Horacio Erik Avilés Martínez Mayo es el mes que en el calendario está consagrado al trabajador, al maestro y al estudiante. Así debería suceder en los hechos, donde todos participáramos honrando, conmemorando y reconociendo sus respectivas vocaciones. Pero, por influencia de intereses particulares,el quinto mes del año en Michoacán se convierte en una tortuosa brecha llena de socavones para la vivencia plena de los derechos de la niñez y la juventud. Sí, como dicen los eslóganes que algunas cúpulas clasistas han acuñado, mayo es el mes más combativo, pero porque pareciera que ellos y, en general, todos los bandos en disputa por el control de los recursos de la educación van contra los derechos de las generaciones en formación. Convierten un mes clave en la consecución de los objetivos de aprendizaje escolar en una desgastante guerra de trincheras, en la cual todos los incentivos parecen favorecer a la prolongación de la conflagración, en detrimento total de los derechos de los más vulnerables, de quienes sí dependen de la escuela pública para que origen no sea destino, para que exista una gran diferencia entre sus condiciones iniciales y su pleno desarrollo. Lamentablemente, la larga crisis inducida en el sistema educativo estatal ha conllevado un debilitamiento de la autoridad. Por ello, a pesar de los esfuerzos que se han realizado por la recuperación de la rectoría de la educación, aún no hay suficiente capacidad institucional para hacer valer el estado de derecho en materia educativa. A la fecha, como lo ha confirmado varias veces la titular de la SEE continúa habiendo mucho personal que opera contra la norma por así convenir a sus intereses. Sabemos que, por malformado uso y costumbre,es en este mes cuando se negocia más duramente por parte de los grupos de interés, gremiales, sindicales y políticos encunados al interior del sistema educativo michoacano. Ciertamente, no deberían de llegar causas ni reclamos legítimos sin atender hasta mayo, siendo que desde enero se ejercen los presupuestos de egresos, tanto a nivel estatal como federal, a la par que deberían de existir ventanillas, mesas de diálogo y redes de políticas públicas para resolverse todas las necesidades del magisteriodesde antes. Este mes que concluye debería servir para reconocer la vocación y el talento de los docentes, así como para mejorar sus condiciones laborales y profesionales, no para entregar pírricos incrementos que solamente colocan una alfombra de indignación magisterial en el camino de las protestas. Con más recursos, mejor presupuestación y con políticas públicas más garantistas cambiaría rápidamente la situación. Ya se vivió ese hecho en la actual administración con el pago de los salarios y bonos atrasados a los trabajadores de la educación. Es tiempo de explorar con la dotación digna y suficiente de recursos en las escuelas para cambiar la actitud de la plantilla laboral de la SEE. Como consecuencia de problemas heredados y creados, así como de intereses cupulares observamos que en fechas recientes las acciones de presión en la entidad se han radicalizado, a la vez que multiplicado en diferentes planteles, subsistemas e instituciones, desde educación básica hasta educación superior, afectando profundamente el derecho a aprender de la mayoría de los estudiantes en la entidad, quienes padecen la ausencia escalonada de docentes, la falta de supervisión escolar y hasta el cierre parcial de sus escuelas, justamente en el momento en el cual más requieren de los servicios educativos a los cuales tienen derecho. Es ahora cuando, después de varios meses, pareciera que todos los grupos se han decidido a realizar actos de presión en contra de la autoridad educativa. ¡Vaya contradicción, cuando justamente se ha mencionado que, como nunca, hay una relación cordial con las cúpulas magisteriales! Quizás la única consideración ha sido sostener paros escalonados, no generalizados como en otras administraciones. Quizás se movilicen en defensa de sus derechos, quizás no; pueden ser justas o no sus causas, pero lo que resulta invariable es que las afectaciones principales no se las realizan a los funcionarios, ni al partido político en el poder, sino a la niñez y a la juventud, a quienes les esquilman etapas formativas, contenidos, horas y días de clases, justamente cuando más se requiere que puedan vivir la experiencia de la presencialidad escolar y los beneficios que ello les infunde. Para las cúpulas que persiguen una agenda confidencial, cualquier pretexto es bueno para boicotear las clases: ya sea la lejanía, la inseguridad, los retrasos de pagos por cuestiones administrativas, políticas, sindicales, bancarias o de la red de habilitados, así como la no obtención de plazas automáticas, de promociones verticales, horizontales o la pérdida del control de los procesos de ingreso a las escuelas normales. Invariablemente, las generaciones en formación son las que pagan, quedando en total impunidad los atentados contra sus derechos, toda vez que los encubre la falta de supervisión por parte de subdirectores, directores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, jefes de sector, jefes de unidades regionales, subdirectores y directores de nivel. A la fecha, ni se puede conocer con exactitud quien imparte clases ni quien no, acumulándose más de una década desde que solicitamos a la autoridad educativa estatal que implementara una aplicación en línea para conocer día tras día, grupo por grupo y escuela por escuela, si hubo clases o no y por qué motivo, así como las acciones de seguimiento conducentes para cada caso especial. No olvidemos que, en 2015 Mexicanos Primero presentó una denuncia penal de hechos presuntamente constitutivos de delito ante la PGR por haberse demostrado que, al menos en 99 de 200 días de clases no se presentó el líder de la CNTE a impartir clases en los planteles de su adscripción, asumiéndose con ello que carecía del don de la