Horacio Erik Avilés Martínez Este regreso a clases en general se alcanzó el objetivo de poner en marcha nuevamente al sistema educativo estatal, logrando retornar a prácticamente la totalidad del más de millón 280 mil de estudiantes, así como a sus maestros, personal de asistencia y apoyo, directivos y funcionarios. Como ya es costumbre, con el inicio de año, desde la Secretaría de Educación en el Estado se hicieron varios anuncios administrativos, correspondientes a cuestiones de personal, así como de diversos apoyos socioeducativos para los planteles. Al respecto, la actual administración educativa estatal, si bien está recién renovada con la serie de relevos institucionales que a la fecha continúan realizándose, paralelamente debe de redoblar esfuerzos para lograr incorporar victorias tempranas antes de que arrecien los conflictos en los diferentes ámbitos de su respectiva competencia. La situación no es menor, toda vez que es menester salir del rezago y de la transgresión de los derechos de la niñez y de la juventud en la entidad. Una alta prioridad que sigue pendiente de concretarse es la plena operatividad de la jornada ampliada y de la alimentación escolar, componentes cardinales de lo que fue el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual fue extinguido durante la administración actual, en 2020. Si bien, aunque el programa era ambicioso, en la realidad nunca estuvo completo, jamás fue universal y tenía muchas áreas de oportunidad, pero garantizaba derechos y los expandía, lo cual constituía un activo invaluable para la niñez que llegó a beneficiarse de él. Por ello, resultó lamentable que la actual administración decidiera inopinadamente barrer con PETC, en lugar de someterlo a revisión y mejora continua, constituyendo con ello un atropello, que en Michoacán involucró hasta a 886 escuelas, con más de 75 mil estudiantes y 3 mil trabajadores, quienes sufrieron las consecuencias del arrebato autoritario. A la fecha, el programa opera parcialmente gracias a la buena voluntad del Gobierno de Michoacán y al Sistema DIF, tanto estatal como municipal, a la vez que continúa contando con la estructura estatal desde el año pasado. Para este ejercicio se programó presupuesto federal y estatal para tales efectos. Pero, también es cierto que no se ha logrado restituir a plenitud el catálogo de servicios que se brindaban a los estudiantes. En muchos de esos cientos de planteles, se les restringió o se les negaron los componentes educativos respectivos, apareciendo o incrementándose las cuotas voluntarias que deberían de erogar los padres de familia o tutores. En realidad, no se ha hecho una revisión sistemática y exhaustiva de la operatividad de los planteles mencionados de cara a la ciudadanía estatal, por lo que los testimonios que brindan las comunidades escolares en redes sociales y medios de comunicación no han recibido seguimiento pleno ni solución total. El sucedáneo a PETC, que se conformó para tales efectos, el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), no por voluntad gubernamental, sino por mandato judicial, a la fecha no ha alcanzado la operatividad deseada, sino que se ha convertido en un campo minado: al carecer de un sistema estructurado de gobernanza con reglas claras y transparentes para promover la participación social en la educación y la rendición de cuentas de las autoridades y padres de familia ha generado conatos de violencia, actos probados de corrupción y disputas por el exiguo presupuesto que deben disputarse padres de familia y maestros en aras de destinar montos para pagar salarios de docentes, dotar de alimentación a los estudiantes o construir y brindar mantenimiento a la infraestructura física educativa, lo cual en la práctica constituye una burda treta, de la cual se están dando cuenta los involucrados, al padecer las consecuencias de la división y confrontación que implica recibir un apoyo que simplemente no alcanza para resolver las necesidades de los estudiantes. Más específicamente, las reglas de operación para el programa LEEN, que fueron aprobadas para 2023 violan abiertamente los derechos de niñas y niños, intentando engañar con ellas, a las comunidades escolares, a los integrantes de las Cámaras de Diputados, tanto federal como estatal, así como al Poder Judicial. Mientras que, en Michoacán, ya hubo pronunciamientos de integrantes del Congreso Estatal, de extracción oposicionista, sorprendentemente aplaudiendo el etiquetado del presupuesto federal para LEEN, a favor de los componentes de PETC que existen en él; pero, en realidad solamente con ello mostraron desconocimiento de la realidad que impera en las escuelas de este tipo, ya que la ecuación presentada en las reglas de operación es absurda, imposible de operarse y constituye una burla ante las necesidades ingentes de la niñez y juventud michoacanas. Veamos. El garlito reside en que, a pesar de la sentencia emitida por una jueza federal, quien ordenó expresamente salvaguardar las escuelas de tiempo completo, tanto las reglas de operación de LEEN para 2023 como los recursos que se otorgan al servicio de horario extendido imposibilitan desde ahora que se asegure el componente citado. Partiendo de una interpretación