grado promedio de escolaridad. Es decir, que más niñas, niños y adolescentes cursen la primaria y secundaria a la edad que les corresponde, y que cursen trayectorias escolares más largas, bajo un enfoque de triple inclusión: estar, participar y aprender en las escuelas. De acuerdo con los resultados del estudio, la mejora continua en educación implica que más niñas, niños y adolescentes estén en la escuela y que aprendan mejor. Es momento de que los recursos se enfoquen en estrategias y programas de aprendizaje y permanencia de estudiantes, no solo en becas escolares. A la par, es tiempo de profundizar en la articulación del gasto educativo entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Esto es, mejorar la forma en la cual se radican los recursos en cada una de las escuelas, que debe guardar total consistencia con los bienes y servicios que realmente reciben las niñas, niños y jóvenes en los planteles escolares. Lograr triple inclusión escolar implicará que estén todas las niñas, niños y jóvenes en las escuelas, con políticas públicas que partan de diagnósticos socioeconómicos y generando las condiciones para tales efectos, como alimentación escolar -desayunos y comidas-, calzado, útiles escolares, becas, transportación, entre otros más; así como que aprendan todas las niñas, niños y jóvenes en las escuelas, partiendo de diagnósticos sobre el nivel de aprendizaje imperante, estudiante por estudiante; trazando una ruta individuada para recuperar aprendizajes mínimos; y, que participen y convivan en un ambiente libre de violencia y de discriminación todas las niñas, niños y jóvenes en las escuelas, realizando diagnósticos socioemocionales para cada estudiante y canalizando para su atención a quienes así lo requieran. Paralelamente, es imprescindible que se abatan el rezago educativo y el analfabetismo; garantizando trayectorias educativas completas, mientras se hacen las acciones conducentes para que se dignifiquen los planteles educativos, en cuanto a construcción, mantenimiento preventivo y correctivo y, equipamiento. No lo olvidemos: la reforma educativa lopezobradorista, en sus propios términos, tiene como primerísimas responsabilidades garantizar los derechos constitucionales de la niñez y juventud en México, conforme a los principios de universalidad, inclusión, equidad, no discriminación y excelencia. Es importante apreciar las diferencias y semejanzas entre lo importante, lo urgente y lo trascendente. Si bien es favorable construir un nuevo modelo educativo, las tareas que se desprenden para alcanzar tales efectos deben estar subordinadas a la consecución de los preceptos constitucionales. No tenerlos en cuenta, enfrascarse en acciones y decisiones de inversión en lo que resta de 2023 y en el presupuesto 2024 puede apartarnos de alcanzar lo verdaderamente importante. Más aún, los nubarrones de politización, polarización y clientelismo electoral que se aproximan al sistema educativo nacional pueden obnubilar el juicio de los tomadores de decisiones, corriéndose el riesgo de infligir un daño incalculable a las generaciones en formación, ya de por sí vapuleadas por los efectos históricos de malas decisiones de inversión y pésimas políticas públicas del ayer, así como por haber vivido la pandemia y sus consecuencias. Los posibles abusos adultocéntricos cometidos en afanes de obtener, acumular o perpetuarse en el poder tendrían efectos devastadores en la educación de millones de niñas, niños y jóvenes. Es momento de actuar pensando en el desarrollo integral de las próximas generaciones. Sin distracciones en el camino, con base en el estudio realizado por Mexicanos Primero, disponible en www.mexicanosprimero.org, el gobierno federal tiene en sus manos insumos invaluables para tomar mejores decisiones de inversión, así como para rectificar las afectaciones de presupuestos anteriores, para conjurar los riesgos de construir un presupuesto inercial, irreflexivo, que suele ser un error reiteradamente cometido en la administración pública, así como también para poder remediar las afectaciones infligidas durante ejercicios fiscales pretéritos. En manos del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, se pueden generar criterios para atemperar las posibles desigualdades generadas desde el gobierno federal, direccionando el presupuesto educativo estatal programable hacia los eventuales vacíos que queden como consecuencia de una distribución vertical de los recursos públicos. En nuestra entidad federativa ya se ha demostrado que este tipo de acciones se pueden realizar con efectividad, como es el caso de los programas referidos a la jornada escolar ampliada y a la alimentación escolar, donde ante la desaparición y eliminación del etiquetado de los recursos para tan importantes conceptos, el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo juntamente con el sistema DIF estatal programó su sostenimiento local. Este caso venturoso de intervención estatal y municipal puede replicarse en caso de que no se logren cubrir debidamente los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Para el poder legislativo federal este estudio permitirá la realización de un análisis minucioso del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2024 que le turne el poder ejecutivo federal. Con las categorías y criterios hallados se podrá revisar concienzudamente la propuesta, pudiendo enriquecerse y mejorarse el resultado final, redundando en beneficio de las generaciones en formación y los trabajadores de la educación en la nación, así como de sus familias. Por supuesto, los legisladores federales de origen michoacano podrán y deberán emplear estos resultados para defender y hacer progresar los derechos de los michoacanos en edad escolar, etiquetando recursos suficientes y pertinentes para tales efectos. Análogamente, el poder legislativo local tendrá elementos de juicio para la propuesta que en su momento le haga el ejecutivo estatal, robustecerlo y dotarle de especificidades que posibiliten la inclusión, la subsidiariedad y las acciones afirmativas para presupuestar con equidad a favor de los integrantes de comunidades marginadas, alejadas y grupos vulnerados, con el contexto michoacano respectivo. Para los ciudadanos es un instrumento valioso, basado en evidencias que nos permite normar nuestro criterio, exigir a las autoridades y representantes populares, así como permite argumentar informadamente y dirigir el sentido del voto en pro de remediar asimetrías en las comunidades escolares, en calidad de padres de familia o tutores, ya sea desde la figura de integrantes o directivos en las asociaciones de padres de familia, consejos escolares de participación social y comités escolares de administración participativa, según sea el caso. Desde ahora, exijamos se rindan cuentas de los avances de la elaboración del presupuesto 2024 y pidamos se transparenten los criterios que se emplearán para la definición de la inversión pública en materia educativa. Pensar en el ciclo escolar antes que en el periodo electoral es elemental para que la prometida transformación educativa se convierta en realidad y se revierta el rezago que han absorbido las niñas, niños y jóvenes en México y en Michoacán de Ocampo en particular. ¡Es tiempo de invertir bien en educación! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
