Horacio Erik Avilés Martínez* Sin duda, existen una gran cantidad de asuntos pendientes que debe de solucionar la autoridad educativa en aras de que el sistema educativo michoacano funcione mucho mejor de cara al arranque del Ciclo Escolar 2024-2025, lo cual sucederá formalmente el próximo lunes 26 del presente mes. Hay una gran cantidad de áreas de oportunidad, de las cuales mencionaré algunas de las más estridentes que sucedieron todas en la última semana. Veamos: Primeramente, el lunes pasado se nos brindó respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que administra el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) respecto a la solicitud de información que realizamos desde el Capítulo Michoacán de Mexicanos Primero a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Mejora Continua para la Educación (MEJOREDU) respecto a los resultados de la evaluación diagnóstica de educación primaria y secundaria, realizados para el arranque del ciclo escolar 2023-2024. No olvidemos que, MEJOREDU desarrolló ―en coordinación con la Secretaría de Educación Pública― las Evaluaciones Diagnósticas de los Aprendizajes de las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica, que se aplicaron al inicio del ciclo escolar 2023-2024. Las mencionadas evaluaciones tuvieron como objetivo ofrecer herramientas a las y los docentes para conocer los puntos de partida de los aprendizajes de sus estudiantes en Lectura, Matemáticas, y Formación Cívica y Ética. De esta manera se buscó resignificar la evaluación como un proceso de acompañamiento y reflexión que forma parte del proceso de aprendizaje, así como apoyar acciones para su fortalecimiento. Los instrumentos para la evaluación diagnóstica de las comunidades escolares comprendieron de 2º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria, en las tres áreas señaladas. También se desarrollaron reactivos abiertos y rúbricas a partir de 3º de primaria. Estos instrumentos fueron los mismos que fueron aplicados en el ciclo escolar 2022-2023. Es importante mencionar que, de acuerdo con MEJOREDU, la evaluación diagnóstica tiene un enfoque formativo.Lamentablemente, nos enteramos mediante la base de datos de respuestas de que, Michoacán de Ocampo no cumplió con las condiciones necesarias para poder contar con un diagnóstico muestral válido y representativo estadísticamente hablando respecto al estado que guarda el aprendizaje en nuestra entidad, al no alcanzarse el tamaño de muestra necesario para tales efectos. Por esta razón, nuestra entidad federativa perdió por enésima ocasión la oportunidad de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en nuestra entidad federativa. Sin evaluación diagnóstica permaneceremos en la opacidad respecto al aprendizaje, el principal factor que determina un antes y un después en los estudiantes y hace la diferencia a su vez entre los diferentes planteles educativos, mientras que posibilita la movilidad social y desarrollo integral de los estudiantes que obtienen este beneficio. Ante esta situación es un gran momento para que la autoridad educativa estatal, en el ejercicio de sus facultades desarrolle las acciones necesarias para que se geste una evaluación diagnóstica local para conocer por fin durante este sexenio el nivel de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes michoacanos. Así también, la autoridad educativa federal, inaceptablemente ha declarado, mediante una respuesta a una solicitud de acceso a la información también realizada a través de la PNT que no sabe qué sucederá con la prueba PISA 2025. Resulta completamente inverosímil que la Secretaría de Educación Pública no cuente con información respecto al proceso de aplicación de la Prueba PISA 2025, toda vez que empata plenamente con sus facultades y atribuciones de ley. Es más, históricamente es esta dependencia la que debe coordinar las aplicaciones de la Prueba PISA en nuestro país, razón por la cual debe de dar un informe detallado del estado que guarda el proceso de aplicación. Es penoso que se responda tratando de confundir a la ciudadanía, toda vez que en este país el derecho a la información está elevado a rango constitucional, por lo que evadir las responsabilidades inherentes y además desviar la atención desde un sujeto obligado hacia una institución inexistente exhibe claramente la vocación informativa y de servicio que posee el redactor de la respuesta, desde la Unidad de Transparencia de la SEP. Evidentemente, este tipo de respuestas que lindan en la burla hacia los solicitantes conllevan el empleo inmediato de un recurso de revisión por parte del ciudadano que realizó la solicitud de acceso a la información. Desde la titularidad de las dependencias debe impedirse este tipo de actitudes en las respuestas a los ciudadanos solicitantes, porque socavan la reputación de las instituciones públicas y de los funcionarios. Más aún, respecto al caso específico de la aplicación de la prueba piloto rumbo a la realización de la Prueba PISA 2025, por ser un asunto de interés público, hagamos un llamado respetuoso a la autoridad para que esclarezca fehacientemente el estado que guarda el proceso en nuestra nación. Específicamente, si se realizó la prueba piloto o no y las razones por las cuales se aplicó o no, en caso de haberse llegado ya el plazo. En caso de que se encuentre programada la elaboración de la prueba piloto para próximas fechas, que se detalle en cuáles planteles y bajo cuáles condiciones se aplicará. Así, esto también implica transparentar la logística rumbo a la aplicación de la Prueba PISA 2025. En