ilegal de lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 es que se articuló el engaño, toda vez que se establece en sus Reglas de Operación que, del total de los recursos que reciben las escuelas por parte del programa, las comunidades escolares solamente tienen permitido utilizar el veintiuno por ciento de los recursos recibidos para solventar las necesidades propias del horario extendido, mientras que, para la infraestructura y el servicio de alimentación, se permite el uso de hasta el cien por ciento. Esta limitación vuelve inoperante al componente de horario extendido en la mayoría de las escuelas, ya que el monto otorgado será claramente insuficiente. Además, es contraria a lo establecido por el Artículo Décimo Tercero Transitorio del PEF para 2023, el cual establece que al componente de horario extendido le corresponde hasta un veintiuno por ciento del presupuesto total destinado a LEEN, no del monto que recibe cada escuela. LEEN es el programa insignia en materia socioeducativa de la actual administración pública federal, por lo cual constantemente aparece en los discursos del titular del poder ejecutivo federal, a la vez que es el programa que más recursos recibe. En 2023 recibirá más de 27 mil millones de pesos, cifra que casi duplica el monto ejercido durante 2022. Incongruentemente, a pesar del monto, los componentes de alimentación escolar y jornada ampliada quedan al margen del garantismo que debería de conllevar un etiquetado responsable y una dotación suficiente para cubrir tan básicas necesidades. A pesar de los esfuerzos que ha emprendido Aprender Primero, organización de la sociedad civil que constituye el brazo fraterno jurídico en pro de salvaguardar los derechos de la niñez y la juventud, la autoridad educativa federal se ha empecinado en sostener su postura. Ello, ha llevado a que las constantes impugnaciones de los actos de autoridad que ha emprendido Aprender Primero le hayan brindado una larga serie de victorias jurídicas consecutivas, consistentes en suspensiones y sentencias de amparo, constituyendo una confirmación de la postura de Mexicanos Primero: desmantelar la jornada ampliada y la alimentación escolar es un acto violatorio de los derechos de la niñez y juventud. Ahora bien, con las Reglas de Operación para 2023 emitidas por la SEP, en el contexto jurídico dado, no queda duda alguna de que la dependencia busca una vez más engañar a la sociedad mexicana, a quienes aprueban y fiscalizan el presupuesto y a quienes han mandatado se garanticen los derechos de niñas, niños y jóvenes. Es un hecho que debe detenerse el enfoque rentista de LEEN, programa empleado como mera ventanilla de transferencias de dinero líquido a las comunidades escolares, con finalidades dudosas; para ahora sí, convertirse en la política pública garante de derechos que siempre debió ser, pero que, inaceptablemente, en manos de intereses aviesos ha pervertido su razón de ser. Ahora, con esta larga cadena de victorias obtenidas en tribunales por una organización de la sociedad civil, haciendo uso de su interés legítimo, sería lógico esperar un cambio de actitud por parte de la autoridad educativa federal, para por fin avocarse a reconstruir y a mejorar el programa. Están a tiempo de dar resultados y de dejar las escuelas de tiempo completo un poco mejor que cuando las recibieron como administración federal. Asimismo, en el contexto michoacano, que las y los diputados locales se involucren más en el ejercicio de LEEN y su fiscalización abonará a que se garanticen los resultados del programa, toda vez que ellos, como representantes populares, también son corresponsables de la plena operatividad y del logro de las finalidades que originalmente debió tener. Incluso, en el marco del arranque escolar de este 2023, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán emitió un comunicado exhortando a los servidores públicos del sector educativo a garantizar los derechos de la niñez y de la juventud en la entidad, especialmente los que se ejercen en la escuela, como el derecho a estar, a aprender, a participar y a convivir, en espacios libres de discriminación y de violencia, llamando al respeto a la expresión diversa del libre desarrollo de la personalidad. Más claro no puede ser el contexto para los funcionarios educativos respecto a su papel de garantes y corresponsables. Callar y omitir los hará cómplices. Lamentablemente, en este 2023, cuando despertamos, nos encontrábamos en un tribunal litigando el derecho a la alimentación escolar y a la jornada ampliada para las niñas, niños y jóvenes que asisten a las escuelas de México. El dinosaurio opresor todavía sigue aquí. Es momento de desterrarlo del sistema educativo estatal y de garantizar los derechos a la jornada ampliada y a la alimentación escolar que ya eran una realidad para más de 75 mil estudiantes. Por supuesto, bajo el principio de progresividad, sería ideal que se avanzara rumbo a hacer valer tales garantías para casi un millón de estudiantes de educación básica susceptibles de recibir tan invaluable apoyo. ¡Exijamos jornada ampliada y alimentación escolar para las niñas, niños y jóvenes en Michoacán de Ocampo! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
