Horacio Erik Avilés Martínez La concepción de la escuela como espacio clave donde los derechos se viven y se expanden ha cobrado fuerza con el paso del tiempo, con la sistematización de experiencias y las circunstancias que han puesto a prueba la sostenibilidad de la especie humana. Particularmente, la situación de la pandemia reposicionó la consabida centralidad e indispensabilidad de la escuela pública, de la trascendencia de la presencialidad escolar y de la enorme importancia de los apoyos socioeducativos para garantizar los derechos de la niñez y juventud en las comunidades de aprendizaje. Muchos esfuerzos se han hecho para el retorno a clases, por parte de autoridades, maestros, padres de familia, estudiantes y sociedad en general. Gracias a ello se ha logrado la reapertura escolar y hay esperanzas fundadas de estar en condiciones de resarcir las consecuencias que el confinamiento dejó en términos de situación socioemocional, aprendizaje y condiciones socioeconómicas entre los estudiantes, maestros y sus familias. En contrapunto, hay francas áreas de oportunidad por resolver en materia educativa. Persiste el rezago en infraestructura, en equipamiento, en conectividad, en la actualización plena de los planes y programas de estudio, así como sus respectivos materiales didácticos, en la instrumentación de la reforma educativa para que los beneficios lleguen a cada escuela del país, terminar de definir la postura ante el conocimiento, la ciencia, la investigación, la transferencia de tecnología, los talentos académicos y la cultura de la evaluación, entre muchas más tareas pendientes. Además de lo anterior persiste un asunto, el cual justamente requería de intervención, saneamiento y mayor presupuestación, pero que no merecía ser mutilado, desaparecido ni mantenido posteriormente en un estado de latencia mínima. Me refiero al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el cual recibió la administración pública federal vigente, contando con fortalezas y resultados probados, contrastantes con sus falencias y debilidades a subsanarse. Después de una larga serie de desaciertos, encuentros y desencuentros, declaraciones, estudios, reportes de investigaciones, posicionamientos, desplegados y una lucha ante los tribunales es momento que las escuelas que participaban en PETC aún no tienen garantizados dos de sus componentes más benéficos: la jornada escolar ampliada y la alimentación para la comunidad escolar. El paso más reciente fue la reciente republicación de los lineamientos del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), para resarcir los vacíos que dejó la primera intentona de emisión, la cual le valió al gobierno federal resoluciones del poder judicial que los obligan a resarcir los componentes omitidos., ante la serie de acciones jurídicas emprendidas por Aprender Primero, organización de la sociedad civil que constituye el brazo jurídico de Mexicanos Primero. Empero, las medidas enunciadas en el documento mencionado siguen sin recomponer la situación, no han terminado de garantizar los derechos de las niñas, niños, jóvenes, maestros ni sus familias. Es triste, pero sigue siendo el camino jurídico la ruta principal para retornar los derechos a plenitud a las niñas, niños y sus familias. No debería de haber necesidad de dar semejantes pasos. Menos contra el gobierno que está mandatado y contratado para cumplir y hacer cumplir la ley, la cual regula la vivencia de los derechos humanos de los mexicanos. Preocupa darse cuenta que la actitud del poder ejecutivo lleva a continuar en un clima de confrontación y de desacato ante la ley, en lugar de arremangarse y resolver rápidamente las omisiones, vacíos y equivocaciones vertidos en los lineamientos publicados. Penosamente, la debacle del Programa de Escuelas de Tiempo Completo sufrida durante la actual administración pública federal constituirá un estudio de caso entre los estudiantes de gestión pública, por ejemplificar la transgresión a la teoría, a las referencias y evidencias existentes en la materia. Por el contrario, los nuevos lineamientos se publicaron después de un periodo de silencio gubernamental en donde el manejo del tiempo y la retórica ante las objeciones parecían ser la constante. Lamentablemente, se aplican esporádicamente metodologías probadas para la gestión integral de las políticas públicas. Se toman decisiones en el escritorio, las cuales a la postre se convierten en meros actos de autoridad, carentes de la fundamentación y motivación jurídicas, de la consulta al sistema de actores clave intervinientes, del pilotaje de los modelos de política diseñados, del acompañamiento ciudadano en la ejecución de las acciones, ni en la evaluación y seguimiento. Menos aún, se visualizan medidas que conformen auténticos consejos de participación social en la educación, no existen las redes de políticas públicas ni la consulta a los expertos. Entonces, las decisiones que se toman suelen ser unilaterales, erráticas, desarticuladas, ilegítimas, ineficaces e ineficientes. Pero no podemos continuar en esta profecía autocumplida esperando el eterno retorno. Se requiere transformar la forma de formular política pública en la nación y asegurar procesos transparentes, robustos y participativos para tales efectos. La casuística demuestra que no basta ser experto en los contenidos disciplinares