Erik Avilés Martínez Hasta hace muy pocos años, la educación michoacana solía vivir momentos críticos durante cada mes de junio, los cuales se originaban por los actos de presión que los gremios magisteriales realizaban a partir de mayo y hasta el cierre del ciclo escolar donde ponían contra la pared a las autoridades educativas mediante pliegos petitorios y agendas confidenciales plagados de exigencias multimillonarias, prácticamente impagables, en aras de generar posiciones de poder para negociar minutas y caprichos a granel. Al no cumplirse las exigencias de mayo, sobrevenían los paros indefinidos de labores, los plantones, las marchas, los bloqueos y las tomas de oficinas, hechos que afectaban duramente los derechos de la niñez y la juventud, así como la imagen del sistema educativo estatal ante las miradas locales, nacionales e internacionales. Las consecuencias parecían no importarles en lo absoluto a quienes elaboraban y operaban un calendario de protestas anualizado, donde ciclo tras ciclo se repetían las mismas acciones en la más completa impunidad. El modus operandi de los grupos que alardeaban poseer la rectoría de la educación estatal, principalmente aglutinados en las diferentes expresiones y tribus que conforman la Sección XVIII de la CNTE es descrito en sus respectivos documentos fundacionales, donde se menciona el método de presión consistente en la concatenación de tres pasos: la movilización, la negociación y el repliegue, repetidos hasta la satisfacción de las exigencias de las cúpulas, por parte del gobierno. Eran los tiempos en los que todos se ponían de acuerdo con los recursos destinados para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, incluso mediante minutas de acuerdo firmadas y después publicitadas. Afortunadamente, ya no sucede así. Es de reconocerse que, a escala macro, gracias a las medidas que ha tomado la actual administración pública estatal, la situación ha cambiado drásticamente: ya no se ven las acciones de presión multitudinarias, ni las suspensiones escolares generalizadas. En contraste, a escala micro, es decir, al revisar el ausentismo grupo por grupo y escuela por escuela, la situación puede llegar a ser sumamente diferente, toda vez que abundan los planteles en conflicto, las irregularidades en el servicio educativo brindado a los estudiantes y la falta de docentes en las aulas, entre otras circunstancias que continúan afectando a las generaciones en formación. Ante ello, las autoridades no han establecido aún mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que posibiliten conocer el cumplimiento debido de sus responsabilidades profesionales para cada uno de los días de clases, por parte de cada trabajador de la educación. Por ende, las incidencias que acontecen quedan sin sistematización, sin seguimiento y, también muchas veces en la más completa impunidad. Sí bien, evitar la violación flagrante de los derechos laborales de los trabajadores de la educación ha abonado inmensamente a evitar esa clase de protestas altamente lesivas; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que pagarles su salario en tiempo y forma por vía electrónica a los maestros, así como brindarles prestaciones a las que tienen derecho los jubilados son acciones apenas resarcitorias del rezago en el cual se encontraba el magisterio michoacano respecto a sus pares del resto de las entidades federativas. Es decir, a partir de cubrir los socavones de iniquidad, apenas está llegando el momento en el cual, en caso de que así se decida, se podrán cimentar las medidas de política pública que permitirán alcanzar la media nacional en indicadores socioeducativos tan dolorosos como la baja escolaridad promedio, el rezago educativo, el abandono escolar, la falta de absorción educativa, la escasa cobertura educativa y el analfabetismo, entre otros. Las cifras más recientes en lodos los rubros mencionados colocan a Michoacán en los últimos lugares a nivel nacional al respecto, por lo que llaman a la acción inmediata para salir de la infamante situación en la cual nos encontramos y que la pandemia exacerbó más. El ciclo escolar 2022-2023, si bien ha tenido un desempeño aceptable en lo general, también como en el ayer, para muchas escuelas este mes será el último de clases, porque así lo están programando en los respectivos planteles educativos. Ya hay graduaciones programadas y se está tratando de terminar anticipadamente con el ciclo escolar. Es decir, por encima de lo proyectado, continúa la costumbre de esquilmar días de clases al calendario escolar. Ya no es un hecho abierto y descarado como en otros ciclos, donde simplemente se declaraba paro indefinido y se cerraban casi la totalidad de las escuelas. Ahora, los mecanismos son más refinados, pero no menos perniciosos, ya que, por más que se esfuercen en decir lo contrario, está demostrado que la presencialidad escolar es la manera más certera de hacer valer el derecho a aprender. Más aún, cumplir con el calendario escolar a plenitud