caso de que se continúe en la opacidad al respecto se afectará a toda una generación de estudiantes, de quienes no sabremos si los aprendizajes que adquieren en las escuelas les permiten desarrollar competencias para resolver problemas de la vida cotidiana. Y, en Michoacán, ¿por qué no se puede pensar en la aplicación de una sobre muestra estatal para conocer también el nivel de competencias para la vida que poseen los estudiantes de 15 años de nuestra entidad federativa en el próximo ciclo escolar? Sin duda, sería dinero bien invertido que permitiría comparar a nivel internacional los resultados tanto en materia de resolución de problemas como de la invaluable información que contiene el cuestionario de contexto. Una situación adicional que deben de resolver las autoridades es la serie de reacomodos discrecionales de personal que se está haciendo en subsistemas de Educación Media-Superior como ha sido nuevamente el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), donde en virtud de los recientes relevos institucionales que se han hecho en su interior, se sabe que han estado relegándose en el proceso de recontrataciones a los trabajadores de la educación que tenían antigüedad de más de una década para abrirles paso a perfiles eminentemente políticos, así como para reacomodar personal que laboraba en otras dependencias, partidos políticos u organismos autónomos en lugar de coordinadores y directivos de planteles muy marginados. Lo anterior, sin mediar revisión de perfil, experiencia profesional, trayectoria académica ni resultados laborales. Esto se aúna a la negra tradición histórica de contarse con personal que no devenga el salario que recibe, sin que haya evidencias de que actualmente existe un control integral de los recursos humanos de la institución. La problemática amenaza con escalarse, toda vez que los trabajadores cuentan con derechos laborales adquiridos, por lo cual se está a tiempo de rectificar la situación, de no pisotear los derechos de nadie, de no colocar improvisados en la educación estatal, así como de asegurarse de que sean los mejores profesionistas quienes ejerzan como trabajadores de la educación en este importante subsistema educativo. No es gratuito que en el CECyTEM se hayan acumulado históricamente ya más de un millar de demandas laborales en contra de la parte patronal como consecuencia de abusos de poder en los cuales han incurrido integrantes del funcionariado de la mencionada dependencia. Lamentablemente, ya hay antecedentes de funcionarios que se han dedicado a monetizar y politizar al Colegio, ya que se le ha pedido cuota al personal directivo para sostenerse en sus respectivos cargos, así como se les ha obligado a los trabajadores a realizar labores político-electorales. Paralelamente, se han gestado negocios cupulares desde los uniformes escolares, las cafeterías y las máquinas despachadoras de golosinas, los cuales deberían de esclarecer con total transparencia los responsables respectivos. Ni qué decir del maridaje que, en ciertas administraciones se ha constituido entre autoridades y grupos gremiales, lo cual ha recorrido el espectro que abarca desde la firma de minutas hasta la entrega de recursos bajo porcentajes acordados, que han sumido en graves déficits financieros a este organismo público descentralizado, lo cual hemos observado en década y media de seguimiento ciudadano y que, lamentablemente, puede repetirse en caso de no generar mecanismos de reordenamiento administrativo, de control de asistencia del personal y de justicia laboral con pleno respeto a los trabajadores de la educación que sí brindan resultados. Es momento de que la superioridad llame al orden y les recuerde a los funcionarios que, justamente, en Educación Media-Superior se pierde la cobertura universal que prácticamente se tiene en educación secundaria, así como en donde existen tasas impresentables de abandono escolar, de eficiencia terminal y de absorción, por lo que las banalidades e ilegalidades afectan contundentemente los derechos educativos y las oportunidades de miles de jóvenes en la entidad. Aunado a lo anterior, hay muchos temas que requieren ser atendidos para que se inicie mejor el próximo ciclo escolar, como la situación de los resultados del proceso de ingreso al servicio profesional docente, realizado por la USICAMM, donde a nivel nacional hubo una gran cantidad de inconformidades respecto a los resultados, a la convocatoria, al número de plazas ofertadas, a las listas de prelación finales y a la serie de encargaturas que se entregan dejando pasar el plazo para girar los nombramientos respectivos a quienes se ganaron el ingreso al magisterio. También, continúa pendiente la resolución plena de la federalización de la nómina educativa, por ejemplo. Así también, desde lo comunitario, persisten las quejas en redes sociales respecto a los constantes intentos de condicionar los servicios educativos para los menores de edad en las escuelas públicas a cambio de pagar cuotas escolares o de incluso hacer faenas para reparar las escuelas, sin que las autoridades resuelvan de fondo la situación dotando del personal necesario, consumibles, material y mantenimiento a las edificaciones educativas. En suma, tenemos mucho por avanzar aún para mejorar el sistema educativo estatal. Está encima la cuenta regresiva para el arranque del Ciclo Escolar 2024-2025, esperemos que todos estos asuntos que están en vilo se resuelvan favorablemente por el bien de las niñas, niños, jóvenes, sus maestros y sus familias. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
