Michoacán: ¿Política o educación? Erik Avilés Martínez Como cada fin de año, la política ha hecho presencia en prácticamente todos los ámbitos públicos de nuestra entidad federativa. Pareciera que, al menos durante diciembre, el epicentro de la política en la entidad es el sector educativo. Además de los seis días que duró acéfala la Secretaría de Educación en el Estado, periodo que posibilitó la realización de algunas pequeñas campañas en pro de poder dirigir la política educativa estatal y sus multimillonarios recursos, también ha generado a su vez efervescencia en el proceso de relevos institucionales que se ha venido gestando al interior de la SEE. Las designaciones, exilios, ascensos y enroques, ya sean potenciales o hechos consumados han estado acompañados de la participación de actores políticos de muy alto nivel, quienes han intervenido para lograr que sus incondicionales sean colocados en puestos más favorecedores, a pesar de tener antecedentes de corrupción, de haber firmado extralegalmente minutas con sindicatos, de entablar juicios laborales, de haber cometido irregularidades en la administración de recursos humanos en el pasado, de no contar con la experiencia profesional necesaria para desempeñar ciertos cargos, entre otros detalles que deberían representar francos impedimentos para quienes toman un cargo público en el sector educativo, por lo cual ha habido inconformidades de ciertos sectores y actores enterados de la problemática correspondiente. Sin embargo, al ser atribución del poder ejecutivo estatal nombrar y remover libremente a los integrantes de la estructura de mando, mucho se complica que exista un proceso de oposición abierto y limpio, que permita la contratación de las mejores personas disponibles en el mercado laboral para realizar las funciones en pro de los derechos educativos de la niñez y de la juventud en Michoacán. Lo anterior no se limita a la administración central de la educación estatal. También en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el proceso de sucesión de la rectoría continúa adelante. Hay más de dos decenas de personas que han manifestado su aspiración de ser ungidos como rectores. La exposición de sus respectivos méritos en lo general es más de consumo interno entre la comunidad universitaria que realmente un contraste de perfiles. Lamentablemente, al no estar rigurosamente normada la sucesión, las campañas se han hecho más bien boca a oído entre los aspirantes a ser rectores y los tomadores de decisiones al respecto, frecuentemente pisando los medios de comunicación masiva para dar testimonio de la fuerza de su respectiva candidatura. Como resultado, los programas de trabajo que se han difundido por parte de los aspirantes son mayormente precarios, llenos de lugares comunes y de obviedades, carentes de consulta participativa y de un proceso de conformación mínimo, toda vez que la convocatoria para el relevo no exige esfuerzos de planeación más formales. Paralelamente, ocupan los espacios de promoción personal en medios de comunicación y redes sociales, tanto de parte de los aspirantes como de los funcionarios universitarios salientes, no escatimando en invertir recursos para pautar la publicidad, ya sea a favor suyo o para denostar a los posibles competidores. Es un hecho que, el proceso de selección de la persona que ocupará el rectorado de la UMSNH requiere una reforma pronta, ya es insostenible su anacronismo, su opacidad y la serie de sospechas que recaen sobre los actores involucrados en la toma de decisiones, quienes abiertamente ya manifiestan tener un candidato favorito, hacen campaña para su elegido y no les importa en absoluto incurrir en conflictos de intereses, ya sea por afinidad, por parentesco, por tener negocios o intereses en común. Entre la publicidad de los aspirantes encontramos reacciones de actores políticos nacionales y estatales, exgobernadores, exrectores y personajes con amplia trayectoria política, quienes, a pesar de ello, no cuidan las formas y se decantan en apoyos y respaldos para sus posibles ahijados políticos. Gracias a ello, prácticamente todo el sector educativo está en campaña al respecto. Con esa situación que se vive actualmente por la búsqueda de espacios de poder, de privilegio y de influencia, cargada de una visión anacrónica del liderazgo, que omite el servicio, el fomento de la colaboración y la capacidad de ejemplarizar es que nos encontramos hoy en el sistema educativo estatal, con amenazas francas de que, una vez más prevalezca el interés personal sobre la construcción de una mejor realidad para los actores clave del sistema educativo estatal. Hay indicadores de que debe darse un golpe de timón rápido, suave y firme, antes de que la situación se salga de control, como en sexenios anteriores. Por ejemplo, se aprobó el presupuesto de egresos del estado de Michoacán para 2023, prácticamente sin cambios en materia educativa. Los diputados locales respetaron más del 99 por ciento del proyecto original que envió el poder ejecutivo estatal. Las dudas respecto a cómo se podrán cubrir las ingentes necesidades en materia educativa son amplia, pero, también, es un hecho que la austeridad, el combate a la corrupción y el incremento presupuestal para los rubros y personas que más necesitan los recursos aún no han terminado de aterrizar. Continúan acumulándose evidencias respecto al abultamiento de la nómina educativa realizado durante los últimos años, abuso que contrasta inmensamente con la necesidad de que se asignen trabajadores de la educación a las comunidades escolares, para poder ampliar la cobertura y la atención que merecen las niñas, niños y jóvenes. Es también un hecho que, el presupuesto de egresos estatal necesitará ajustes para cubrir los vacíos que dejaron la