también implicará haber diseñado e implementado las medidas de política pública necesarias para sacar la educación estatal de la nota roja. Las inconformidades en el sector educativo muchas veces se resuelven de manera violenta, mientras que, como consecuencia de los fenómenos delincuenciales, también es inaceptablemente común que las comunidades educativas y sus integrantes queden al centro del fuego cruzado de los criminales. No bastan remedios como la mediación, la conciliación, la resolución de conflictos, la negociación, el logro de acuerdos, el impulso de la cultura de la paz ni la justicia transicional. Es necesario que se instauren medidas integrales e interinstitucionales que permitan la existencia de estado de derecho a tal grado que se consolide un entorno seguro para las niñas, niños y jóvenes en la entidad federativa, evitando con ello la corrupción y los valores entendidos, simulación y acuerdos tácitos en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Una situación que acontece en este mes, pero que es consecuencia del proceso concluido al expirar mayo es la resolución de las afectaciones que se suscitaron durante los procesos de promoción vertical de los docentes michoacanos, las cuales fueron documentadas y debidamente denunciadas. Si bien, engrosar la plantilla de personal o incrementar sus salarios y prestaciones sin suficiencia presupuestal es un grave error y constituye un delito, por afectar la sostenibilidad del sistema educativo estatal, revisar a detalle caso por caso es un tema urgente. Ni puede dilapidarse en el pago de canonjías y aviadurías el erario destinado originariamente a la educación de la niñez y la juventud, ni tampoco se deben escatimar las promociones alcanzadas legalmente por los trabajadores de la educación que participaron en los respectivos procesos. Que exista justicia laboral implicará darle a cada uno lo que le corresponde. Sí, pagarles a todos es un avance digno de reconocimiento, pero no aprovechar la autoridad moral que ello provee para hacer el tan postergado pase de lista, grupo por grupo, escuela por escuela, trabajador por trabajador, ni para generar condiciones estructurales para la promoción docente resulta completamente absurdo. El bono de legitimidad que ha insuflado a la actual administración pública estatal se ha preferido mantenerlo guardado, por lo cual se entiende que han aceptado medidas como la tarjetización los trabajadores de la educación y sus cúpulas gremiales, pero ya es tiempo de que las autoridades generen los puntos de inflexión que tanto requiere nuestro sistema educativo. Mientras tanto, también, sincrónicamente en junio, después de más de medio año procrastinando la entrega de los respectivos cargos, por fin el ala roja de la Sección XVIII de la CNTE, autodenominada “Poder de base” tendrá congreso electivo. La convocatoria se presentará hoy y a partir de ahí se definirán las fechas del proceso electoral. No sorprende que, ante la pérdida de credibilidad, apenas 13 de las 22 regiones que componen el mapa gremial estatal estén participando. Las posibilidades de una escisión son elevadas, mientras que la realización del recambio seccional será una vez más, un pretexto perfecto para la suspensión de labores docentes. En suma, a pesar de la distancia del ayer con la situación actual y los nubarrones de amenazas que se ciernen sobre el sistema educativo, es un momento clave en el cual se deben de aprovechar las condiciones imperantes para generar cambios cualitativos en torno a las problemáticas anteriormente mencionadas. Es ahora o nunca. El próximo ciclo escolar será crucial en el desarrollo educativo de las generaciones en formación. El relanzamiento del sistema educativo estatal implicará muchas más aristas que la mera aplicación del nuevo modelo educativo, buque insignia de la transformación educativa que se busca alcanzar por parte de la actual administración pública federal. Por encima del ayer y del presente, junio de 2024 dimensionará el cierre de un sexenio y de las posibilidades concretas de implementación de la Nueva Escuela Mexicana. Asi también, el momento en el cual se habrá de realizar un proceso electoral que resultará clave en el devenir histórico para nuestra nación, donde se reflejará precisamente si el estado que guarda la educación es un factor que abona al cambio social o, por el contrario, es un flagelo que nos lastra y ata a continuar padeciendo los mismos problemas de hace décadas, precisamente por la falta de educación. La mejora continua de las políticas públicas en la materia permitirá que salgamos del eterno retorno y de vivir un destino aparentemente ineludible y manifiesto. Entendamos, sociedad, magisterio y gobierno, el momento histórico que estamos viviendo y aprovechemos el tiempo que resta para generar y consolidar los cambios que, de no darse ahora, tardarán nuevamente varios años en alinearse las condiciones para que sucedan. Junio es el momento. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