inherentes a un cargo público determinado, ni tampoco ser un gestor político proveniente de las redes de poder, experto en juegos cortesanos o un luchador social emanado de la movilización de bases, no basta poseer un estilo de liderazgo, carisma ni mucho menos la venia de un padrino con poder para ser capaces de sortear las vicisitudes en la administración pública. La experticia en políticas públicas es cada vez más indispensable para poder ejercer de la mejor manera posible la función pública. En esta ocasión parece ser que una combinación de los factores mencionados está cobrando factura a través de los ejecutores de las decisiones politizadas, irreflexivas y adultocéntricas respecto a la alimentación escolar y a la jornada ampliada en las escuelas públicas mexicanas, sino que los costos se socializan, justo entre los grupos más vulnerados y marginados. De los lineamientos de LEEN republicados, en lo que respecta a la autoconstrucción de infraestructura escolar preocupa el hecho de que confrontan a padres de familia con maestros, sometiéndolos a falsos dilemas y a francas disputas por recursos. Bajo un enfoque más crítico podemos observar que, en este caso, el precarismo y la perversidad son conniventes al colocar a una comunidad escolar en la penosa necesidad de escoger entre pagarles a los maestros y darles de comer a sus hijos. Ello puede constituir una fuente de conflictos gratuita, al obligarlos a disputarse un presupuesto exiguo de origen y con reglas ambiguas. También, consterna el hecho de que el esquema de pago a los maestros no impacta a su salario base ni a sus jubilaciones, ni a otras prestaciones. Es decir, a largo plazo diluye las condiciones laborales y debilita su plan de previsión laboral, a pesar de que se reciban algunos miles de pesos adicionales. Aunado a lo anterior, es de notarse que la autoconstrucción de obra pública escolar por parte de los padres de familia no les va a generar antigüedad, ni brinda trabajos estables, ni nada por el estilo. Por ende, precariza a los constructores respecto a las condiciones laborales que puede brindar una empresa constructora debidamente establecidas. En contrapunto, las garantías brindadas a los trabajadores de la construcción, si bien son apenas las legales, suelen ser mucho más arropadoras que las que pudiese brindar un programa como LEEN, a menos que los paterfamilias decidan contratar a una empresa de esta índole. En caso de que sean los padres de familia quienes participen en faenas de construcción o mantenimiento escolar, es de hacerse notar que no se contemplan erogaciones para cubrir los daños ocasionados por posibles accidentes ocurridos durante la labor. Destaca el hecho de que, se seguirá recibiendo bajo el concepto de subsidio el presupuesto destinado a LEEN, lo cual implica una posible volatilidad en la continuidad de la recepción del apoyo. Es decir, obtener un monto determinado para el programa citado durante un año no garantiza que en las subsecuentes anualidades se vuelva a recibir más recursos. Adicionalmente, la vulnerabilidad que genera esta incertidumbre termina siempre haciendo mayor eco entre los grupos ya vulnerados. Las personas con discapacidad y las mujeres, al igual que la niñez terminarán sufriendo mayores consecuencias de las decisiones tomadas en los nuevos lineamientos de LEEN, por coartarles los pocos caminos para alcanzar aprendizajes, trayectorias completas y movilidad social a partir de la escuela pública. Partamos del hecho de que el monto de entre 100 y 500 mil pesos no alcanza a cubrir las necesidades de construcción, mantenimiento preventivo y correctivo, equipamiento, dotación de consumibles, alimentación ni de pago al personal de un solo plantel. De acuerdo con el catálogo, apenas alcanzaría el tope máximo, en el mejor de los casos, para construir y equipar un aula. Así podríamos continuar revisando todas las debilidades de los nuevos lineamientos y visibilizar las necesidades irresueltas para que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero definitivamente se requiere primeramente voluntad política para impedir que el tiempo siga pasando, acumulando incertidumbre e indignación entre la sociedad, así como la multiplicación del ciclo transgeneracional de la pobreza. La escuela garantista no debe ser un ideal inalcanzable, ni una entelequia más, sino una realidad para todos los estudiantes de la nación. Para hacer que la realidad cambie, la autoridad educativa debe recomponer sus pasos y redoblar su compromiso con los derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes, sus maestros y sus familias.Aún pueden rectificar sus pasos y con ello, mostrar todo su potencial de servicio. Más aún, con el ejemplo que pudiera brindar el gobierno federal mediante la recomposición de los lineamientos de LEEN, las autoridades educativas estatales podrán robustecer el programa y afinar las reglas de operación de las medidas que se han tomado en al menos 15 entidades federativas para ampliar los beneficios para los estudiantes y sus familias. Concebir a la escuela pública como centro neurálgico de las actividades de desarrollo comunitario de la poblaciónes un ideal que debe buscarse hasta lograrlo. Como decía Benito Juárez, “el que abandona la idea pierde”. Merecemos una escuela garantista. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