pandemia, la crisis económica y socioemocional, así como el abandono escolar, que afecta a más de 83 mil estudiantes a quienes ya no se les garantizaron condiciones para ejercer su derecho a aprender. Paralelamente, esperemos que, con buena administración se evite caer en déficit presupuestal, teniéndose que recurrir una vez más al endeudamiento o a suplicar aportaciones federales extraordinarias para poder subsanar la situación. Justo ese es el riesgo de un presupuesto que reconozca todas las erogaciones en materia educativa. Por otra parte, MEJOREDU presentó un estudio denominado “La USAER en voz de sus docentes, evaluación diagnóstica del proceso de atención en escuelas primarias”, el cual exhibe que, en el ciclo escolar 2019-2020, de un total de 3 mil 986 escuelas primarias regulares contabilizadas en Michoacán, solamente 224, es decir, el 5.6 por ciento contaban con USAER. Ese lamentable porcentaje solamente se encuentra por encima del de Oaxaca, que tiene apenas un 4 por ciento. El contraste es aún más infamante cuando el estudio visibiliza que, de las 3 mil 986 escuelas, 1 mil 081 cuentan con al menos un estudiante ya identificado con discapacidad, dificultades severas (aprendizaje, comunicación, conducta), trastornos y también aptitudes sobresalientes. Por ello, esas 224 primarias con USAER representan, en el mejor de los casos, apenas un 20.7 por ciento de cobertura en la materia, siendo ahora el último lugar nacional, porque incluso con su escaso porcentaje, Oaxaca logra alcanzar un 26.7 por ciento de cobertura. Lo verdaderamente indignante viene a continuación, cuando se exhibe el total de personal adscrito a las USAER por cada entidad federativa. En Michoacán, se adicionan 102 primarias privadas, con lo cual se alcanzan 326 planteles con cobertura de USAER. Lo que resulta inaudito es que, Michoacán es el segundo lugar nacional con más maestros de apoyo en la materia, con 1.81 docentes por unidad, apenas por debajo de Baja California, con 1.84. En contraste, entidades con desarrollo educativo mucho más alto como Aguascalientes, Yucatán y Puebla no superan 1 maestro de apoyo por plantel. Así, justo como cuando se revisa la nómina educativa en Michoacán y se encuentran casi el doble de personas cobrando como trabajadores de la educación, respecto a los que se hallan en las aulas, así también se observa la cobertura michoacana en USAER como la más escasa del país, pero incongruentemente, se posee la segunda nómina más tumultuosa de la nación. Una vez más nos encontramos ante zánganos parapetados entre abejas; es decir, maestros haciendo esfuerzos heroicos por atender a los estudiantes con discapacidad, dificultades severas (aprendizaje, comunicación, conducta), trastornos y también aptitudes sobresalientes, a la vez sirviendo de escudo humano a aviadores y comisionados. El estudio amerita una respuesta contundente del gobierno de Michoacán y una auditoría desde la federación por lo que exhibe MEJOREDU. Por otra parte, también MEJOREDU presentó el compendio de indicadores educativos, donde una vez más, en materia de cobertura educativa, nuestra entidad federativa sigue ubicada en los últimos lugares en la materia, al tener 68.1 por ciento de cobertura en educación preescolar, 92.7 por ciento en primaria, 73.8 por ciento en secundaria y apenas 50.2 por ciento en bachillerato, doce puntos por debajo de la media nacional y ubicados en el último lugar absoluto. Preocupantemente se menciona que, el 10.7 por ciento de quienes cursan educación media superior en Michoacán se encuentra en situación de extra-edad grave, mientras que en primaria y secundaria apenas alcanza el 1.6 y el 1.7 por ciento respectivamente el fenómeno citado. En cuanto a abandono escolar, llamado por MEJOREDU “desafiliación escolar” en primaria y secundaria, Michoacán registró las tasas más altas, con 2.2 y 5.6%, respectivamente; en contraste, el resto de las entidades obtuvo tasas inferiores a 1.5% en primaria y sólo Durango superó 5% en secundaria con 5.1%. En educación secundaria, fue Michoacán la entidad con el resultado más bajo en materia de eficiencia terminal, con 78.3% por ciento, mientras que, en el resto de las entidades, la eficiencia fue mayor a 80.0 por ciento y en 10 de ellas superó 90.0 por ciento. En educación media-superior empeora aún más el indicador, al alcanzar apenas el 61.8 por ciento. En lo que toca al rubro docente, Michoacán es el cuarto estado donde más profesores son sobrecargados, ya que también tienen responsabilidades directivas a la vez, con el 11 por ciento del total. Entonces, con esos indicadores de cobertura, de abandono, de abuso en la nómina educativa y las peculiaridades del presupuesto para 2023 deberían de tomarse decisiones que rebasen las ambiciones de personajes y grupos enquistados en el sistema educativo. De no hacerse así, mientras continúe la política prevaleciendo sobre los intereses superiores de la niñez y de la juventud en Michoacán difícilmente podremos atestiguar el anhelado cambio social. Es momento de que el deber ser se imponga al pragmatismo de los actores políticos, quienes buscan seguir haciendo del sistema educativo estatal un campo fértil para alimentar sus proyectos político-territoriales, haciendo girar los recursos en torno suyo en lugar de destinarlos a hacer valer los derechos a estar, a participar, a aprender y a convivir en las escuelas michoacanas, de más de un millón trescientos mil niñas, niños y jóvenes; por todos ellos vale la pena poner orden en el sistema educativo estatal y cristalizar la anhelada transformación humanista en la materia. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles * Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional. Director general de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