ubicuidad. La autoridad, al no dar seguimiento a la denuncia dio por hecho que, la bilocación laboral era administrativamente posible en el sistema educativo estatal. A la fecha, no se cuenta con reportes de que la situación haya cambiado. En la recuperación de la rectoría de la educación estatal es preciso hacer mucho énfasis en los atributos constitucionales de la educación, los cuales deben ser objetivos claramente planteados, para que puedan alcanzarse. Uno de ellos es la excelencia, la cual debe referirse a que nuestro sistema educativo sobresalga respecto a versiones previas de sí mismo, así como cada comunidad escolar, cada maestro y cada estudiante en específico hagan lo propio, superándose incesantemente. Asimismo, se debe hacer el mismo ejercicio respecto a la educación privada, que debería ser referencia para que lo público siempre supere a lo particular, por el universo poblacional a atender, por la trascendencia, magnitud y alcance de su misión, por los recursos con los cuales cuenta y su procedencia colectiva, por su fundamentación histórica, jurídica y naturaleza evolucionista, entre muchas otras razones. Paralelamente, es muy pertinente recuperar el concepto de laicidad en la educación, dotándole de vigencia plena y operatividad, impidiendo la intromisión de ideologías ajenas a la cientificidad constitucional. Es sabido cómo se ha configurado, bajo el concepto de libertad educativa, infuso con el de libertad religiosa, un posible sofisma: que los padres de familia elijan los contenidosque sus hijos deben o no recibir, así como la educación religiosa que ellos desean y, por supuesto, que sea el gobierno quien pague a los expertos en tales temas. Debe prevalecer también la gratuidad educativa, por ser insuficientes los recursos y escasos los mecanismos de control presupuestal, en contrapunto con los amplios intereses existentes por capitalizar cada acto que sucede en las escuelas públicas michoacanas. Así, se liberarán los bolsillos de los paterfamilias de uno de los estados desiguales de la nación. Por extensión, es importante vaciar de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses procesos como las compras, las decisiones de inversión educativa, así como la construcción y equipamiento de infraestructura física educativa. No pueden seguir siendo los promotores de programas educativos con base tecnológica los mismos que vendan software o hardware a la escuela pública, ni tampoco las constructoras quienes promuevan la realización de ciertas obras en los planteles. De esta forma, también se aliviarán los déficits presupuestales que, al final del día terminarán socializándose entre los paterfamilias, de una u otra forma. Lograr que la educación que imparte el estado sea plenamente pública, universal e incluyente implica su fortalecimiento pleno. Sin tomar en cuenta la red de actores intervinientes en la educación estatal, resultaría inexplicable que aquí la educación privada haya crecido al triple que la media nacional. No es el poder adquisitivo, sino la desconfianza en la escuela pública. Se le socava sistemáticamente. Causalmente, el denominado “círculo rojo”, es decir, los actores clave del territorio: gobernantes, políticos, líderes sindicales, empresarios, comunicadores y hasta los delincuentes envían a sus hijos a escuelas privadas. Se ha convertido en aspiracional el ejemplo, por lo que la modernidad que implica ir a escuelas con mejor infraestructura o bilingües, en su polisemia también se convierte en moda que imponen tomadores de decisiones y grupos de poder. Así, las clases más precarizadas hacen esfuerzos heroicos por pagar colegiaturas, en aras de brindarles un elevador social a sus hijos. Lamentablemente, el afán por hacer prevalecer lo privado en materia educativa sitúa en total conflicto de intereses a la clase gubernamental pasada y presente. Nunca faltan funcionarios quienes, en lugar de fomentar el desarrollo de la escuela pública, en total tergiversación de sus deberes, empoderan a la escuela privada, dándoles puestos directivos a empresarios del sector, inyectando recursos públicos a becas en escuelas particulares y conformando órganos de gobernanza o gabinetes enteros con gerentes o exgerentes de empresas educativas. ¿Acaso la ley y la opinión pública permiten en los países nórdicos que un empleado de una cementera sea secretario de obras públicas? ¿Por qué en la educación michoacana sí? No lo soslayemos: existe un cada vez menos disfrazado conservadurismo que se beneficia de la ignorancia de los michoacanos, de la conflagración, inoperancia y colonización del sistema educativo estatal. - ¿Quiénes son los ganones?- Fácil: sígale la pista al dinero. Por encima de todo lo anterior, los derechos de la niñez y la juventud deben prevalecer y los atributos constitucionales de la educación deben hacerse notar incólumes. Sí, por el bien de las generaciones que están en formación en escuelas privadas ojalá sigan mejorando; pero no podemos depender de un motor de movilidad social ajeno para desarrollar nuestro doliente Michoacán contemporáneo. Lo verdaderamente trascendente es lo público, ahí es justo en donde debe residir la excelencia, la gratuidad, la laicidad, la universalidad y la inclusión. Especialmente ahora, cuando más se requiere el regreso a la presencialidad escolar, es cuando hay que romper el nudo gordiano de los paros a medias. ¡No deben suceder más! El sistema educativo estatal debe cumplir en cantidad y excelencia con el calendario escolar. Además, debe responder a las finalidades para las cuales fue creado, honrando la confianza que los michoacanos depositamos en él al matricular a nuestros hijos y pagar impuestos. Su efectividad debe ser considerada como una alta obligación y misión de vida de los servidores públicos, a la vez que es derecho de los estudiantes, así como consigna para padres de familia y la sociedad en conjunto. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
